El derecho a la protesta como un instrumento de lucha popular hoy es violentado y lo ignoran quienes gobiernan tanto el país como cada una de las entidades y presidencias municipales.
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Foto: Internet
El incumplimiento de pensiones alimenticias muestra un aumento en la Ciudad de México. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 se registraron nueve mil 595 demandas por alimentos, frente a las seis mil 375 del año anterior, lo que representa un incremento superior al 50 por ciento en un año.
Este crecimiento revela un problema estructural: la evasión recurrente de obligaciones por parte del progenitor no custodio y un sistema institucional que ofrece respuestas insuficientes.
La diputada local Juana María Juárez López presentó una iniciativa para reforzar la respuesta institucional ante esta problemática. En tribuna, explicó que la propuesta busca garantizar acceso rápido y efectivo a la justicia para niñas, niños y adolescentes afectados.
La iniciativa solicita que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ordene abrir carpetas de investigación sin requerir sentencia judicial previa en casos de incumplimiento alimentario, protegiendo así el interés superior de la niñez y evitando que las personas cuidadoras asuman solas la carga económica.
Inegi y el Poder Judicial de la Ciudad de México indican que tres de cada cinco niñas y niños no reciben pensión del progenitor sin guarda ni custodia. Miles de menores viven en situación de vulnerabilidad económica, con acceso limitado a educación, salud y bienestar. La responsabilidad recae mayoritariamente en mujeres, quienes asumen la custodia y la totalidad de gastos.
Especialistas en derechos humanos y organizaciones civiles destacan que este fenómeno refleja no sólo irresponsabilidad individual, sino omisión estructural del Estado, que carece de mecanismos eficaces para garantizar la exigibilidad de pensiones. El aumento de demandas exige que el sistema de justicia se ajuste a la realidad de las familias y las necesidades de la niñez, concluyeron.
El derecho a la protesta como un instrumento de lucha popular hoy es violentado y lo ignoran quienes gobiernan tanto el país como cada una de las entidades y presidencias municipales.
Organizaciones sociales y el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba marcharán este 26 de julio del Hemiciclo a Juárez a la antigua Embajada de Estados Unidos para conmemorar el inicio de la Revolución Cubana y demandar el levantamiento del bloqueo económico contra la isla.
La Ciudad de México registró 19 feminicidios entre enero y junio de 2026, un incremento de 11.7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Venustiano Carranza concentra el mayor número de casos, seguida de Iztacalco y Magdalena Contreras.
El Jardín Flotante, los bajopuentes de Tlalpan y la Línea 2 del Metro siguen inconclusos o bajo investigación.
Aunque 701 mil personas salieron de la pobreza entre 2022 y 2024, 54.7% de la población de la CDMX aún enfrenta carencias en ingresos, salud, educación, alimentación, servicios básicos o seguridad social.
Más de 600 unidades exigen regularización, Seguridad Social y vivienda.
En la alcaldía Magdalena Contreras hay 52 mil 969 habitantes, de los cuales 12 mil 792 son de San Bernabé Ocotepec: Inegi.
La CDMX espera una ocupación hotelera de 61.63 por ciento.
Usuarios en redes sociales reportaron que el movimiento también se sintió en la Ciudad de México. También hay deslizamientos de tierra en Guatemala.
Las aseguradoras esperan que esta práctica sea tipificada como extorsión a nivel nacional para reducir su incidencia.
La protesta se realizará casi un mes después de que el magisterio disidente levantó el paro nacional y retiró su plantón del Zócalo.
La SSC realizó 296 mil 728 revisiones AlcoStop y aplicó tres mil 237 pruebas de alcoholimetría entre el 11 de junio y el 11 de julio.
La alcaldía gobernada por Mauricio Tabe registró un aumento del 183 por ciento en pisos construidos ilegalmente durante 2025.
El programa “Textiles con Futuro” busca recuperar ropa, sábanas, cortinas y otros materiales en desuso para destinarlos a donación, reciclaje o transformación en nuevos productos.
Reportes de inteligencia y denuncias de operadores señalan que células de la organización criminal venezolana estarían operando en corredores de transporte público de la capital, donde presuntamente realizan cobro de piso, amenazas y reclutamiento.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera