Cargando, por favor espere...

Internacional
Demandan sindicatos de educadores al gobierno de Trump por políticas migratorias
La demanda se suma a una acción previa de un sindicato de trabajadores agrícolas, que impugnan la decisión del gobierno estadounidense de permitir operativos migratorios en escuelas e iglesias.


Foto: Internet

Sindicatos que representan a más de cuatro millones de educadores y empleados escolares, incluyendo la Asociación Nacional de Educación y la Federación Estadounidense de Maestros, han presentado una demanda contra el gobierno del presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump. 

La acción legal cuestiona los arrestos de inmigrantes cerca de escuelas, argumentando que generan temor en estudiantes y maestros, afectando la asistencia escolar.

La demanda, presentada en un tribunal federal en Eugene, Oregon, se suma a una acción previa de un sindicato de trabajadores agrícolas y un grupo de iglesias, que impugnan la decisión del gobierno estadounidense de permitir operativos migratorios en escuelas e iglesias, lugares previamente considerados “sensibles” y protegidos, salvo en circunstancias excepcionales.

Un memorando de 2021 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) instruía evitar estos sitios, pero tras la toma de posesión de Trump, el DHS eliminó esta restricción, promoviendo el uso de “sentido común” por parte de los agentes.

La demanda cita casos como el arresto de un padre en el estacionamiento de una escuela preescolar en Oregon, que llevó a un cierre de emergencia, y el de un estudiante de 15 años en Los Ángeles, detenido por error. Estos incidentes, de acuerdo con el documento, han generado un aumento del 22 por ciento en ausencias escolares en algunos distritos, como el Valle Central de California, además de mayor ansiedad y menor participación estudiantil.

También se reporta una disminución en la asistencia a iglesias y en la inscripción a servicios educativos por miedo a compartir información personal.

Los demandantes argumentan que la política viola la Ley de Procedimiento Administrativo y los derechos de la Primera Enmienda, al limitar el acceso a la educación y a lugares de culto. Finalmente, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, señaló que los arrestos en escuelas o iglesias requieren aprobación de un supervisor y espera que sean casos excepcionales.


Escrito por Fernanda Trujano Chavarría

Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.


Notas relacionadas

El buque petrolero “Bertha” fue interceptado por fuerzas estadounidenses en aguas del océano Índico.

Estados Unidos impuso un arancel del 15 % contra todos los países del mundo.

Ambos países asiáticos destacan como los más favorecidos porque eran de los más castigados previamente.

La cancillería de Rusia sostuvo que las sanciones buscan frenar el desarrollo económico de Cuba y limitar su cooperación con otros Estados.

Se espera que en los próximos días exponga sus principales objetivos políticos, económicos y militares para el quinquenio siguiente.

El hombre de 72 años fue detenido en el barrio Camden y trasladado a dependencias policiales para ser interrogado, confirmaron medios británicos.

Cuba enfrenta un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde 1962.

El Ministerio de Exteriores de Egipto denunció que la decisión representa una “peligrosa escalada”.

El acceso a la salud es libre e igual para todos en Dinamarca, “lo mismo ocurre en Groenlandia”, aseguró Mette Frederiksen, primera ministra danesa.

La Casa Blanca anunció otras sanciones legales disponibles para los países.

El texto contempla la creación de una comisión especial de seguimiento encargada de velar por el cumplimiento y la ejecución efectiva de la ley.

El aire limpio debe convertirse en política pública estructural, no en reacción temporal: ONG

En las primeras horas de este jueves estalló la huelga general contra la reforma laboral que impulsa Milei.

José María Balcázar agradeció al Congreso por haberlo designado como jefe de Estado.

“…Nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”, afirma la familia de Virginia Giuffre; mientras el rey Carlos III sostuvo: “la ley debe seguir su curso” tras la detención.