La imposición de arbitrarias sanciones contra la economía y funcionarios venezolanos provistas por la Unión Europea (UE), obligó a Caracas a dar 72 horas de plazo a su embajadora para salir del país. Su gestión, lejos de alentar la cooperación y el diálogo que impone la convivencia internacional, atizó agravios que coinciden con el plan del Caos Constructivo diseñado para que Estados Unidos (EE. UU.) deponga gobiernos en esos países y posea sus recursos naturales y comerciales.

No hace mucho, México respaldó esos actos lesivos en el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos (OEA); pero hoy esa relación daría un giro estratégico si importáramos gas del país hermano, lo que irritaría al capital corporativo que representa Joseph Robinette Biden.

Hace ya 20 años que el gobierno de la revolución bolivariana es objetivo de la persistente escalada agresiva de EE. UU. y sus aliados. En ese periodo, los venezolanos pasaron de ser una nación a las puertas del desarrollo a sufrir genocidas sanciones foráneas que redujeron su ingreso, basado en 99 por ciento en las exportaciones del crudo en 1999. Hoy, esa población apenas vive con el uno por ciento del ingreso que tenía en el año 2000, además de sufrir la acometida de la oposición interna, patrocinada por el exterior.

Venezuela, poseedora de ricos yacimientos de petróleo, sostuvo su economía todo el Siglo XX en sus exportaciones de este energético. El gobierno bolivariano tradujo esa renta en proyectos sociales de vivienda, desarrollo comunal, salud, educación, alfabetización, producción e importación de alimentos, desarrollo y adquisición de software libre, entre otros.

Para el capitalismo corporativo era imprescindible sofocar ese modelo político-ideológico bolivariano, que también postula la autodeterminación sobre sus recursos naturales, la justicia social y la independencia diplomática. Y con sus aliados articuló la ofensiva.

La UE, cuyas corporaciones encarnan la codicia imperial, fue partícipe de esa guerra no convencional de EE. UU. a pesar de violar el Artículo 4º de sus Principios Fundamentales, que establecen: respeto a la identidad nacional, a los derechos humanos, la democracia, cooperación leal y solidaridad.

Incongruentes con sus propias normas, en febrero de 2019, países de la UE reconocieron como “presidente legítimo” al legislador opositor Juan Guaidó tan pronto lo hizo EE. UU. De ese modo, contra el derecho internacional, el Reino Unido, Alemania, Francia y España, entre otros países, desconocieron la legitimidad del presidente Nicolás Maduro.

Esta estrategia de acoso, que persiste desde 1999, escaló a tal nivel de agresión que, hace días, la Relatora Especial de Naciones Unidas, Alena Dohuan, advirtió: “EE. UU. y Europa deben levantar las sanciones contra Venezuela”. Evidentemente su llamado no fue atendido.

La hostilidad de la UE persistió hasta el 25 de febrero, cuando el gobierno bolivariano declaró persona non grata a la embajadora del bloque, Isabel Brilhante Pedrosa. La causa provino de 19 funcionarios venezolanos acusados –sin probar– de minar la democracia y violar derechos humanos.

El presidente Maduro replicó: “Buscábamos el diálogo, había pasos importantes con ellos, pero así no”. Esa inaceptable injerencia europea contra Venezuela se tradujo en notas de protesta que el mismo día entregó el canciller Jorge Arreaza a los embajadores de Francia, Romain Nadal, de Alemania, Daniel Kriener, y a los representantes de España y Holanda.

Las nuevas medidas coercitivas “unilaterales” –como Venezuela las califica– fueron adoptadas por el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE que lidera el exsocialista español Josep Borrell y se dirigen contra integrantes de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el poder electoral locales.

Sin recurrir al diálogo, ni valorar la inútil escalada de tensión, el bloque de 27 socios europeos respondió retirando el estatus diplomático de la embajadora ante la UE, Bélgica y Luxemburgo, Claudia Salerno Caldera. Mordaz, Borrel justificó la medida porque Caracas actuó “contrario al objetivo de desarrollar relaciones y construir asociaciones con terceros países”; Washington celebró la acción de Bruselas.

Geopolítica y caos

 No hay razones, ni indicios para suponer que con Joseph Robinette Biden en la Casa Blanca cambiará la política de EE. UU. hacia Venezuela y, por tanto, la de la UE. Antes de finalizar su gestión, Donald Trump “abonó el terreno” para que Biden prosiguiera con la dinámica de agresión que impide al gobierno bolivariano comercializar su petróleo.

El gobierno de Biden mantiene esta estrategia mientras la oposición al chavismo –que reside en ese país y la que disfruta su “exilio” dorado en el exterior– está a la expectativa de lo que hará el demócrata, advierte el analista español Jesús A. Rondón.

En el Senado, el nuevo secretario de Estado, Anthony Blinken, llamó “brutal dictador” al presidente Maduro y declaró que apoyará la presión contra su “régimen”. Sin embargo, dos semanas después, Biden hizo un guiño a Venezuela al dar licencia para no sancionar sus transacciones en operaciones ordinarias de puertos y aeropuertos.

También la UE dio un leve gesto, cuando Borrell, en un ambiguo comunicado del seis de enero, informó que ya no reconoció a Guaidó como presidente. Eso no significa nada ante las medidas coercitivas de Bruselas contra Venezuela y que son similares a las de EE. UU.

Las de la UE contra el país sudamericano contrastan con la plena restauración de relaciones contractuales con Cuba, resaltó la investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid, Anna Ayuso. Empero, el 21 de febrero, Borrell convocó a su embajador en la isla, Alberto Navarro, para explicar por qué firmó una carta abierta a Biden que pedía el fin del bloqueo. Intolerancia total.

Al analizar este proceso hostil contra Venezuela bajo la lente geopolítica, se confirma que las sanciones, amenazas, acoso, mentiras mediáticas, decomisos de reservas, bloqueo comercial, financiamiento a la oposición, amago de invasión y complicidad de países vecinos, son cortinas de humo que encubren una intención: que el capital corporativo –de EE. UU. y la UE– se apropie de los recursos naturales de Venezuela.

Esta mirada geopolítica recuerda que nuestra civilización se basa en el consumo de combustibles fósiles (carbón, gas natural y petróleo), cuya demanda aumentará del 50 por ciento actual al 70 por ciento. pese a la creciente oferta de energías renovables.

En el mundo habría reservas de crudo para 30 años; pero, en 2025, el consumo de petróleo será de 119 millones de barriles diarios, explica el experto madrileño Adolfo Calatrava. ¿Dónde obtener hidrocarburos? De Venezuela, con 3.3 billones de barriles de crudo extraíbles (543 mil millones del Golfo de Venezuela; 1.3 billones en la Faja Hugo Chávez y casi 1.5 billones en el delta del río Esequibo, de ahí la disputa con Guyana).

Un obstáculo para los Estados consumidores de hidrocarburos es el protagonismo de Venezuela en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), donde contribuyó a elevar el precio del combustible. De ahí el rechazo al control foráneo sobre el abasto y precio del crudo, así como del oro y coltán, que también posee esa nación y, por ello, la aplicación del plan de Caos Constructivo (CC).

La UE participa en este plan desestabilizador contra Venezuela. Al acusar al gobierno de socavar la democracia en 2017, impuso un embargo de armas, prohibió exportar bienes “que se utilizaran para reprimir” (desde leche materna hasta tecnología médica) y vetó el viaje de personas cuyos activos congeló.

La ofensiva se intensificó, aunque el gobierno bolivariano impugnó esas medidas coercitivas ante el Tribunal de Justicia de la UE. Pero la “humanitaria y culta” Europa siguió aplicando medidas coercitivas cada vez más lesivas. En 2019, un banco portugués congeló mil 200 millones de dólares (mdd) en fondos del gobierno venezolano.

El caso más grave de rapiña es el robo, por el Banco de Inglaterra, de 31 toneladas de oro en lingotes depositados por el gobierno bolivariano hace años y que equivalen a dos mil mdd. Este caso dio paso a una batalla legal que ganó Venezuela, pero un juez se opuso e impidió el retorno del oro al país sudamericano.

Así, la banca británica condenó al gobierno bolivariano a vivir en insolvencia monetaria que obstaculizó la atención a 28.9 millones de venezolanos en plena pandemia del Covid-19. En 2020, el gobierno de Nicolás Maduro presentó una remisión a la Corte Penal Internacional al invocar sin éxito el Artículo 14° del Estatuto de Roma.

Objeto del deseo

El geoestratega Zbigniew Brzezinski propuso la tesis del CC para que EE. UU. ganara guerras futuras sin recurrir a su ejército; en principio, se dedicó a controlar la energía de la Península Arábiga y luego la de otras regiones.

Para sus ideólogos, el CC se aplica en Venezuela para liderar las iniciativas de resistencia contra-hegemónicas en Sudamérica y el Caribe que obstaculizan el control centenario de EE. UU. Además, la creciente presencia de Rusia y China atizan la disputa geopolítica donde la nación sudamericana es una especie de “objeto de deseo”.

El CC propone la necesidad de alentar conflictos violentos, crear crisis económicas y sociales para acosar a un gobierno de otro Estado hasta derrocarlo o fragmentar su territorio y colocar a gobiernos aliados, explica el director del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y Estratégicos (CIEPE), Juan E. Romero.

Entre 2002-2007 un CC fue activado por agencias de inteligencia de EE. UU utilizando actores, organizaciones e instituciones locales para desestabilizar al país; pero fracasaron porque había conciencia popular, explica el psicólogo Heriberto González.

De 2000-2010 se aplicaron operaciones psicológicas y estrategias de desinformación para lograr el “ablandamiento mediático” de la sociedad ante la enfermedad del presidente Chávez, indica el investigador Carlos Lanz. A la muerte del líder bolivariano escaló la campaña para “minimizar logros” y “exaltar errores”, lo que se difundió en sectores determinados.

Otra acción del CC fue impulsar el separatismo en Zulia y Falcón, estados refugio de la oposición. El primero, cercano a las Antillas Holandesas y Colombia, donde hay bases de EE. UU. y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El dominio de este espacio daría control sobre grandes reservas del Golfo y el Lago Maracaibo.

Además, en la frontera con Colombia se alentaron operaciones encubiertas de paramilitares y grupos delictivos. En el interior del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) también se evidenciaron debilidades como el burocratismo y el clientelismo oculto que permearon en la auténtica militancia, amenazando el proyecto bolivariano, concluyen los analistas.