Ante la intervención del crimen organizado, la presión de los partidos políticos y las amenazas, así como la salida de al menos una docena de aspirantes, la elección del Poder Judicial prevista para el 1 de junio enfrenta un panorama incierto, determinó el Observatorio Electoral Judicial.
Además, señaló que las renuncias a las candidaturas a jueces y magistrados en Veracruz responden a las amenazas, la violencia y la falta de condiciones de seguridad. A pesar de que en ese estado existía una alerta por presencia del narcotráfico, no se habían reportado actos terroristas.
En su duodécimo informe, las organizaciones integrantes del Observatorio analizaron los riesgos de violencia que rodean el proceso. Resaltaron que, a diferencia de otras elecciones en el país, las judiciales no arrastran una carga política evidente, por lo que preocupa que la violencia figure como un factor determinante.
México Evalúa, una de las organizaciones que integran el Observatorio, reportó que, de las 19 entidades federativas con procesos para elegir jueces estatales y federales, ocho muestran altos niveles de riesgo por violencia político-criminal: Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
La organización afirmó que en esas entidades existen condiciones similares a las que facilitaron la violencia en elecciones anteriores. Esa situación favorece la intervención del crimen organizado, que puede manipular tanto los procesos como los resultados, y con ello influir sobre quienes asumirán los cargos judiciales.
Según el informe del Observatorio, la violencia electoral refleja un comportamiento atípico que se relaciona con la incertidumbre, la falta de información sobre las candidaturas y la carencia de mecanismos eficaces para denunciar actos de violencia.
Cabe destacar que el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó 36 mil de las 316 mil solicitudes recibidas para participar como observadores en el proceso judicial, de ellas, 30 mil pertenecen a personas militantes de partidos políticos, servidores de la nación y funcionarios ligados a programas sociales.
El número de registros con irregularidades supera al de los observadores que obtuvieron acreditación oficial para las elecciones de 2024, cuya cifra alcanzó los 34 mil 881.
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