El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que, durante el segundo trimestre de este año, 2024, en las zonas rurales, un total de 32.19 millones de personas ocupadas desarrollan sus actividades bajo algún esquema de informalidad, lo que representa el 54.3 por ciento del total de la población trabajadora.

En su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el Inegi reveló las brechas regionales en la incidencia de la informalidad, pues aseguró que en comunidades rurales, con menos de dos mil 500 habitantes, esta tasa alcanza el 77.1 por ciento, cifra que contrasta con el 41.3 por ciento que se presenta en las capitales de estado y en localidades con más de 100 mil habitantes.

El análisis de la encuesta precisó que la informalidad laboral en las zonas rurales está estrechamente vinculada a la naturaleza de las actividades económicas predominantes en estas áreas. La mayoría de los trabajadores en estas regiones operan en actividades relacionadas con los recursos de los hogares, sin constituirse formalmente como empresas. Este tipo de unidades económicas concentró al 52 por ciento de los trabajadores informales en el segundo trimestre de 2024.

La informalidad no sólo afecta a los trabajadores en términos de acceso a derechos laborales y condiciones de trabajo, sino que también perpetúa la desigualdad económica entre las regiones. Las cifras muestran que, a pesar de la reducción general en la informalidad, la caída ha sido desigual: 1.1 puntos porcentuales para mujeres y 0.8 puntos porcentuales para hombres.

A pesar de un incremento en el número de trabajadores subordinados y remunerados, que representaron el 69.2% del total de la población ocupada durante el segundo trimestre de 2024, las disparidades regionales evidencian la necesidad de políticas focalizadas. Cabe recordar que la informalidad no sólo limita el acceso a derechos básicos como contratos formales, prestaciones, seguridad social y atención médica, sino que también genera incertidumbre económica para millones de familias.