El gobernador de Tamaulipas anunció que llevará agua del río Pánuco a su entidad; y su homólogo de Veracruz declaró que como su mandato está por concluir, el posible conflicto deberá ser resuelto por la siguiente administración estatal.

Una eventual disputa entre ambas entidades por el agua del río Pánuco se debe a que comparten sus riberas poco antes de desembocar en el Golfo de México y, por tal motivo, sus gobiernos están obligados a negociar un acuerdo. 

A estas circunstancias se agregan la sequía y escasez de agua, especialmente en Tamaulipas, donde predominan los llanos desérticos y la ausencia de una política pública del Gobierno Federal que cuide el agua y evite este tipo de situaciones.

El territorio de Veracruz cuenta con 720 kilómetros de costa, 24 ríos (entre ellos el Pánuco, Jamapa, Papaloapan, Los Pescados y el Bobos), 24 lagunas de considerable tamaño y dos presas, pero en varios de sus 212 municipios también falta el agua.

Al largo estiaje actual, derivado principalmente del calentamiento global, propiciado a su vez por el excesivo consumo de energías sucias y la deforestación global, en el caso de México hay que sumar la sobreexplotación de los acuíferos.

La jefa del Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Veracruz, Jessica Iveth Luna Lagunes, informó que 2023 fue el año más seco desde 1981, porque reportó un déficit histórico de lluvias.

La meteoróloga precisó que las regiones de Veracruz donde más llovió el año pasado fueron las cuencas del Tecolutla, Papaloapan y Coatzacoalcos; y que las que padecieron mayor sequía fueron la norte, de Tuxpan hacia arriba y la parte media del Papaloapan.

De acuerdo con el Monitor de Sequía de México (MSM), de la Conagua, la mitad del territorio veracruzano enfrenta este problema; es decir, 107 municipios; el reporte detalla que 66 están anormalmente secos, 54 tienen sequía moderada, 25 severa, 20 extrema y seis excepcional.

Quejas constantes

El pasado 26 de febrero, Anastasio Vázquez García, adulto mayor y vecino del sureño municipio de Juan Rodríguez Clara, protestó en Xalapa frente al Palacio de Gobierno porque, desde hace dos años y dos meses, su colonia no tiene agua.

En su denuncia pública incluyó los nombres de Gerardo Domínguez Velázquez, Lorena Lara Ramírez, Rogelio Domínguez Corta, y Alfonso Gutiérrez Alegre Cordero, a quienes llamó “delincuentes, porque se adueñaron del pozo de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

“Por sus pistolas dijeron que me iban a cortar el agua para agarrarse el dinero de ellos. Todo ese tiempo se están agarrando el dinero que es de CAEV”, declaró don Anastasio, quien además advirtió que ha presentado denuncias legales sin que a la fecha haya recibido alguna respuesta favorable.

“Tengo denuncia en Isla, Veracruz, con los fiscales. Tienen dos años, un mes, que está mi denuncia, y no aparezco ni en la respuesta de investigación”, lamentó y previó que presentaría un escrito a la Secretaría de Gobierno y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que investiguen el fraude en el pozo de la CAEV.

Unos días antes, el 20 de febrero, habitantes de Las Vigas de Ramírez, municipio de la región centro del estado, bloquearon la carretera federal Xalapa-Perote, a la altura de la comunidad Cruz Blanca, municipio de Villa Aldama, para exigir abasto de agua.

David Escobar Hernández, uno de los vecinos inconformes, informó que han entregado oficios al Ayuntamiento de Las Vigas en demanda de solución al problema, pero que no han recibido respuesta a pesar de que cerca del 80 por ciento de la población carece de agua.

“Tenemos problemas para el abastecimiento de agua potable; de manera reiterada se están entregando oficios a la autoridad municipal y también a la operadora del servicio de agua; pero la respuesta es una majadería a los pobladores de Las Vigas”, alertó.

Los habitantes se han reunido con autoridades municipales y estatales para que sea regulado el suministro del agua, pero hasta el momento continúa la escases. La única propuesta de la CAEV es abastecerlos con pipas de agua.

En el municipio de Xico, a unos 30 kilómetros de la capital, los habitantes de la localidad Úrsulo Galván han denunciado, desde hace varios meses, que la CAEV les roba sus manantiales para llevar agua a otros municipios. 

Israel Jonathan Suárez, subagente municipal de Úrsulo Galván, reportó que el “Ayuntamiento es el que hace los trabajos, las redes hidráulicas y calles, pero el que cobra el agua es CAEV. Apoyamos esa propuesta los que tenemos este sistema, como El Haya, San Marcos, Álvaro Obregón, porque las demás localidades tienen agua comunitaria”.

El representante explicó, asimismo, que la síndica Vicenta Muñoz Velasco presentó una propuesta al alcalde de Xico, Luis Yoval Maldonado, para que el gobierno municipal sea el que se encargue del servicio del agua potable.

“Ahorita, por parte de la síndica, se le puso la propuesta al alcalde de que el agua se municipalice, porque CAEV es el que ordena y abarca el sistema estatal… se están llevando los nacimientos a otros lugares. Queremos blindar los manantiales y que se queden dentro del municipio. Aquí se trata de hacer un vínculo de hermandad, de identidad. Sí, reforestar, pero no olvidarse del arbolito y volver cada mes para ver cómo va creciendo; echarle abono y agua; generar una identidad de pertenencia”.

A este reclamo se suman los vecinos de la localidad San Marcos de León, también en Xico, que proponen la creación de un sistema comunitario de agua que administre el que actualmente permanece a cargo de la CAEV.

Este cambio es de urgente ejecución, informó Monserrat Ortiz, suplente en la subcomisión de vigilancia en el Barrio del Piocho, para que el pueblo decida “qué hacer, cómo administrar, cómo cuidar y cómo defender este recurso natural”.

Además, detalló, “se vienen dando malos manejos. Hay muchas fugas, trabajos que no se han realizado; en algunos momentos las tarifas de agua se elevan demasiado, hasta el 400 por ciento, y es cuando la gente ha convocado asambleas”.

Agua de dos estados

Pese al déficit de agua en Veracruz para otros estados, en febrero pasado, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sugirió, en una de sus conferencias de prensa “mañaneras”, la posibilidad de llevar agua del sureste a otras regiones de la República.

“En el sureste está el 70 por ciento del agua del país. Alguien podría decir que, así como lamentablemente traemos gas de Texas, por gasoductos, por qué no por acueductos traemos agua de Tabasco, del Grijalva, del Usumacinta, del González, el río Coatzacoalcos, del Papaloapan y de todos los ríos de Veracruz hacia la Ciudad de México o hacia el norte, para llevar agua a Nuevo León y otros estados”, reconoció.

Esta propuesta llegó a las campañas político-electorales de Veracruz y el candidato opositor, José Francisco Yunes Zorrilla, respondió a ella con las siguientes palabras:

“Los veracruzanos, todos los días, tenemos que sortear la escasez de agua comprando pipas, con tandeos o con tinacos, por falta de infraestructura. Si bien es cierto que el agua es propiedad de la nación y que su uso y disfrute es un derecho fundamental que a nadie le escatimamos, también es cierto que primero Veracruz; y el primer lugar donde se debe garantizar el disfrute de ese derecho es Veracruz, en beneficio de los veracruzanos; después, ya veremos”.

Varios días después, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal Anaya anunció, durante su informe de labores, que efectuará el proyecto Acueducto Pánuco-Tamaulipas.

“Una megaobra para conducir 20 metros cúbicos por segundo desde el sur del estado a la presa Marte R. Gómez en el norte, lo que contempla a la presa Vicente Guerrero como vaso regulador para distribuir el recurso a las actividades agropecuarias regionales, la industria y para subsanar el déficit existente en la población de los municipios de la frontera. Puedo informar que esta obra tiene el beneplácito para su ejecución, y está incluida en el Mecanismo de Planeación de la Conagua (Mecaplan)”.

No es la primera vez que el mandatario morenista del vecino estado alude a esta obra. En marzo de 2023 afirmó, con su homólogo de Nuevo León, Samuel García, que la concretarían para llevar agua desde la ribera norte del río Pánuco.

Sin embargo, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, negó que esto vaya a suceder: “Hoy no se está dando agua a Tamaulipas. Es un proyecto que se aplicará en el futuro y que primero debe pasar por la autorización de Conagua. No es sencillo hacer una toma y trasladarla a cientos o miles de kilómetros hacia el norte. Eso se lleva años de ejecución…

“Es un proyecto a largo plazo. El río que compartimos entre Tamaulipas y Veracruz, el río Pánuco, no tiene ningún proyecto ahorita; ni se va a ejecutar en estos días, ni en estos años. Es un proyecto a largo plazo y habrá que conocerlo”, aclaró.

Pero éste no es el primer proyecto para extraer agua del gran afluente en la región noreste de México. En 2015, el Gobierno Federal intentó poner en marcha el Proyecto Monterrey VI para llevar agua de la huasteca veracruzana a Nuevo León; pero ante la presión social se canceló. Unos años después intentaron revivirlo sin éxito.

Acciones preventivas

A pesar de la escasez de agua y las disputas potenciales, son pocos los municipios que consideran el asunto. Vicente Aguilar Aguilar, dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), declaró que en Veracruz, como en casi todo el país, la escasez de agua es un problema que se agrava diariamente.

Pronosticó que en Xalapa, la capital veracruzana, habrá tandeos para proveer de agua cada siete u ocho días a muchas familias de algunas de sus colonias, debido a que el flujo de la red municipal resulta insuficiente. Asimismo, Aguilar recordó que algunos usuarios han denunciado aumentos de hasta 40 por ciento en sus recibos de la CAEV.

En los primeros días de febrero, el ayuntamiento de Xalapa anunció nuevas inversiones públicas para renovar y ampliar la red hidráulica, suministrar a los sectores sociales que padecen estrés hídrico y mitigar la demanda adicional durante esta temporada de estiaje.

El presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil destacó que las acciones consistirán en la reparación de fugas y la instalación de infraestructura nueva, mismas que se emprendieron en 2023, cuando se rehabilitaron y renovaron 80 mil metros de las redes hidráulica y sanitaria

También se prevé adquirir más pipas para llevar agua gratuita a las familias en casos de emergencia en las comunidades de la zona metropolitana de Xalapa; un terreno de 50 mil metros cuadrados donde se acumula el agua de otros afluentes. Sin embargo, ni la CAEV, ni la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) estatal han emitido una estrategia integral para enfrentar la falta de agua.

Otras disputas por el agua

Hace unas semanas, el diputado local Fernando Arteaga Aponte propuso que el Congreso de Veracruz haga un llamado al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) para que audite al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento S. A. P. I. de C. V. (Grupo MAS).

Tal auditoría deberá informar si la empresa privada está cumpliendo cabalmente con los servicios de agua y drenaje que los gobiernos municipales de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo le concesionaron durante ejercicios 2022, 2023 y lo que va de 2024. 

El legislador recordó que, como Presidente de la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento de la LXVI Legislatura ha detectado varias irregularidades en los servicios de esta concesionaria, las cuales han sido constatadas por la Conagua, la Secretaría de Salud (SS) local y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente.

“Las acciones desempeñadas para sancionar a Grupo MAS no han sido suficientes para terminar esta situación. En lo que ha transcurrido de esta Legislatura no se ha quitado el dedo del renglón, en virtud de que prevalece el firme propósito de encontrar una solución eficaz para finiquitar por la vía legal este asunto que quienes lo padecemos sabemos que es injusto”, añadió.

Agregó que ante la opacidad en la facturación y la cartera vencida del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz, Boca del Río y Medellín –la prestadora del servicio que lo antecedió– es necesario un dictamen fiscal que obligue al Grupo MAS a absorber los costos que se genera la contratación de despacho externo en apoyo al Orfis.

Éste debe hacerlo, aclaró, “no porque no tenga atribuciones, sino porque su presupuesto no le permite tener el personal que un trabajo de esta naturaleza demanda”. 

Finalmente, Arteaga Aponte recordó que el Congreso del Estado tiene un papel preponderante para atender y resolver la legítima exigencia de la población, que ya no quiere y no tiene por qué padecer los estragos causados por “una empresa que se enriquece a costa del pueblo, y cuya única transparencia que conoce no es en el agua ni en las finanzas, sino en la ausencia de calidad en un servicio que deja mucho que desear”.

Frente a estas imputaciones, el Grupo MAS –mientras en Veracruz el incipiente estiaje advierte que será más crudo y largo que en otros años– se ha limitado a informar que en 2023 invirtió más de 140 mdp en la reparación de fugas, hundimientos y brocales.