El gobernador de Puebla, el morenista Alejandro Armenta Mier, se ha mostrado intolerante contra las voces críticas.
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Es el segundo atentado contra la campaña de Rosendo Morales. Barbosa será el responsable por un crimen contra la vida de un antorchista.
Ocoyucan, Puebla. Alrededor de la 1:05 de la madrugada de este viernes 4 de junio, un comando armado disparó en 12 ocasiones contra la casa del candidato a presidente municipal de Ocoyucan, Rosendo Morales Sánchez, y en donde también vive el líder del Movimiento Antorchista y su coordinador de campaña, Aristóteles Campos Flores, ubicada en la cabecera municipal.
Este crimen es el segundo atentando contra el equipo de campaña de Rosendo Morales Sánchez. El primero ocurrió contra el líder antorchista Aristóteles Campos Flores la tarde del martes 25 de mayo, cuando fue baleada su camioneta.
El arma desde la que se disparó fue una calibre 9 mm. Los agresores realizaron tres rafagueos contra la vivienda del candidato y en total dispararon en 12 ocasiones, cuatro tiros quedaron incrustados en la pared del cuarto del candidato y uno traspasó la ventana del domicilio. No hubo heridos. Los agresores huyeron en un vehículo.
Campos Flores condenó estos hechos violentos, de intimidación, de agresión, contra su organización y contra la campaña de Rosendo Morales, y “exigió que la Fiscalía General del Estado investigue el crimen y que el gobierno detenga la violencia en este proceso electoral en Ocoyucan. En este municipio, en este proceso electoral, se han realizado tres atentados contra dos equipos de campaña, dos atentados fueron contra nosotros. Alto a los crímenes y que se haga justicia en serio”.
“Es urgente que el Gobierno del estado, encabezado por Miguel Barbosa Huerta, frene la violencia y los crímenes contra los candidatos del Movimiento Antochista. Esta balacera contra la casa del candidato y del líder de la organización en Ocoyucan es el sexto crimen contra los equipos de campaña de los candidatos antorchistas en este proceso electoral. El gobierno debe frenar la ola de violencia contra nosotros”, exigió el vocero del Movimiento Antorchista en Puebla, Aquiles Montaño Brito.
“Desde este momento, hacemos responsable por la vida de los candidatos, de los integrantes de los equipos de campaña y de cualquier antorchista al gobierno del estado de Puebla, que encabeza el señor Miguel Barbosa Huerta. Hemos insistido desde el lunes 5 de abril, cuando una candidata de Antorcha sufrió el robo violento de su camioneta, que haya paz y seguridad, pero no vemos acciones serias del gobierno para investigar los crímenes, para frenar la ola de violencia ni para darle la seguridad y protecciones necesarias a los candidatos”, afirmó el vocero antorchista.
El gobernador de Puebla, el morenista Alejandro Armenta Mier, se ha mostrado intolerante contra las voces críticas.
Además de los 19 casos registrados, el gobernador Alejandro Armenta ha sido señalado por impulsar reformas como la “Ley Censura”.
En Puebla, los límites entre gobierno y crimen organizado cada vez son menos claros.
Manifestantes advirtieron que continuarán realizando cierres intermitentes en otras vialidades estratégicas si no obtienen una respuesta favorable.
Campesinos expuestos al agua contaminada presentan lesiones cutáneas y niveles elevados de arsénico en la sangre.
Al parecer, en Puebla es más fácil planear un hogar a un gato que garantizar comida a un ciudadano.
Los habitantes de El Tepeyac, organizados con el Movimiento Antorchista, insistieron en que se respete el acuerdo y se descarte cualquier acción violenta.
El Festival Internacional “Las culturas del mundo” es parte de esta red de actividades que promueve el CIOFF.
El encuentro principal se realizará en el recién inaugurado Teatro “Aquiles Córdova Morán”, el cual tiene una capacidad para más de dos mil 500 personas.
Puebla lidera las cifras a nivel nacional, de 2015 a 2025 ha acumulado 113 víctimas fatales y mil 211 intentos.
El pasado 12 de junio, el Congreso del estado de Puebla, de mayoría morenista, aprobó la Ley de Ciberseguridad estatal, mejor conocida como “Ley Censura”, con 35 votos a favor, cinco en contra y una abstención.
La entidad atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de salud pública.
Las penas van de 11 meses a 8 años de prisión y multas superiores a 28 mil pesos.
Además, 21 uniformados se encuentran suspendidos temporalmente por diversas faltas o incumplimientos.
Los pacientes fueron atendidos en el piso, mientras que otros tuvieron que esperar más de cuatro horas para una revisión médica.
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Escrito por Redacción