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Luego de la aprobación de la reforma del Poder Judicial por el Congreso de la Unión, la oposición conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), se preparan para impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), vía acción de inconstitucionalidad.
El PAN acordó recurrir a la Corte por considerar que la reforma aprobada en las primeras horas del miércoles 11 de septiembre por la Cámara de Senadores es “regresiva y destructiva” del Poder Judicial.
Los panistas coincidieron en señalar que el procedimiento tiene “vicios” que pueden ser sujetos de revisión por el máximo tribunal del país, ya que existe violación de suspensiones de amparo de al menos dos juzgados federales que impedían la discusión y votación.
Durante su Comisión Permanente Nacional, el PAN también señaló que la Reforma Judicial contiene elementos que la hacen una reforma electoral, pues crea procesos electivos para elegir a juzgadores y estos serán conducidos por un órgano electoral.
Además de que modifica las reglas de elección de juzgadores electorales, extiende hasta 2027 los cargos de los magistrados de la Sala Superior (del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) y da una nueva temporalidad del cargo de quienes serán electos, entre muchos otros.
En un comunicado de prensa, el PAN también consideró que se presentaron vicios durante el proceso legislativo de la reforma judicial en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Por su parte, el PRI ratificó su posición en el sentido de que recurrirá a la Corte tal y como lo había anunciado desde la aprobación de la reforma en Comisiones.
Movimiento Ciudadano (MC), a través de su vicecoordinadora la senadora, Alejandra Barrales, confirmó la tarde del miércoles que promoverán también una acción de inconstitucionalidad.
Será en los próximos días cuando se reúnan los partidos de la oposición con sus grupos de abogados, para analizar y acordar diferentes alternativas ante la Corte.
La Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), anunció la promoción de quejas formales ante organismos nacionales e internacionales tras la aprobación de la reforma.
Juana Fuentes Velázquez, directora de Jufed afirmó que recurrirán a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia judicial.
Y entre ellos mencionó al Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y las redes globales de jueces y magistrados justo están conociendo en este momento lo que está sucediendo.
La oposición aseguró que el procedimiento de la reforma tiene “vicios” que pueden ser sujetos de revisión por el máximo tribunal del país.
Esta aprobación se produce en medio de un paro nacional de los trabajadores del Poder Judicial y diversas manifestaciones en contra de la propuesta.
Se suman al paro de labores de 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Los padres denunciaron que al interior del Poder Judicial de la Federación (PJF) existen tácticas dilatorias que mantienen impune el caso.
“Cuando el poder del Estado no puede ser contenido, controlado o frenado, se pone en riesgo los derechos humanos”, dijo la ministra.
La SCJN invalidó el cinco de abril la facultad que los legisladores de Morena otorgaron en 2019 a López Obrador para que decidiera por decreto el destino de los ahorros generados por su “política de austeridad”.
La Presidenta celebró que el Consejo de la Judicatura sancione a los trabajadores que continúen en paro de labores.
El 81 por ciento de los encuestados avala una reforma al Poder Judicial, el 75 por ciento quiere elegir a los ministros de la SCJN por voto popular y el 87 por ciento apoya la creación de un organismo independiente para combatir la corrupción en el PJ.
María Clemente criticó el papel de jueces en casos de asesinatos y agresiones contra personas transgénero.
La elección judicial es resultado de una reforma a uno de los tres poderes del Estado mexicano.
La SCJN invalidó la segunda parte del Plan B político-electoral de AMLO, debido a violaciones al procedimiento legislativo hecho por la mayoría parlamentaria de Morena y aliados.
La nueva presidenta ocupará el cargo solo por nueve meses, y no dos años, como está establecido actualmente.
En vez de apropiarse de ese dinero, el gobierno debería ayudar a los beneficiarios, o a sus herederos, a recibir esos recursos que con tanto esfuerzo y años de trabajo lograron acumular.
Sancionó a mil 550 servidores públicos por no presentar su declaración patrimonial a tiempo.
Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra de la propuesta de solidarizarse con la decisión.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera