El diario Milenio, en su edición del 23 de abril de este año, dio la siguiente noticia: “Denuncian a Antorcha Campesina ante FGR por corrupción y lavado de dinero”, y a continuación: “La Unidad de Inteligencia Financiera presentó las denuncias contra la organización, al detectar anomalías en las operaciones de 40 gasolineras que manejan en el país, así como cuentas millonarias de sus principales líderes”.

El día lunes 17 de este mes, a pregunta de reporteros que lo abordaron en Palacio Nacional, el director de la UIF afirmó que, en colaboración con las Fiscalías de Puebla y del Estado de México, había ordenado la congelación de las cuentas bancarias de 10 líderes de Antorcha Campesina, una organización que ha recibido dinero en efectivo de manera ilegítima. El día miércoles 19, en su mañanera en Querétaro, el Presidente de la República afirmó que, en efecto, había una investigación en contra de Antorcha y que pediría al Lic. Santiago Nieto que, sin violar el debido proceso, presentara a los medios los argumentos en que se apoya la decisión de congelar las cuentas de Antorcha. Ayer lunes 24 de agosto, se entregó a los medios un documento oficial de la UIF en el cual se ofrecen las “razones” que el Presidente prometió en su mañanera.

Ante estos hechos, doy mi modesto punto de vista al respecto. Veo una contradicción evidente en el hecho de que se hable de una investigación en curso cuando el director de la UIF en persona aseveró, de manera implícita pero lógicamente indiscutible, que esta investigación, que venía incluso desde inicios de 2019, estaba concluida. De no ser así, no se entendería cómo pudo presentar la denuncia ante la FGR. No se trata de otras acusaciones ni de otras personas, pues los medios se han encargado de revelar que se trata de los mismos delitos y los mismos “líderes de Antorcha Campesina” mencionados el 23 de abril. Por tanto, se impone la pregunta: ¿por qué o para qué una nueva investigación? ¿Y por qué se recurre a la “colaboración” de las Fiscalías de Puebla y del Estado de México, cuando el asunto está ya en manos de la FGR? La segunda Fiscalía, por cierto, ha hecho saber que no tiene arte ni parte en el asunto, de modo que, por iniciativa propia o “por órdenes superiores”, el asunto se cocinó en la Fiscalía poblana. La lógica científica dice que cualquier contradicción descubierta invalida automáticamente el razonamiento o juicio completo que la contenga. En este caso, prueba la falsedad completa de la nueva investigación de la UIF.

Desde el 23 de abril, varios medios afirmaron que la UIF sostuvo haber descubierto cuentas de algunos líderes antorchistas por cientos de millones de pesos. Esta misma afirmación ha vuelto a repetirse ante la congelación de ésas y otras cuentas. El gobernador de Puebla, el morenista Miguel Barbosa, al negar que haya persecución política en contra de los antorchistas, aseguró que sus líderes se han hecho inmensamente ricos: cientos de millones de pesos, dijo, y ahí están las pruebas, ahí está la congelación de sus cuentas. Hagamos caso omiso de la tontería (o de la auto delación involuntaria) que implica presentar la sanción del delito como prueba de la culpabilidad del delincuente; lo que me interesa destacar es la reiteración de que las cuentas congeladas manejan “cientos de millones de pesos”. Resulta muy revelador que nadie (ni la UIF, curiosamente) se ha tomado la molestia de informar sobre el monto total de las 20 cuentas congeladas a 10 derechohabientes antorchistas. ¿Por qué? Pueden alegarse muchas razones, pero yo creo que se debe a que este dato pone al desnudo la escandalosa mentira de los cientos de millones de pesos. Doy el dato concreto: entre las 20 cuentas congeladas apenas suman poco más de 27 millones de pesos, es decir, un promedio de un millón y 350 mil pesos cada una, algo muy, pero muy alejado de los cientos de millones de que hablan la UIF y sus amplificadores mediáticos.

El documento más reciente en el que la UIF da cifras que, tomadas a bulto, sin desagregarlas y sin el análisis correspondiente para desentrañar su consistencia o su falsedad (lo que resulta imposible para la opinión pública), resultan realmente escandalosas. Igualmente escandalosas son las afirmaciones de que a algunas de esas cuentas ingresaron cientos de millones de pesos de origen ilícito y transacciones bancarias delictivas. Es muy claro que se busca el linchamiento mediático de los acusados, un delito que viola la secrecía de la investigación, la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso, como lo prueba el hecho siguiente: en el documento de la UIF se evita cuidadosamente mencionar el nombre de Antorcha y el de los titulares de las cuentas congeladas, claramente para evitar la acusación de que violan la ley; pero, en cambio, sí aparecen esos nombres en los medios. ¿Quién se los proporcionó? ¿Quién los autorizó a violar el debido proceso? ¿No está claro el doble juego de la UIF y, por tanto, su propósito de linchamiento mediático?

Las cifras millonarias que menciono fueron obtenidas sumando los recursos que entraron y salieron de las cuentas congeladas durante un periodo de diez años, de 2010 a 2019, pero se manejan como si hubieran ocurrido en uno, o a lo sumo, en varios meses de este año. Esta operación es totalmente arbitraria y sin sentido y no prueba absolutamente nada. Con semejante procedimiento, sumando las entradas y salidas de toda una vida, se puede probar que el micronegocio más insignificante, un bote de tamales por ejemplo, maneja en sus cuentas “cientos de millones de pesos”. Respecto a la recepción de cientos de millones ilegales por alguno de los dueños de las cuentas, o a la acusación general de Santiago Nieto de que Antorcha ha recibido dinero en efectivo de manera ilegal, afirmo que es una acusación totalmente gratuita que jamás podrán probar fehacientemente. Los antorchistas quedamos en espera del, o los videos en que alguno de nosotros aparezca recibiendo dinero ilícito, no importa si en sobres amarillos, portafolios o maletas, y le deseamos suerte a la UIF en sus pesquisas.

También es falsa, en estricto sentido, la afirmación de que las cuentas pertenecen “a líderes antorchistas”. Con ello se insinúa que no justifican el origen del dinero que manejan. En realidad, son cuentas que registran los movimientos financieros normales de un negocio propiedad de Antorcha, registrado a nombre de los compañeros más honrados y confiables como un recurso seguro y expedito para legalizarlos y cumplir cabalmente con sus obligaciones hacendarias. No hay más. Y todo esto es del pleno conocimiento y aprobación de los miembros activos de toda la organización. También es falso que Antorcha tenga “empresas fachada” para dispersar recursos ilícitos y ocultar los millones mal habidos. Todas las empresas de antorcha existen realmente, funcionan con normalidad y tienen un domicilio conocido y debidamente registrado ante Hacienda. Todas pueden dar cuenta puntual de su proceso de formación y de sus movimientos financieros, lo cual, además, ya han venido haciendo muchos de ellos, requeridos o acosados por la autoridad correspondiente.

Pero no nos engañemos. Hoy todos sabemos que lo que estamos viviendo en estos días (y lo que viviremos en los próximos meses), como el escándalo Lozoya, el llevado y traído avión presidencial y otros espectáculos menores, se explican por la proximidad de las elecciones intermedias y obedecen a la necesidad del partido en el poder de ganarlas a como dé lugar, incluso violando derechos elementales de ciudadanos y partidos “enemigos” de Morena, como ya estamos mirando. Es en este contexto en el que hay que entender las escandalosas y absurdas acusaciones contra el Movimiento Antorchista Nacional. Nosotros no somos ingenuos. Estamos conscientes de que la persecución en nuestra contra, como la de todos los imputados no morenistas en la declaración de Emilio Lozoya, llegará tan lejos como lo requieran el interés electoral y el miedo a la derrota del grupo gobernante.

No nos creemos con la fuerza suficiente para desafiar al Leviatán que nos acusa y nos acosa, pero nos defenderemos. Nos defenderemos mientras haya un antorchista vivo, me atrevo a decir; por la vía legal y por la vía de la protesta pública, incluso desafiando al coronavirus si fuera necesario. Exigiremos que la justicia sea, por lo menos, pareja, mientras se mantenga en pie la actual Constitución y las leyes legalmente derivadas de ella. Llamamos una vez más a todos los agraviados por el sistema a que formemos un frente para la defensa colectiva de la ley y el Estado de Derecho que todavía nos rigen. Y comenzamos por la casa. Los medios han hablado claro: cien mil dólares y la reubicación en la capital del país de un hermano suyo, empleado de Pemex, fue el precio que Miguel Barbosa le puso a su compromiso de no oponerse a la aprobación de las Reformas Estructurales de Peña Nieto. Según Milenio del 21 de los corrientes, Barbosa tiene una coartada para sacudirse la acusación: él votó en contra de la Reforma Energética. Pero da la casualidad que Lozoya no lo acusa de haber vendido su voto, sino su compromiso de no oponerse a la aprobación de dicha reforma. “Parece que Barbosa cumplió”, remata el diario.

Cuando comenzaba la pandemia y Barbosa declaró que “ a nosotros los pobres” no nos ataca el coronavirus, los medios dijeron que este “pobre” era dueño de la mansión que fue del expresidente Miguel de la Madrid, valuada en treinta millones de pesos y cuya propiedad omitió en su declaración patrimonial ¿Qué ha respondido Barbosa? Sobre la mansión, nada; sobre la imputación de Lozoya, el mismo Milenio dijo, el 20 de agosto, que “fue borrado” (¿por quién?) de la declaración de Lozoya. Ni el silencio ni el haber sido “borrado” clandestinamente prueban la inocencia de Barbosa. Él mismo dijo que la acusación de Lozoya es la palabra de un delincuente que no merece, por tanto, ninguna credibilidad. Muy bien. Ahora nosotros exigimos que se investiguen a fondo las acusaciones en contra de Barbosa y que éste demuestre su inocencia ante los tribunales. Solo así sus acusaciones merecerán credibilidad, según su propio dicho. De lo contrario, tendremos pleno derecho, como él, a recusar como absolutamente carentes de valor las acusaciones de un delincuente.