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Al cierre de la presente edición, la aprobación de las 20 reformas propuestas por AMLO era un hecho consumado, con un resultado aplastante contra los opositores. La mayoría de diputados y senadores había votado y faltaban solamente algunos congresos locales por pronunciarse para que el triunfo esperado de las reformas morenistas quedara formalmente declarado. “¡El cambio más importante, la reforma más grande de la Carta Magna desde su promulgación, hace 107 años y la democratización más radical de nuestra ley fundamental!”, exclamaron algunos emocionados morenistas.
Éste es el tema que desarrolla esta semana nuestro Reporte Especial, que consulta los trabajos de prestigiados analistas, conocedores de la Constitución y de las diferentes reformas que se han efectuado en épocas pasadas; especialistas en derecho constitucional, destacados juristas y numerosos legisladores para los que la aprobación de este conjunto de reformas representa un retroceso de casi medio siglo en la vida política de México y la anulación de los esfuerzos de grupos y sectores sociales por democratizarla; esto es lo que espera a la población mexicana después de la aprobación del conjunto de reformas de AMLO. En opinión de los expertos consultados, la centralización del poder político, el dominio del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial, la desaparición de organismos autónomos constitucionalmente establecidos que servían de contrapeso a los posibles excesos de las autoridades, el atentado contra el derecho de amparo, contra los derechos humanos y contra otros derechos sociales son parte de este asalto a la ley fundamental del país.
Las modificaciones a los artículos constitucionales y los cambios propuestos y aprobados tienen un interés partidario, el de AMLO y Morena, de encaminar a México hacia una dictadura constitucional, a la autocracia, afirman algunos analistas, una autocracia sostenida por los cambios constitucionales que se aprobaron ya y que permiten la concentración del poder en un solo individuo.
Las 20 reformas, unas constitucionales y otras reglamentarias, conducen a esta preocupante situación; y el control de todo el poder implica la eliminación de los opositores del escenario político, la permanencia de su partido en el poder y el mando del Ejecutivo sobre los otros dos poderes.
Todas las reformas apuntan hacia el mismo objetivo y preparan el terreno para una dictadura legal que no necesite disfrazarse con el ropaje de la izquierda y favorezca los intereses del gran capital sin la necesidad de un discurso en favor de los pobres.
Hace tiempo que los analistas de diferentes partidos y organizaciones civiles consideraban un hecho la aprobación de las 20 reformas; sin embargo, pocos la habían calificado como un giro hacia la derecha, hacia una franca alianza con la clase empresarial, que resultará beneficiada con tantas reformas a la Carta Magna, porque ninguna de ellas afecta sus intereses financieros; pero en los días que corren abundan afirmaciones como éstas.
La respuesta a la cuestión de si las reformas de AMLO representan un viraje de la 4T hacia la derecha es no… porque siempre se ha manifestado como un gobierno respetuoso del capital, contrario a una reforma fiscal que afecte a los empresarios, es decir, siempre ha estado a la derecha; sólo que ahora se le ha caído la careta de izquierdista.
Los senadores de oposición denunciaron que la reforma a las pensiones constituye un despojo al patrimonio de los ciudadanos.
La reforma asigna responsabilidades al Instituto Nacional Electoral (INE), al Congreso y al Poder Judicial Federal (PJF).
“Cuando el poder del Estado no puede ser contenido, controlado o frenado, se pone en riesgo los derechos humanos”, dijo la ministra.
El 2023 se puede caracterizar como otro año de fallido combate a la pobreza, de una intensa campaña electoral y una política demagógica, por sus promesas irrealizables, entre las que se destaca la de que México contará con la farmacia más grande del mundo.
El cambio ocurre en el contexto de una reforma que transforma la estructura actual de la Suprema Corte y promueve la elección “popular” de jueces y ministros.
Esta decisión surgió por la posible violación a la autonomía judicial y a la división de poderes.
Analistas advierten que la campaña de AMLO y lo que se avecina ya se encuentra en marcha; y que sólo debemos esperar una elección de Estado, es decir, la imposición de un Presidente de la República desde el Poder Ejecutivo.
La calificación elogiosa a su administración y la crítica a los gobiernos anteriores fueron parte del discurso cotidiano del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre las exigencias, llamaron a la unidad a los 43 senadores de la oposición para frenar la reforma.
La GCMA indicó que se trata de una decisión que carece de sustento científico y técnico.
Especialistas de alto nivel afirman que los resultados arrojados por PISA en México no son sino producto de una política educativa que reduce el contenido de los programas suprimiendo temas fundamentales como ciencias naturales, matemáticas y lectoescritura.
Los mexicanos se quedaron sin defensa jurídica como resultado de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), aprobada en septiembre pasado por diputados de Morena.
La reforma generaría un desajuste al sustituir a más de mil 600 personas juzgadoras, además de la totalidad de los ministros.
Analiza los resultados del programa de construcción de vivienda para los pobres.
La historia de los últimos 100 años en nuestro país está llena de ejemplos de este trampolinismo.
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Escrito por Redacción