El pasado 20 de agosto entró en vigor el acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el que se establece el plan de estudios para la educación básica. No obstante, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) afirma que “la documentación oficial que describe el nuevo plan de estudio es meramente narrativa, y carece de una ejecución práctica”.

A través de un documento, el organismo habló sobre la falta de claridad en los contenidos prioritarios, algo que podría agudizar las brechas de desigualdad que se viven en México, dado que dicho plan establece que el desarrollo de habilidades dependerá de los recursos y capacidades con los que cuente cada comunidad educativa.

La institución advierte que los docentes no tienen una guía de acción debido a los problemas estructurales que el modelo educativo ha sufrido tras la pandemia de Covid-19, como el abandono escolar, la pérdida del aprendizaje y los problemas socioemocionales.

El plan de estudios comenzará con una prueba piloto que se aplicará el próximo 29 de octubre en primer grado de preescolar, primaria y secundaria de 960 escuelas públicas a nivel nacional, lo que equivale al 0.4% de las instituciones educativas de nivel básico en México, una muestra muy pequeña como para determinar si el plan funciona o no. Además, se desconocen los criterios de selección y la lista de escuelas participantes.

También preocupa que la prueba piloto no tenga fecha definida de término, lo que dificultará las acciones que los docentes de las escuelas seleccionadas llevarán a cabo los primeros dos meses del ciclo, porque no sabrán hasta qué punto terminará y una vez concluido cuál será su plan de estudios. No se sabe.

La SEP estipuló el ciclo 2023-2024 como el inicio de la primera etapa a nivel nacional, por lo que habrá poco tiempo para incorporar las correcciones del plan establecido.

Según el IMCO, el plan de estudios pone en duda las evaluaciones estandarizadas (como PISA y PLANEA) al ignorar el contexto que influye en las puntuaciones obtenidas. Aun cuando la SEP presentó la alternativa “Evaluación Formativa”, donde los docentes decidirían cómo evaluar a sus estudiantes, se pierde la posibilidad de tomar decisiones de política pública basadas en evidencia, con datos comparables a nivel nacional e internacional.

Por lo anterior, se concluye que no existe un plan estructurado, tampoco políticas educativas serias que garanticen un mejor desarrollo educativo para los niños del país, lo cual no sólo pone en peligro el siguiente ciclo escolar, sino la educación futura de todo México.