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Este 19 de agosto, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron paro de labores a nivel nacional, así lo indicaron por medio de un comunicado dirigido al Congreso de la Unión y al pueblo de México, donde también expresan su rechazo a la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo Federal.
De la misma manera, se sumaron el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, así como el colectivo de trabajadores Justicia Independiente.
Cabe recordar que dicha propuesta tiene el objetivo de someter a la elección popular los cargos de jueces y ministros, lo cual, de acuerdo con el PJF es un peligro a su independencia, ya que esta institución es considerada único contrapeso entre los Poderes de la Unión y una defensa contra los abusos de autoridades.
En dicho documento, los trabajadores advierten que esta reforma no sólo pone en riesgo la independencia judicial, sino que, de la misma manera atenta contra los derechos de la clase trabajadora al tener la intención de eliminar la carrera judicial.
Aunado al hecho de que pone en duda la división de poderes y abre la puerta a que los juzgadores no cuenten con preparación mínima que exige el correcto desempeño de su labor.
Asimismo, agregaron que el paro se mantendrá de manera indefinida, pues tienen como objetivo frenar “un ataque a la justicia en México”, al igual que se disculpan por las “molestias” que esta medida pueda causar.
En concordancia, jueces y magistrados están por definir si se van a paro de labores a partir del próximo 21 de agosto.
Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que, los trabajadores del PJF están en su derecho de realizar un paro de labores aunque estos “van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción en el seno de ese poder”.
Finalizó declarando que, “lamento mucho que estén pidiendo que se viole la Constitución, en pocas palabras (…) Están descarándose, están definiéndose por la corrupción y no quieren un auténtico estado de derecho, quieren un estado chueco y es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, a magistrados y a ministros”.
Los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial pidieron que sea el pleno de ministros de la Suprema Corte la instancia que determine el criterio que debe prevalecer.
Luego del desalojo que sufrieron por parte de las autoridades de la alcaldía, encabezada por el morenista Francisco Chigüil, los afectados exigen que se les deje trabajar y respeto a sus derechos laborales.
Salazar consideró que la propuesta provocará muchos cuestionamientos.
De acuerdo con el Coneval, casi el 80 por ciento de las personas menores de 18 años en México sufren algún grado de pobreza o vulnerabilidad socioeconómica.
La configuración que ahora se propone en la reforma al poder judicial no es un esquema nuevo.
El cáncer se ha convertido en la tercera causa de muerte en la entidad, con dos mil decesos al año, sólo debajo de las enfermedades del corazón y la diabetes.
Sueldo que en los últimos cinco años se ha precarizado.
Las madres buscadoras clausuraron simbólicamente la entrada principal del Senado para reclamar la falta de compromiso con los familiares de desaparecidos.
El primero de Mayo se realiza el homenaje a una clase social, la de los trabajadores, la de los que dan vida a la sociedad. Se trata de un día para considerar las lecciones históricas y las proyecciones futuras, observar el nivel de su organización y las capacidades de lucha.
Los inconformes se presentaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para mostrar su respaldo a las ministras y ministros, así como a los trabajadores, quienes reanudaron las actividades este martes.
Los trabajadores recorrieron durante seis años el país para escuchar y recopilar las demandas laborales para construir el proyecto.
El paro parcial se realiza en las entradas a la capital mexicana, en las casetas México-Puebla y México-Pachuca.
La elección judicial es resultado de una reforma a uno de los tres poderes del Estado mexicano.
Iniciaron un paro de actividades de 48 horas para exigir mayor seguridad.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.