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Las opiniones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dividieron durante el primer Foro por la Reforma Judicial que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, debido a que algunos como Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara y Alberto Pérez Dayán demandaron se lleve a cabo una revisión exhaustiva a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, los afines al mandatario se pronunciaron a favor elegir a juzgadores por voto popular en el país.
En el evento denominado, “¿Qué Poder Judicial tenemos? y ¿qué Poder Judicial queremos?”, participaron, ministros, senadores y diputados federales, así como la Fiscalía General de la República (FGR), donde el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo afirmó que no está a favor de materializar una reforma de alto impacto al Poder Judicial de la Federación, que contemple la elección de jueces mediante voto popular.
Consideró que ese mecanismo no es el más idóneo para garantizar los distintos derechos que la Constitución protege y la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF). Advirtió que esto generaría un desajuste al sustituir a más de mil 600 personas juzgadoras, además de la totalidad de los ministros.
“Entiendo la intención de materializar una reforma de alto impacto al Poder Judicial de la Federación, transformación que tiene como principal eje un esquema en el que juezas y jueces, magistradas y magistrados federales, ministras y ministros de la Suprema Corte, sean elegidos por voto directo de la ciudadanía”
“La reforma al Poder Judicial que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador politiza el nombramiento de ministros, magistrados y jueces, por medio de la elección popular, porque en una primera instancia, dichos candidatos deberán pasar por un filtro político”, señaló por su parte el ministro Juan Luis González Alcántara.
Explicó que la convocatoria para la elección no será abierta, sino que los candidatos serán postulados por los tres Poderes de la Unión. “Se deja de lado la carrera judicial, se deja de lado el mérito, se deja de lado la experiencia; estamos politizando los nombramientos, la ciudadanía va a elegir en las urnas, pero los candidatos van a pasar por un filtro político”, expresó.
Mientras que la ministra Yasmín Esquivel mantuvo la postura de impulsar un comité técnico que evalúe los conocimientos y perfiles de quienes aspiren a ser juzgadores por el voto popular, aunque se posicionó a favor de la reforma que impulsa López Obrador y Claudia Sheinbaum.
“Mi opinión es que esto se debe llevar a cabo porque no tenemos en este momento una opción más que obedecer a la ciudadanía y al pueblo de México”, dijo.
A su vez, la también ministra Lenia Batres consideró que los órganos judiciales han atendido agendas de intereses privados mientras han dejado de lado las resoluciones que permean la vida social.
“Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México, el Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos”, comentó.
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Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra de la propuesta de solidarizarse con la decisión.
La muerte del estudiante Jesús N. ocurrió tras efectuarse un disparo por parte de los elementos del grupo policial “PAKAL”.
Monreal Ávila detalló que las iniciativas de Sheinbaum se suman a las 20 que propuso AMLO el 5 de febrero pasado.
Se han levantado 223 denuncias por propaganda indebida y 380 aspirantes pagaron espacios de manera ilegal.
Entre las exigencias, llamaron a la unidad a los 43 senadores de la oposición para frenar la reforma.
Los mexicanos se quedaron sin defensa jurídica como resultado de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), aprobada en septiembre pasado por diputados de Morena.
El paquete de reformas a la Constitución de AMLO pretende desaparecer los contrapesos al Poder Ejecutivo.
Para organizar las elecciones del Poder Judicial en 2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) pide 13 mil 205 millones de pesos.
En vez de apropiarse de ese dinero, el gobierno debería ayudar a los beneficiarios, o a sus herederos, a recibir esos recursos que con tanto esfuerzo y años de trabajo lograron acumular.
Cientos de personas se unen a la marcha anti elección judicial, exigiendo freno a la votación.
Denuncian que candidatos vinculados con organizaciones criminales podrían obtener un cargo en la Judicatura.
La aprobación de las 20 reformas propuestas por AMLO era un hecho consumado.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera