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La información respecto de la crisis desencadenada por el coronavirus (Covid-19) fluye con una velocidad impresionante. Es difícil no sentirse abrumado, sobre todo cuando la mayoría son malas noticias: muertes, proyecciones sobre el número de infectados, pronósticos sobre la contracción económica y la cantidad de empleos que se perderán, etcétera.
El mayor énfasis se pone en las medidas que los gobiernos están tomando para responder a la crisis y hay razones de sobra para que así sea. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias estima que la crisis desencadenada por el coronavirus mandará a la pobreza por ingresos a 21 millones de mexicanos más, para sumarse a los 62 millones que ya están en esa situación. Si a esto añadimos la actitud de un Presidente que se niega tozudamente a reasignar parte del presupuesto dedicado a sus megaobras, o a aceptar la necesidad de un déficit fiscal, hay elementos suficientes para centrar la atención en las consecuencias de corto plazo.
Pero la crisis por la pandemia revela, o al menos hace más evidentes, varios aspectos profundos del sistema capitalista en cuanto tal. Uno de ellos es que la distribución de los recursos a las distintas actividades productivas no siempre responde a las necesidades sociales. El economista escocés Paul Cokshott lo plantea de la siguiente manera: “viene una crisis, sea guerra o pestilencia, e incluso los gobiernos capitalistas rápidamente ven la necesidad de la planificación de la fuerza laboral y la diferencia entre sectores esenciales y no esenciales”. Pues bien, en las últimas semanas, nos hemos encontrado con gobiernos capitalistas que comienzan a sacar a ciertos sectores esenciales de la lógica del mercado.
La escasez de bienes que ahora resultan de vida o muerte como mascarillas, batas y ventiladores, y la incapacidad del mercado para solucionarla, han generado presión popular para reasignar recursos a la producción de estos bienes. En Estados Unidos la señal de inicio la dieron los trabajadores de la empresa General Electric, que el pasado 27 de marzo organizaron protestas para exigir el uso de las instalaciones y los recursos de la fábrica para producir ventiladores en lugar de motores de jets.
Una presión similar, proveniente de otros sectores llevó al gobierno de Donald Trump a emitir la Ley de Alarma General, que obliga a diversas industrias a producir bienes esenciales para resistir a la pandemia. De tal modo que ahora en EE. UU., varias empresas de la industria automotriz, entre ellas General Motors, están produciendo ventiladores para hospitales. En Italia, el país europeo más castigado por el Covid-19, el descontento popular ha generado políticas que obligan a empresas de la industria textil a producir batas, mascarillas y otros insumos médicos que son indispensables en este momento. Será cuestión de tiempo para que otros países implementen políticas similares.
¿Estas medidas son necesarias únicamente en periodos extraordinarios definidos por pandemias o guerras?
Esta pregunta surge a la vista de un hecho insoslayable: que con o sin este tipo de problemas, la humanidad enfrenta a diario retos de vida o muerte como el cambio climático, la pobreza, el hambre, entre otros que, además, se agravan preocupantemente y solamente los más optimistas o ingenuos consideran que pueden solucionarlos, dejando todo a las fuerzas del mercado o con las tibias regulaciones aplicadas por los gobiernos que sirven a la élite económica de sus países y del mundo.
En las pocas líneas que Carlos Marx dedicó al socialismo (a cómo sería un gobierno socialista), habló de una regulación sobre el proceso de producción con la que los productores libremente asociados estarían conscientes del metabolismo continuo existente entre la sociedad y la naturaleza. En otros términos: la base del socialismo es la planificación democrática de la economía y la capacidad de decisión de las comunidades sociales para orientar sus metas de trabajo y el destino de sus recursos productivos. Si la crisis se desencadenara por la pandemia, nos muestra la urgencia de activar estos principios; entonces no todos los padecimientos habrán sido en vano.
La OMS anunció que la inmunidad que ofrecen las vacunas contra el covid-19 se extiende hasta seis meses después de haber recibido la segunda vacuna.
El PAN solicitó al jefe de gobierno en la Ciudad de México inicie una amplia campaña de información sobre los cuidados que debe tener la población para protegerse del COVID-19.
Politizar la atención a la salud de los mexicanos sin generar medidas públicas para mejorar su acceso a la salud, condena a muerte a millones de personas, especialmente a las más pobres y marginadas.
A pocos meses de que concluya el sexenio, la economía de Durango lucha aún por recuperarse de los estragos causados por la pandemia.
"Esperamos que la vacunación masiva (contra el covid-19) comience a principios de otoño", recoge sus palabras la agencia TASS.
Los comercios deberán contar con medidas de protección tanto para los clientes como para los trabajadores.
En México se registran 543 mil 806 casos positivos del nuevo coronavirus y 59 mil 106 muertes, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.
En el caso de las camas con ventilador, se espera un alza a mil 918 hacia el 31 de diciembre, lo que representa un aumento del 26 por ciento de la capacidad en hospitales públicos.
En porcentajes, la reducción de casos con la vacuna del laboratorio Sinovac es de 57%, y con Pfizer de 75%.
Solo una comunidad logró que el ducto no invadiera su territorio y las demás debieron conformarse con indemnizaciones marginales.
La disposición estará vigente del lunes 29 de marzo al domingo 4 de abril.
“Con estas acciones, reforzamos la campaña de concientización y sensibilización entre las personas usuarias para prevenir contagios".
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó que se cancele el regreso a clases presenciales en la CDMX.
En el fondo, al país imperialista le duele esa bofetada médica a su monopolio farmacéutico. Los rusos crearon la vacuna contra el Covid-19, primero por su humanismo.
La semana pasada, los países de la región notificaron más de 1.2 millones de nuevos casos de COVID-19, un aumento del 11% con respecto a la semana anterior.
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Escrito por Jesús Lara
Licenciado en Economía por El Colegio de México. Doctorante en Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst de EE.UU.