La reciente captura de El Mencho volvió a activar el ritual que ya conocemos: euforia oficial, trends en redes sociales y la promesa de que ahora sí se está combatiendo frontalmente al narcotráfico.
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Los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD en la Cámara de Diputados, exhortaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP), a no aplicar el recorte del 75 por ciento al gasto corriente a los programas que garantizan los derechos de la primera infancia.
A través de un Punto de Acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, los grupos de oposición alertaron que el Gobierno Federal pretende recortar el gasto corriente a los programas de vacunación; salud materna, sexual y reproductiva; y servicios de asistencia social integral.
Además, se verán afectados programas de producción y transmisión de materiales educativos; educación inicial y básica comunitaria; protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; servicios de guardería, y servicios de estancias de bienestar y desarrollo Infantil
En el Punto de Acuerdo, la oposición exige a la Administración Federal la garantía de los derechos a la primera infancia y evitar el recorte citado porque implica no sólo el riesgo de su desprotección, sino la inacción total del gobierno para su resguardo y salvaguarda.
Desde el pasado 23 de abril, tras el anuncio del Presidente, Andrés Manuel López, para establecer las medidas de austeridad en dependencias y entidades de la Administración Pública, también fue publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Sobre este mismo tema, la iniciativa ciudadana “Pacto por la Primera Infancia”, al conocer la disposición presidencial publicó una Carta Abierta dirigida al Presidente de la República y a sus secretarios de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y de Salud; en la que se expuso que, derivado de la aplicación del citado decreto se pone en riesgo el “derecho de prioridad y el interés superior de la niñez”, establecidos en la Constitución.
La organización civil alertó que de no ser operativos los programas, se transgreden los derechos de las niñas y niños en su primera infancia, pues al agravar las circunstancias durante esta emergencia sanitaria, esta población se coloca en condiciones de extrema vulnerabilidad.
La reciente captura de El Mencho volvió a activar el ritual que ya conocemos: euforia oficial, trends en redes sociales y la promesa de que ahora sí se está combatiendo frontalmente al narcotráfico.
El ingreso mensual de un legislador equivale a casi 14 meses de salario mínimo.
Prevén que el documento sea enviado hoy por la tarde tras una revisión.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
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Escrito por Redacción