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Las opiniones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dividieron durante el primer Foro por la Reforma Judicial que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, debido a que algunos como Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara y Alberto Pérez Dayán demandaron se lleve a cabo una revisión exhaustiva a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, los afines al mandatario se pronunciaron a favor elegir a juzgadores por voto popular en el país.
En el evento denominado, “¿Qué Poder Judicial tenemos? y ¿qué Poder Judicial queremos?”, participaron, ministros, senadores y diputados federales, así como la Fiscalía General de la República (FGR), donde el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo afirmó que no está a favor de materializar una reforma de alto impacto al Poder Judicial de la Federación, que contemple la elección de jueces mediante voto popular.
Consideró que ese mecanismo no es el más idóneo para garantizar los distintos derechos que la Constitución protege y la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF). Advirtió que esto generaría un desajuste al sustituir a más de mil 600 personas juzgadoras, además de la totalidad de los ministros.
“Entiendo la intención de materializar una reforma de alto impacto al Poder Judicial de la Federación, transformación que tiene como principal eje un esquema en el que juezas y jueces, magistradas y magistrados federales, ministras y ministros de la Suprema Corte, sean elegidos por voto directo de la ciudadanía”
“La reforma al Poder Judicial que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador politiza el nombramiento de ministros, magistrados y jueces, por medio de la elección popular, porque en una primera instancia, dichos candidatos deberán pasar por un filtro político”, señaló por su parte el ministro Juan Luis González Alcántara.
Explicó que la convocatoria para la elección no será abierta, sino que los candidatos serán postulados por los tres Poderes de la Unión. “Se deja de lado la carrera judicial, se deja de lado el mérito, se deja de lado la experiencia; estamos politizando los nombramientos, la ciudadanía va a elegir en las urnas, pero los candidatos van a pasar por un filtro político”, expresó.
Mientras que la ministra Yasmín Esquivel mantuvo la postura de impulsar un comité técnico que evalúe los conocimientos y perfiles de quienes aspiren a ser juzgadores por el voto popular, aunque se posicionó a favor de la reforma que impulsa López Obrador y Claudia Sheinbaum.
“Mi opinión es que esto se debe llevar a cabo porque no tenemos en este momento una opción más que obedecer a la ciudadanía y al pueblo de México”, dijo.
A su vez, la también ministra Lenia Batres consideró que los órganos judiciales han atendido agendas de intereses privados mientras han dejado de lado las resoluciones que permean la vida social.
“Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México, el Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos”, comentó.
La Reforma Judicial plantea la elección popular de ministros, magistrados y jueces.
La tarea de difundir los perfiles de los candidatos es responsabilidad exclusiva del INE.
La reforma al Poder Judicial recibió en menos de 24 horas el respaldo de 18 estados del país.
La legisladora recordó que fue en diciembre pasado cuando la iniciativa quedó congelada, luego de que el Jefe del Ejecutivo propusiera su discusión pasando el 2 de junio, fecha de la próxima jornada electoral.
Con 478 votos a favor, avanzaron las modificaciones al artículo 123 de la Constitución.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación de varios estados del noroeste del país yprotestaron en Saltillo, Coahuila.
La nueva reforma otorga al Instituto la función de construir al menos 500 mil viviendas al año.
Ha llegado el momento de entrar a la discusión “incómoda” que incluye regular el uso del vital líquido, atender las deficiencias de la red de distribución y cobrar más a quien más gasta el recurso.
El paro de labores que el pasado 19 de agosto iniciaron 55 mil trabajadores generales y mil 200 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF).
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El objetivo de la reforma es proteger legalmente la soberanía nacional y endurecer las sanciones contra quienes faciliten el tráfico de armas hacia México.
Los órganos autónomos en México son entidades públicas con funciones específicas independientes al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
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El 81 por ciento de los encuestados avala una reforma al Poder Judicial, el 75 por ciento quiere elegir a los ministros de la SCJN por voto popular y el 87 por ciento apoya la creación de un organismo independiente para combatir la corrupción en el PJ.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera