Foto: Froilán Meza

Los servicios sanitarios del Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi) en Chihuahua son de ínfima calidad, insuficientes, carecen de infraestructura y medicinas, incluso de la posibilidad de enviar a sus pacientes con médicos especialistas. A estas graves deficiencias se suma el notable deterioro del sistema estatal y de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Es la mañana de un viernes con amenaza de nevada en Chihuahua. El frío invernal se cuela entre las chamarras, enfría los cuerpos y enrojece las mejillas y la nariz de los derechohabientes que esperan turno para ser atendidos en el módulo del Insabi –antes del Seguro Popular– en las viejas colonias del sur: Dale, Santa Rosa, Pacífico, Cerro de la Cruz y Rosario.

Son 26 las personas formadas sobre la banqueta. Cae aguanieve que va acumulándose de manera imperceptible sobre los charcos de lluvia de la noche anterior. Algunos de los pacientes llegaron a las 6:00 para ver si a las 9:00 sale el guardia que abre el barandal y los deja entrar. ¡Hace un frío endemoniado!

Una mujer asoma medio cuerpo hacia afuera y grita varios nombres con una vocecilla que no llega a los oídos de quienes esperan: “¿Qué dijo? ¿A quién nombró?” “¡No se oye, que hable más alto, no se escucha!”, reclaman los de la fila; pero es en vano, porque la mujer entró nuevamente y los dejó sin saber a quiénes escogieron los dioses nórdicos del Valhalla para brindarles una atención médica de primera calidad, “como la que se da en Noruega o Suecia”.

En la mente de algunos ciudadanos que esa mañana se sentían abandonados a su suerte, quizás recordaron la promesa del Presidente de la República de que, en menos de cinco meses, México dispondría de servicios de salud equiparables a los de los países nórdicos o del Canadá y, asimismo, que las críticas, chascarrillos y pitorreos en cartones y memes que entonces proliferaron habían acertado en sus previsiones.

Y no pudieron pensar otra cosa, ya que la aplastante realidad del sector salud mexicano, de suyo deficiente y malo en el pasado, solo podía retroceder en manos de un gobierno entregado por entero a la demagogia, a la improvisación, a las ocurrencias y a las mentiras.

En el Insabi, el membrete con el que se intenta sustituir al Seguro Popular, están a la vista los grandes cambios logrados por el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T): infraestructura médica mínima, atención mala y grosera, falta de un catálogo de enfermedades atendibles, carencia de medicamentos y número de consultas limitado, por lo que gran parte de quienes hacen fila deben regresar al día siguiente para alcanzar una ficha.

Un paciente que murió la semana pasada por infarto logró denunciar la pésima experiencia que tuvo en el Insabi. Refirió que su hija mayor fue declarada con diabetes y acudió al módulo que le correspondía: “con mucho despotismo casi la corrieron después de que se negaron a enviarla con un especialista”.

Los malos tratos y la atención médica deficiente son generalizadas. Los pacientes y sus familiares deben esperar en la calle con el pretexto de que deben guardar la sana distancia, y quien los recibe no es una enfermera calificada sino un guardia de seguridad privada que, por ser ajeno al servicio sanitario, desconoce cómo debe actuar en tales casos.

“Es indignante que sean los guardias los que llevan el control de los usuarios, y que sean ellos quienes remiten a los pacientes a los respectivos consultorios, o quienes los rechazan por falta de cupo y los mandan a su casa para que regresen otro día”, afirmó el padre de la joven diabética que denunció al Insabi poco antes de morir.

Pero no solo esta institución federal carece de especialistas. Desde marzo de 2019, las clínicas y los hospitales del IMSS y el ISSSTE tampoco cuentan con ellos y los pacientes de ambos sistemas de salud son atendidos por médicos generales –en muchos casos no los médicos “familiares”– que se limitan a repetir las mismas recetas y con las mismas dosis escritas tres meses antes.

Por ejemplo, Salvador Martínez acudió a la Clínica 33 del IMSS para solicitar un examen de Covid-19 que le pidieron en la empresa maquiladora donde trabajaba y se llevó tremenda sorpresa: no había laboratorio de análisis clínico porque había sido desmantelado ocho meses atrás debido a la falta de recursos en la administración. La misma información le fue dada por un guardia de seguridad.

Las medicinas oncológicas escasean tanto en los dos institutos federales como en el Sistema Estatal de Salud. También faltan medicamentos para la diabetes, los padecimientos cardiacos, renales, etcétera. De puro milagro, las hemodiálisis no han sido suspendidas en el ISSSTE, pero faltan la pioglitazona y la metformina, que son básicos para el control de la diabetes, así como medicinas para otras enfermedades.

En la Unidad Médico Familiar 44, UMF 33, el Hospital Regional Morelos y las clínicas más grandes del IMSS en la capital de Chihuahua, los derechohabientes denunciaron que los medicamentos faltantes con mayor frecuencia son el alopurinol, atorvastatina, ambroxol (comprimidos); celecoxib, fluoxetina, levetiracetam, losartán, losartán compuesto; nifedipino, orfenadrina, pregabalina, quetiapina, risperidona, sertralina, sulindaco y tramadol con paracetamol, además de la insulina glargina.

Chihuahua figura entre las cuatro entidades del país con mayor desabasto de medicamentos, solo después de la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex) y Veracruz. Los medicamentos que más faltan en la entidad son los requeridos para atender enfermedades crónico-degenerativas, mentales, neurológicas y cáncer.

Este recuento fue hecho por la organización No al Huachicol de Medicinas, integrada por Nosotrxs, la alianza de Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS (Dvvimss), Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C., la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, Juntos Contra el Cáncer y la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, que buscan identificar las causas del desabasto de medicamentos e insumos médicos.

¿Qué encontraron estos inconformes? Que en sexenios anteriores, el abasto de medicinas a la Secretaría de Salud (SS), sus delegaciones y unidades de salud se hacía de manera directa con las grandes empresas farmacéuticas y que, con el “combate a la corrupción” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se trató de beneficiar a las compañías “pobres”.

Sin embargo, el nuevo gobierno cayó en la misma red de intereses farmacéuticos, pues las empresas chicas se surten en los mismos laboratorios nacionales y los intermediarios de las trasnacionales, cuyos precios resultan similares. Su ruptura con éstos fue la causa principal de que carecieran de medicamentos en lo que va del sexenio.

La sociedad responde con solidaridad

“Buenos días, un agradecimiento para Sandra, muchas gracias, m’ija, por conseguirme la vacuna del neumococo... ya me la pusieron, gracias a Dios”.

Este mensaje de WhatsApp se hizo en un grupo de ayuda mutua, fundado por una mujer que padece cáncer y que, en su momento, observó las ventajas de tratar estos asuntos entre dolientes necesitados y desatendidos por las instituciones oficiales, sean derechohabientes o pacientes marginados de los sistemas de salud.

Cadena de favores se llama, y funciona 10 horas al día, lapso durante el cual unos solicitan la donación de medicinas a través de la exhibición de las recetas y otros responden invariablemente con estas palabras: “Yo tengo, ¿puede venir por ella a…?”.

La existencia de esta organización popular que, por fortuna, se ha extendido en Chihuahua, evidencia la disfuncionalidad de los sistemas de salud Federal y estatal hasta en la satisfacción de las más ínfimas demandas de atención.

En la red de Cadena de favores se publican también fotos con sus respectivas explicaciones: “Entrega de vendas, gasas y diclofenaco”. El miembro del grupo exhibe, asimismo, su nombre y, al cabo de los meses, se establece una relación fraterna entre los pacientes. “Tengo dos cajitas con siete pastillas cada una, a la orden al norte”, escribe fulanito para explicar la foto de una cajita de Amlodipino/ Valisartán en comprimidos de 5 mg/ 160 mg.

La gente intercambia información sobre sus enfermedades, la disponibilidad de sillas de ruedas o andadores, bolsas para colostomía, despensas, la necesidad de compañía y apoyos de otro tipo. Por ejemplo, cuando una madre que viene sola en la Sierra, tiene a su hija en el Hospital General lista para una intervención quirúrgica y requiere hospedaje solidario.

O cuando hay necesidad de realizar protestas públicas para una denuncia ante las autoridades. En julio de 2018, una comisión de padres solidarios acompañó a los padres de un niño que, tras dos años de permanecer internado en el Hospital Infantil, no sería intervenido quirúrgicamente por decisión de los directivos.

Éstos argumentaron a los papás del niño Ricardo Ariel Ruvalcaba que “acá en Chihuahua, el tipo de tratamiento que necesita el paciente no se cubre de acuerdo a la normativa del hospital, ni del Sistema Estatal de Salud” y les sugirieron que mejor se lo llevaran por su cuenta a Torreón, sin que la institución cubriera la intervención médica. La manifestación obtuvo una respuesta positiva y Ricardito fue operado en Torreón con cargo al erario estatal.

En noviembre pasado, a 10 días del retorno al semáforo rojo o “amarillo mostaza” –inventado por el gobernador Javier Corral para mantener abiertas las actividades comerciales no esenciales– colapsó el sistema de salud estatal porque los hospitales públicos y privados estaban saturados, y la mayor parte de los pacientes eran enviados a “bien morir” en sus casas después de hacer “filas de espera” de hasta 24 horas.

Las autoridades de la Secretaría de Salud estatal tuvieron que reconocer lo que hacía tiempo trataron de ocultar: que las clínicas y hospitales públicos y privados de la capital no podían recibir más pacientes con Covid-19. “Están saturados los hospitales, hay líneas de espera, están a tope los hospitales, tanto los del gobierno del Estado como los privados. Son padres de alguien, madres, hermanas, maestros, amigos, hermanos, que están luchando, y prácticamente uno de cada cinco termina intubado”.

Con 443 casos positivos y arriba de 60 defunciones en solo 24 horas, y los tres mil 32 casos registrados en dos semanas, el tres de noviembre fue nombrado como el día más crítico de la pandemia. Las cifras oficiales reportaban hasta entonces 27 mil 293 contagios y dos mil 126 personas fallecidas en todo el estado, con Ciudad Juárez y la capital como los municipios más afectados, con 15 mil 14 positivos y mil 354 fallecidos, la primera y seis mil 285 positivos y 581 muertos la segunda.

La actualización de estas cifras resulta escalofriante, porque el estado se encuentra en semáforo no declarado, las defunciones suman cuatro mil 607 y los contagios ascienden a 49 mil 258, informó la SS estatal. De los fallecimientos, dos mil 515 han ocurrido en Ciudad Juárez y representan el 54 por ciento del total, mientras que, en Chihuahua, con los seis suscitados el 24 de enero las defunciones, llegaron a mil siete, cifra equivalente el 23 por ciento del cómputo estatal.

Al 25 de enero –fecha en que se realiza este reporte– Delicias difundía 244 víctimas portales del Covid-19, Parral 178, Cuauhtémoc 153, Nuevo Casas Grandes 65, Meoqui 54, Camargo 52, Saucillo 42, Jiménez 33 y Guerrero 23.

El caso de pensiones civiles

El sistema estatal de pensiones de los trabajadores del gobierno estatal de Chihuahua, llamado Pensiones Civiles del Estado (PCE), fue siempre la envidia de quienes tenían la desgracia de ser derechohabientes del IMSS o del ISSSTE, porque los empleados estatales eran enviados a hospitales privados donde recibían buen servicio, a cuenta de su pensión médica.

Pero en los últimos siete años, el PCE sufrió un proceso de deterioro paulatino que, a principios de diciembre de 2019, se colapsó cuando los trabajadores estatales que brindan servicios médicos, se negaron a seguir prestando éstos a la administración de Javier Corral, porque ésta no ha cubierto las pensiones desde hace dos años.

Los trabajadores salieron a manifestarse en la calle para exigir su servicio médico; pero a la fecha, la situación no se ha regularizado. Fernando Álvarez Montoya, miembro del grupo Maestros Estatales de Ciudad Juárez, denunció que carecen de medicamentos, las citas médicas se tardan demasiado y la atención en general ha empeorado.

El lunes 25 tuvieron una reunión con personal de Pensiones de Ciudad Juárez, pero no han logrado ningún acuerdo, mientras el gobernador Corral recibe una negativa tras otra del Congreso de Chihuahua –donde hipotéticamente tiene mayoría– a su demanda para que le autoricen una deuda de más de mil 600 millones de pesos, dinero que primero aseguró que emplearía para “continuar con obra pública e iniciar otros proyectos” y que cuando explicó que lo quería para “rescatar a Pensiones Civiles del Estado”, recibió un segundo no definitivo.