Este proyecto de seguridad fronteriza genera profundas críticas locales y nacionales, y suspende leyes ambientales, entrelazándose con la narrativa de control migratorio y políticas de tierras federales.
Internacional
Demandan sindicatos de educadores al gobierno de Trump por políticas migratorias
La demanda se suma a una acción previa de un sindicato de trabajadores agrícolas, que impugnan la decisión del gobierno estadounidense de permitir operativos migratorios en escuelas e iglesias.
Foto: Internet
Sindicatos que representan a más de cuatro millones de educadores y empleados escolares, incluyendo la Asociación Nacional de Educación y la Federación Estadounidense de Maestros, han presentado una demanda contra el gobierno del presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump.
La acción legal cuestiona los arrestos de inmigrantes cerca de escuelas, argumentando que generan temor en estudiantes y maestros, afectando la asistencia escolar.
La demanda, presentada en un tribunal federal en Eugene, Oregon, se suma a una acción previa de un sindicato de trabajadores agrícolas y un grupo de iglesias, que impugnan la decisión del gobierno estadounidense de permitir operativos migratorios en escuelas e iglesias, lugares previamente considerados “sensibles” y protegidos, salvo en circunstancias excepcionales.
Un memorando de 2021 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) instruía evitar estos sitios, pero tras la toma de posesión de Trump, el DHS eliminó esta restricción, promoviendo el uso de “sentido común” por parte de los agentes.
La demanda cita casos como el arresto de un padre en el estacionamiento de una escuela preescolar en Oregon, que llevó a un cierre de emergencia, y el de un estudiante de 15 años en Los Ángeles, detenido por error. Estos incidentes, de acuerdo con el documento, han generado un aumento del 22 por ciento en ausencias escolares en algunos distritos, como el Valle Central de California, además de mayor ansiedad y menor participación estudiantil.
También se reporta una disminución en la asistencia a iglesias y en la inscripción a servicios educativos por miedo a compartir información personal.
Los demandantes argumentan que la política viola la Ley de Procedimiento Administrativo y los derechos de la Primera Enmienda, al limitar el acceso a la educación y a lugares de culto. Finalmente, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, señaló que los arrestos en escuelas o iglesias requieren aprobación de un supervisor y espera que sean casos excepcionales.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.