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Luego de la aprobación de la reforma del Poder Judicial por el Congreso de la Unión, la oposición conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), se preparan para impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), vía acción de inconstitucionalidad.
El PAN acordó recurrir a la Corte por considerar que la reforma aprobada en las primeras horas del miércoles 11 de septiembre por la Cámara de Senadores es “regresiva y destructiva” del Poder Judicial.
Los panistas coincidieron en señalar que el procedimiento tiene “vicios” que pueden ser sujetos de revisión por el máximo tribunal del país, ya que existe violación de suspensiones de amparo de al menos dos juzgados federales que impedían la discusión y votación.
Durante su Comisión Permanente Nacional, el PAN también señaló que la Reforma Judicial contiene elementos que la hacen una reforma electoral, pues crea procesos electivos para elegir a juzgadores y estos serán conducidos por un órgano electoral.
Además de que modifica las reglas de elección de juzgadores electorales, extiende hasta 2027 los cargos de los magistrados de la Sala Superior (del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) y da una nueva temporalidad del cargo de quienes serán electos, entre muchos otros.
En un comunicado de prensa, el PAN también consideró que se presentaron vicios durante el proceso legislativo de la reforma judicial en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Por su parte, el PRI ratificó su posición en el sentido de que recurrirá a la Corte tal y como lo había anunciado desde la aprobación de la reforma en Comisiones.
Movimiento Ciudadano (MC), a través de su vicecoordinadora la senadora, Alejandra Barrales, confirmó la tarde del miércoles que promoverán también una acción de inconstitucionalidad.
Será en los próximos días cuando se reúnan los partidos de la oposición con sus grupos de abogados, para analizar y acordar diferentes alternativas ante la Corte.
La Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), anunció la promoción de quejas formales ante organismos nacionales e internacionales tras la aprobación de la reforma.
Juana Fuentes Velázquez, directora de Jufed afirmó que recurrirán a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia judicial.
Y entre ellos mencionó al Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y las redes globales de jueces y magistrados justo están conociendo en este momento lo que está sucediendo.
Las decisiones judiciales deben acatarse o impugnarse a través de los tribunales.
La SCJN desechó la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Chihuahua en contra de la distribución de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024.
La Reforma Judicial plantea la elección popular de ministros, magistrados y jueces.
Con posturas mixtas, los asesores económicos de los candidatos presidenciables discutieron la necesidad de cambios en el sistema tributario.
Folios con nombres repetidos, candidaturas desiertas y duplicidad de candidatos son algunas de las inconsistencias que se han señalado.
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, destacó en su primer informe de labores un uso eficiente de recurso con un ahorro anual por 82 millones de pesos.
Piña Hernández explicó que el análisis de los aparatos de seguridad y justicia, así como la propuesta de reforma, fueron elaborados a partir de los foros convocados por la Corte.
El Poder Legislativo no hizo público el listado de los aspirantes inscritos que cumplen con los requisitos de elegibilidad, incumpliendo las disposiciones constitucionales.
Con esta resolución, la SCJN demostró –y a la 4T– que el Estado de Derecho está vigente y que existen las vías legales y constitucionales para cuestionar todos los actos y normas que arriesguen el porvenir de la República.
La reforma generaría un desajuste al sustituir a más de mil 600 personas juzgadoras, además de la totalidad de los ministros.
Se sumaron el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, así como el colectivo de trabajadores Justicia Independiente.
El oaxaqueño obtuvo seis millones 195 mil 612 votos.
Entre los cambios planteados destaca la ampliación del mandato del Infonavit, es decir, que se le otorgará la facultad de construcción de vivienda y posibilidad de arrendamiento social.
Entre las exigencias, llamaron a la unidad a los 43 senadores de la oposición para frenar la reforma.
Nuestro Reporte Especial ofrece esta semana el resultado de su consulta sobre el esquema pensionario recientemente aprobado.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera