Las manifestaciones de los agricultores que denuncian el abandono del campo por parte del gobierno de la 4T y piden que se fije un precio de garantía de 7.5 pesos por kilogramo de maíz en grano coparon las noticias hace unos días.
Política
Partidos rechazan recorte del 75% a programas de la primera infancia
Se verán afectados programas de producción y transmisión de materiales educativos; educación inicial y básica comunitaria.
Los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD en la Cámara de Diputados, exhortaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP), a no aplicar el recorte del 75 por ciento al gasto corriente a los programas que garantizan los derechos de la primera infancia.
A través de un Punto de Acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, los grupos de oposición alertaron que el Gobierno Federal pretende recortar el gasto corriente a los programas de vacunación; salud materna, sexual y reproductiva; y servicios de asistencia social integral.
Además, se verán afectados programas de producción y transmisión de materiales educativos; educación inicial y básica comunitaria; protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; servicios de guardería, y servicios de estancias de bienestar y desarrollo Infantil
En el Punto de Acuerdo, la oposición exige a la Administración Federal la garantía de los derechos a la primera infancia y evitar el recorte citado porque implica no sólo el riesgo de su desprotección, sino la inacción total del gobierno para su resguardo y salvaguarda.
Desde el pasado 23 de abril, tras el anuncio del Presidente, Andrés Manuel López, para establecer las medidas de austeridad en dependencias y entidades de la Administración Pública, también fue publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Sobre este mismo tema, la iniciativa ciudadana “Pacto por la Primera Infancia”, al conocer la disposición presidencial publicó una Carta Abierta dirigida al Presidente de la República y a sus secretarios de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y de Salud; en la que se expuso que, derivado de la aplicación del citado decreto se pone en riesgo el “derecho de prioridad y el interés superior de la niñez”, establecidos en la Constitución.
La organización civil alertó que de no ser operativos los programas, se transgreden los derechos de las niñas y niños en su primera infancia, pues al agravar las circunstancias durante esta emergencia sanitaria, esta población se coloca en condiciones de extrema vulnerabilidad.
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Escrito por Redacción