Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) celebraron la designación de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hecho histórico, por ser la primera mujer que presida el máximo órgano de justicia.
Confiaron en que el desempeño de la ministra Piña Hernández será acorde a tan importante cargo, pero, sobre todo, que estará a la altura de los retos y circunstancias que enfrenta México.
“El equilibrio de poderes es una condición indispensable para una plena vida democrática, y sólo es posible lograr dicho equilibrio con una actuación autónoma e imparcial”, sostuvieron.
Temas como la seguridad, militares, de derechos humanos, aquello que tiene que ver con lo político electoral deberán ser prioridad en la agenda de la ahora presidenta de la SCJN.
Entre otros, destacan las acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica de la Armada de México, del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, tres controversias constitucionales y un amparo en revisión.
“Necesitamos un sistema judicial eficiente, oportuno y confiable, que nos dé a cada mexicano la certeza de que se actúa con absoluta imparcialidad, libre de presiones y en total apego a la legalidad”.
Reiteraron que la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y demás ministros de la SCJN cuentan con los senadores de Acción Nacional para solucionar los problemas que más lastiman a las familias mexicanas.
Asimismo, se comprometieron en trabajar en favor de la preservación del Estado de Derecho, del respeto y protección de la Constitución mexicana.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Redacción