Díaz Flores acusó al presidente de la CEDH, de desviar recursos públicos y manipular redes sociales para atacarla.
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Foto: Internet
El dictamen de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que las personas físicas deberán presentar su CURP y las personas morales su RFC para contratar o mantener servicios móviles. El Senado distribuyó el proyecto la noche del 26 de junio, con cambios respecto al aprobado en abril pasado.
La ley obliga a los concesionarios a colaborar con autoridades de seguridad y justicia. Deberán localizar equipos en tiempo real, entregar datos en un plazo máximo de 24 horas y conservar información durante dos años. También realizarán estudios sobre el uso del servicio en delitos.
Además, el documento prohíbe la propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros en radio, televisión y plataformas digitales, salvo con fines culturales, turísticos o deportivos.
El Estado podrá ofrecer internet gratuito en espacios públicos. Se crean dos nuevos organismos: la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con cinco comisionados designados por el presidente y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encargada de concesiones orbitales y procesos de requisa.
El dictamen contempla además el tendido subterráneo de cables, la digitalización de trámites y el acceso igualitario a servicios para mujeres, niñas y personas con discapacidad.
Díaz Flores acusó al presidente de la CEDH, de desviar recursos públicos y manipular redes sociales para atacarla.
El gobierno debe aumentar el presupuesto en educación: expertos.
Disciplina formativa, autocuidado e igualdad de género son sólo algunos de los temas en los que se enfocarán los docentes.
En cuanto al costo de preparación del pozole, la alianza estimó un gasto de dos mil pesos.
El exdiputado lleva más de 10 meses sin pisar la prisión, asegura la víctima.
El 78.7% de las agresiones se cometieron contra niñas y mujeres adolescentes.
La tasa nacional por cada 100 mil habitantes permaneció en 6.8.
De acuerdo con los asistentes, esta situación ha dejado aproximadamente mil 800 homicidios, mil 937 personas desaparecidas.
Vecinos han reportado síntomas como dolores de cabeza, vómito y diarrea, por los compuestos que se acumulan en su organismo y que presuntamente son producto de la fabricación de láminas.
El siniestro ocurrió el día de hoy, lunes 8 de septiembre, a la altura de la Zona Industrial de Atlacomulco.
El gobierno español condenó el desplazamiento de más de dos millones de personas.
Las entidades que concentran la mayor parte de esta población son: Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Guerrero y Quintana Roo.
La FGR, con apoyo de la UNAM, continúa analizando los restos, algunos de los cuales presentan evidencias de cremación.
Expertos en ciberseguridad recomiendan no contestar llamadas de números desconocidos o con lada internacional.
Entre las comunidades afectadas se encuentran Chocholá, Kopomá, Kinchil, Maxcanú, Santa Teresa, Paraíso, Santa María Chi y San Fernando, entre otras.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera