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El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial protestó este lunes a las afueras del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exigiendo el cese de las medidas anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena.
Juan Alberto Prado, líder de dicha organización sindical, envió un oficio a la ministra Norma Piña solicitando que se declarara este lunes como día inhábil, sin embargo, la Corte sesionó de manera habitual y los juzgados federales publicaron la lista de acuerdos para este lunes.
Más tarde, el dirigente se trasladó junto con un grupo de trabajadores a la Cámara de Diputados para solicitar a la presidenta Marcela Guerra que se le permita expresar en tribuna la inconformidad de sus agremiados con el ajuste al presupuesto y la desaparición de los fideicomisos.
Los trabajadores señalaron que, si no son atendidas sus demandas, incluyendo un incremento salarial, podría convocarse a un paro nacional.
“Por eso estamos aquí presentes, sabemos que este martes se resuelve el pleno para determinar qué va a pasar con esos fideicomisos, así que, si eso no se resuelve a favor, aquí estaremos nuevamente protestando y cerrándoles a ellos las instalaciones”, afirmó.
En tanto, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación junto con el Colegio de secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal convocaron a una manifestación en todos los centros del trabajo para este martes.
Durante las protestas de este lunes, las avenidas aledañas a la Cámara de Diputados y al Palacio de Justicia Federal se vieron afectadas por el paso de los manifestantes, como fueron Eduardo Molina, Sidar y Rovirosa, y Zapata, entre otras.
Las llamadas “corcholatas” de Morena y aliados (PT y PVEM) avanzan en sus aspiraciones formales para convertirse en el candidato o candidata para el próximo proceso electoral.
Durante su gestión, también aumentó el número de homicidios dolosos de 693 a mil 303 indagatorias.
López Obrador propuso a Bertha María Alcalde, la hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y a la hermana del jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres.
La borrachera electoral ha quedado atrás, la siniestra clase política se reparte posiciones de gobierno y legislativas de seis o tres años.
El análisis y las conclusiones de varios especialistas permiten caracterizar la primera mitad del sexenio de la 4T como un periodo de malos resultados y de incumplimiento de las grandes promesas.
Pueblos Mágicos ofrecen una rica herencia cultural, natural y gastronómica.
El compromiso explícito del Presidente aún no se concreta en la realidad; a finales de noviembre, Michoacán se ubicó entre las entidades federativas de México con mayor número de homicidios diarios.
Especialistas de alto nivel afirman que los resultados arrojados por PISA en México no son sino producto de una política educativa que reduce el contenido de los programas suprimiendo temas fundamentales como ciencias naturales, matemáticas y lectoescritura.
Los propietarios de las 91.5 hectáreas expropiadas para la construcción del AIFA, denunciaron ante la FGR a Román Guillermo Meyer y las funcionarias, Dulce María Rodríguez y Edna Elena Vega.
No puede exterminarse la corrupción sin que el pueblo tenga armas económicas e ideológicas de defensa. Ayudar a proporcionarlas es la tarea del Movimiento Antorchista.
Las lanzas en Morena están rotas y la reconciliación entre sus delanteros se ve muy lejana. Marcelo ha revelado que no se irá de Morena y que ganará la encuesta.
“Un segundo aspecto es que el Presidente, con las decisiones que ha llevado a cabo su gobierno, ha abierto el espacio para que la corrupción pueda incrementarse", señaló Rivas.
En su IV Informe de gobierno, el Presidente emitió 173 afirmaciones falsas, engañosas o que no puede probar; 120 afirmaciones no comprobables y 50 promesas.
La carencia de vivienda entre los mexicanos es un problema que, a pesar de los años, no se ha podido resolver.
La Sala Superior del TEPJF confirmó una sanción de 4 millones 529 mil pesos impuesta a Morena por haber omitido el reporte de ingresos en 2014 y 2015, escándalo donde la titular de la SEP, Delfina Gómez, está involucrada.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera