Hasta abril, 77.2 por ciento de los contratos del gobierno han sido adjudicados directamente, pero esta cifra sube hasta 82.5 por ciento entre las instituciones que no están atendiendo el coronavirus.
Con fecha de corte al 5 de mayo, la BASE DE DATOS DE COMPRANET registra 50,447 contratos por parte de la Administración Pública Federal durante 2020. De estos, el 77.2 por ciento han sido entregados por vía de la adjudicación directa, 16.5 por ciento por licitación pública y 6.3 por ciento mediante invitaciones restringidas.
Esta proporción de adjudicaciones directas es la más alta, sólo por debajo de 2017 y 2019, que fue el año con más contratos entregados por esta vía, con 78.1 por ciento, según un análisis de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Una parte de las adjudicaciones directas se encuentra en las instituciones que actualmente tienen una situación jurídica especial que les permite utilizar esta figura con mayor flexibilidad para poder adquirir material y equipamiento necesario para la atención del coronavirus. Esto no libra a estos procedimientos de posibles irregularidades, como ha sido ampliamente documentado con los casos de los contratos asignados para la adquisición de ventiladores A FAMILIARES DE POLÍTICOS.
Pero, si se restan los contratos de estas instituciones, así como de la Secretaría de la Defensa y Marina (que también son afectadas por el decreto que flexibiliza el uso de las adjudicaciones directas), destaca que el porcentaje de adjudicaciones directas es incluso superior, llegando a 82.5 por ciento. Esto quiere decir que, TAL COMO HEMOS SEÑALADO EN OCASIONES ANTERIORES, el uso y abuso de las adjudicaciones directas no es una consecuencia directa de la crisis actual, sino que es una práctica común del pasado que hoy continua vigente y, además, se utiliza con mayor intensidad en la administración pública fuera de las instituciones que actualmente están atendiendo la emergencia del coronavirus.
“Desde Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad continuaremos con el seguimiento de las contrataciones del gobierno, en especial de las adjudicaciones directas, para detectar posibles irregularidades y evaluar el cumplimiento de la obligación auto-impuesta de este gobierno de reducirlas, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo”.
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