Mediante un típico “albazo priista”, la mayoría conformada por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron previamente el conjunto de reformas en la Cámara de Diputados; y casi a la medianoche del ocho de septiembre, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado revisaron en lo general la reforma judicial con 25 votos a favor y 12 en contra, provenientes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

Dieciocho de las 20 iniciativas promovidas por AMLO se aplicarán a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dos a leyes reglamentarias. Inicialmente fueron presentadas el cinco de febrero de este año, pero como fueron rechazadas o anuladas por la oposición y el Poder Judicial de la Federación (PJF) porque violan la Carta Magna, el Presidente las promovió nuevamente con algunos cambios de contenido.

En los cambios fue eliminada definitivamente la repetición de derechos sociales que ya figuran en la Constitución y subrayan el supuesto contenido “popular”; aunque los especialistas en economía las han exhibido como financieramente inviables y como una estrategia para que Morena y sus aliados empresariales acumulen más atribuciones en el Poder Ejecutivo.

Entre las iniciativas con las que AMLO pretendía promover “nuevos” derechos que ya están establecidos en la Carta Magna, destaca el reconocimiento legal de los pueblos indígenas y afromexicanos, la pensión para adultos mayores y la atención médica integral y gratuita para toda la población.

También la promoción de vivienda para los trabajadores; el salario mínimo suficiente, el acceso a una educación de calidad y el respeto a los derechos laborales, que ya figuran en la Constitución, pero que no se cumplen, como lo han indicado expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Entre los cambios a las leyes reglamentarias, figura la prohibición del maltrato animal, el comercio de vapeadores (cigarros electrónicos) y el consumo de drogas químicas como el fentanilo, para lo que ya está facultada la Secretaría de Salud.

AMLO propone eliminar la participación de las financieras privadas del Sistema de Ahorro para el Retiro (Afores), cuya presencia fue autorizada en 1997 y 2007 mediante cambios a la Constitución, cuando el Gobierno Federal se declaró incapaz de sostener en el largo plazo las pensiones.

Un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), difundido el pasado seis de febrero, revela que el gobierno tendría que efectuar cambios fiscales igualmente radicales a las pensiones para alcanzar este ambicioso objetivo.

La asociación civil México ¿Cómo vamos? explicó que, para hacer viable esta reforma pensionaria, se requeriría la creación de miles de empleos formales, es decir, reducir la informalidad laboral en la que actualmente se encuentra más de la mitad de la Población Económicamente Activa.

La inclusión de los mexicanos con 65 años o más entre los adultos mayores que hoy acceden a una pensión constitucional y la repartición de becas a estudiantes de todos los niveles escolares requieren un plan de financiamiento viable a largo plazo, explica el estudio.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP) recordó  en un texto publicado el siete de febrero, que “el Artículo 18° de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece que el Ejecutivo Federal debe realizar una evaluación de impacto presupuestario de las iniciativas que presente al Congreso. No se encontraron dichos análisis en las iniciativas presentadas el cinco de febrero”.

Coartar libertades políticas

Una de las 18 iniciativas de reforma constitucional del proyecto original fue suspendida “temporalmente”: la de contenido político-electoral, por lo que en el actual periodo de sesiones del Congreso de la Unión serían aprobadas sólo 19.

Sin embargo, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y Ricardo Monreal, jefe de la mayoría legislativa morenista en la Cámara de Diputados, precisaron, el 27 de agosto, que la iniciativa pendiente se desvaneció totalmente.

“No significa que no se aplique en el futuro, sino que vamos a esperar un mejor momento”, declaró Monreal, como para recordar que el “jefe máximo” de Morena sueña con “extirpar” de la escena política nacional a los opositores y sus partidos.

En su iniciativa original, AMLO estableció la eliminación de los legisladores, diputados –federales y estatales– y senadores de representación proporcional o “plurinominales”, que son distribuidos a los partidos según su votación general alcanzada en la elección correspondiente.

Además, proponía recortes de 50 por ciento al presupuesto público destinado a los gastos cotidianos y a las campañas electorales de los partidos, ofensiva destinada a los opositores porque, prácticamente, eso no afectaría al gobierno morenista y sus satélites: PVEM y PT.

También planteó el desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales de los 32 estados para sustituirlos por un “Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC)”, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En un análisis sobre el conjunto de reformas de AMLO, especialistas del IIJ de la UNAM advirtieron, el 13 de junio, que detrás del discurso de austeridad “se oculta un propósito claro: regresar al Ejecutivo las facultades que podrá ejercer discrecionalmente y sin contrapesos”.

El Presidente –resaltaron– “quiere usar un sistema de negociación y cooptación que desconoce años de evolución administrativa necesaria por la complejidad de los fenómenos y su regulación”.

Coordinados por los juristas Diego Valadés, Pedro Salazar, Sergio López Ayllón y Jesús Orozco Henríquez, un equipo de 41 especialistas formuló estas conclusiones en el Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el Presidente de la República.

Explicaron que las iniciativas de reforma proponen la modificación de 53 de los 136 Artículos de la Carta Magna que, si se aprueban, representarán “uno de los cambios más grandes” desde su expedición original en 1917.

Y agregaron que, aunque aparentemente se trata de reformas independientes, “un análisis de las iniciativas permite agruparlas para entender cómo se interrelacionan y ofrecen un resultado de conjunto”.

El IIJ agrupó así las reformas: 1) Las que modifican el sistema representativo para favorecer al partido que gobierna (Morena); 2) Las que inciden en la división de poderes para concentrar poder en la Presidencia de la República; 3) Las reformas en materia de seguridad pública y prisión preventiva oficiosa; y 4) Las reformas en materia de agenda social.

Estas últimas proponen elevar las políticas del “bienestar” de Morena a rango constitucional: becas, pensiones, garantías de atención médica y salarios mínimos suficientes que en realidad están ya definidas como derechos en la Constitución.

Son redundantes porque “ya están en el texto constitucional (el derecho a la salud, a un salario suficiente, a ciertos programas sociales) y, sin embargo, en la realidad, las carencias subsisten. Ya sabemos entonces que no basta con reformar”.

Reconocen que se plantean objetivos socialmente relevantes y deseables; pero advierten que “el problema no está en las intenciones, sino en la capacidad efectiva del Estado para cumplirlas”.

“Para ninguna de las iniciativas se establece la fuente de financiamiento ni las proyecciones de gasto… se generan así nuevas obligaciones fiscales de largo plazo, aunque a ciegas de cómo se van a financiar”.

Todos los poderes en el Ejecutivo

Después de haber puesto a Claudia Sheinbaum en la Presidencia de la República, AMLO se ha dedicado “a aceitar la maquinaria” política de Morena durante las últimas semanas de su mandato con un patrón al más viejo y autoritario estilo del PRI y con el objetivo de incrementar su poder político y jurídico.

Al interior del país, e internacionalmente, sus reformas han sido descritas como una maniobra política para concentrar exageradamente el poder presidencial, con lo que la economía nacional y los derechos civiles de 130 millones de mexicanos estarían expuestos al mayor riesgo.

Los expertos denuncian, además, que AMLO revertiría al menos 30 años de avances democráticos logrados con el esfuerzo de opositores políticos, académicos y analistas críticos del oficialismo, que también conformaron instituciones de Estado que ejercen contrapesos al Poder Ejecutivo.

Se consiguió reducir al Presidente “todopoderoso”, a quien nadie debía hacerle sombra, que podía designar libremente a su sucesor y hacerlo ganar, escribir en la Constitución o dictar leyes secundarias, incluso asegurar a su partido la continuidad en el mando.

México se está encaminado hacia una “dictadura constitucional”, lamentó Luis Rubio, doctor en ciencia política, director de la organización civil México Evalúa, quien ha analizado a fondo el conjunto de reformas constitucionales y reglamentarias.

Estos proyectos legislativos esbozan claramente el espíritu que los originó. Todo en esas iniciativas refleja un propósito de control, exclusión y concentración del poder en una sola persona. Y en relación con otra de las propuestas de AMLO, apuntó: “la eliminación del amparo y la expansión de la prisión preventiva oficiosa (cárcel sin juicio), le conferiría vastos poderes arbitrarios a la autoridad. Las iniciativas propuestas constituyen un andamiaje implacable para la conformación de una dictadura constitucional”.

En un análisis titulado Democracia según AMLO, publicado el pasado 29 de julio, Rubio escribió que “para el Presidente saliente, lo único que es relevante es el monopolio del poder, lo que por definición excluye a todos los demás, incluyendo, por supuesto, a sus propios votantes”.

El académico constitucionalista de la Facultad de Derecho de la UNAM Rodolfo Martínez, explicó a buzos que, con las reformas al Poder Judicial y la eliminación de organismos autónomos, “desaparecerán los últimos contrapesos constitucionales y el poder se concentrará de nuevo en una sola persona, como en el pasado reciente que supuestamente estábamos dejando atrás.

“Es muy grave; me siento muy preocupado; me parece que estamos a punto de perder nuestra democracia para convertirnos plenamente en una autocracia… La autocracia política se fue construyendo durante los últimos seis años y ahora no nada más se está quedando en una autocracia política, sino en una autocracia constitucional”, sentenció el académico.

“Transitamos hacia una autocracia de tipo constitucional, pues el oficialismo en el Congreso –agregó– seguramente buscará fortalecerse en los próximos años con su mayoría aplastante: no tendrán empacho en transformar nuestra Constitución en una supuesta nueva Constitución”.

Y con ésta, advirtió el académico, eliminaron los derechos constitucionales, los derechos humanos establecidos en la Constitución que garantizan libertad, seguridad y certeza jurídica. Terminarán con un Estado de Derecho y con la existencia de “los pesos y contrapesos” constitucionales.

En una situación así –resaltó– “no habrá manera de hacer frente a la arbitrariedad de las autoridades; no habrá manera de tener la protección de una justicia federal que frene la violación de los derechos fundamentales de las personas”.

Martínez lamentó una regresión histórica para los mexicanos; porque se tirarán por la borda al menos 25 años de avances democráticos para condenarnos a vivir nuevamente en un país “que estábamos dejando ir: el México de la plena corrupción, de los intereses ocultos como bandera para alcanzar el poder”.

Dominar, no gobernar

La reforma judicial tiende al debilitamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF); la supresión de organismos autónomos otorgará mayor poder a la Presidencia de la República; y la militarización definitiva de la policía aumentará los riesgos de encarcelamiento sin juicios ni sentencias.

Organizaciones civiles nacionales e internacionales han calificado estas reformas como “altamente peligrosas” por el posible ejercicio de detenciones arbitrarias y múltiples violaciones a los derechos humanos.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como jueces y magistrados, tanto federales como estatales, serían electos mediante votación popular y en un marco político nacional donde Morena opera casi como único partido político en el país.

Los candidatos a juzgador serían designados por los poderes Ejecutivo y Legislativo –al que AMLO puso bajo su dominio– y, una vez en funciones, serían vigilados por un tribunal “innovador” que seguramente estaría bajo al control político del Poder Ejecutivo.

De aprobarse la iniciativa para subordinar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional –que en 2023, la SCJN rechazó por inconstitucional–, que originalmente fue creada como una corporación civil ahora podrá investigar y perseguir delitos.

Otra de sus iniciativas pretende aumentar la lista de los delitos que ameritan “prisión preventiva oficiosa”. En otras palabras: el encarcelamiento inmediato sin juicio de por medio, catalogado internacionalmente como una grave violación a las garantías humanas fundamentales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyas facultades legales fueron aceptadas por el Estado mexicano en 1998, el 23 de enero de 2023 recomendó a México, por décimo segunda ocasión, la eliminación en sus leyes de las figuras penales conocidas como “arraigo” y “prisión preventiva oficiosa”.

El arraigo se incluyó en el Código Penal federal en 1983 y la prisión preventiva oficiosa en 2008, para aplicarse únicamente en casos extraordinarios, sobre todo para sancionar a integrantes de la delincuencia organizada y evitar que los responsables de delitos graves evadieran la justicia.

Sin embargo, una vez conocido el pasado autoritario del país y la amplia lista de casos documentados por organismos civiles internacionales, existe la preocupación de que tales figuras delictivas sean utilizadas contra opositores u otras personas consideradas “estorbos políticos”.

El “arraigo” supone una autorización judicial para que el ministerio público retenga a una persona privada de su libertad en un sitio distinto a una cárcel durante un máximo de 40 días, prorrogables sólo en caso de delincuencia organizada, mientras concluye su carpeta de investigación para entregarla al juez.

La “prisión preventiva oficiosa” implica el encarcelamiento de una persona sin que un juez haya dictado sentencia condenatoria para evitar así una posible evasión del acusado y aplicable sólo para la comisión de delitos calificados como “graves”.

Pero de aprobarse la modificación al Artículo 19° de la Constitución que AMLO propone, aumentaría la lista de los delitos graves; durante su sexenio, el Gobierno Federal evadió 12 sentencias de la CIDH para que eliminara estas figuras penales que en buena parte del mundo son consideradas como violatorias de los derechos humanos.

Hacer historia desde Palacio

“Hacer historia” es uno de los eslóganes de Morena; y AMLO lo usa para desviar la atención sobre los abusos en que ha incurrido desde su arribo a la Presidencia en diciembre de 2018 para acumular fuerza e imponer reformas acorde a sus ideas.

Entre ellas destaca su ocurrencia de instituir en México una “república amorosa” que, paradójicamente, en la práctica resultó ser la restauración del viejo modelo autoritario del PRI, del que fue militante y dirigente estatal en Tabasco  y del que posteriormente fue crítico profuso y acérrimo opositor.

Con la amenaza de enjuiciar a consejeros del INE y magistrados del TEPJF, AMLO consiguió evadir la limitante legal que impide la “sobrerrepresentación” de un partido mayoritario en el Congreso.

Ese “candado” fue integrado en las leyes específicas para reducir el autoritario presidencialismo montado por el viejo priismo y que ninguna fuerza política mayoritaria dominara al Congreso de la Unión en el futuro.

El 1° de septiembre se renovó la “aplanadora legislativa” de AMLO, reedición de la conservada por el viejo PRI hasta 1997, con todo y legión de “levantadedos”, que estarán dispuestos a aprobar todo lo dictado por la señora Presidenta.