La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
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La conformación de un seguro de desempleo, la promoción de incentivos fiscales para la contratación de grupos vulnerables; así como la consolidación de un Sistema Nacional de Cuidados, son sólo algunas de las propuestas de campaña relacionadas con la agenda laboral rumbo a la Presidencia de la República.
Tras iniciar oficialmente las campañas presidenciales, todos los partidos políticos promueven, en sus plataformas electorales 2024-2030, dichas acciones relacionadas con la incorporación al mercado laboral de grupos vulnerables como mujeres y jóvenes, mejora de condiciones de trabajo, pensiones y aspectos vinculados con las nuevas tecnologías y la sustentabilidad.
Según los partidos, entre sus prioridades está el consolidar un Sistema Nacional de Cuidados, con el fin de favorecer la incorporación de mujeres a la economía, toda vez que, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) este proyecto tendría un costo anual del 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en las finanzas públicas.
De igual manera, las fuerzas políticas destacan la conformación de un seguro de desempleo, mismo que tiene como propósito garantizar un ingreso a las personas que pierden su trabajo; propuesta que también contempla un apoyo económico para las “víctimas de emergencias por desastres naturales y humanos como pandemias, terremotos, inundaciones, huracanes o cualquier situación excepcional”, iniciativa de Movimiento Ciudadano (MC).
A pesar de que en más de 70 países es una realidad el seguro de desempleo, en México aún no existe una política federal en la materia, aunque algunas entidades ofrecen dicho apoyo, sin embargó, no hay una estrategia que abarque a toda la fuerza de trabajo del país.
Por otro lado, la promoción de incentivos fiscales para ampliar el acceso de grupos vulnerables al mercado laboral es impulsada por la coalición “Fuerza y corazón por México”, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), el cual propone “beneficios fiscales para las empresas que contraten jóvenes sin experiencia laboral y personas mayores de 45 años”, asimismo, es impulsada por MC para la contratación de personas cuidadoras.
Cabe destacar que las fuerzas políticas coinciden en la existencia de desafíos en el mercado laboral, tales como la necesidad de mejorar las condiciones laborales y eliminar la discriminación. En este sentido, se comprometen a fortalecer el trabajo digno en el país.
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Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
Alrededor del 35 por ciento de las graduadas en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Usuarias exigen al STE restablecer las medidas de protección para mujeres, así como reforzar la vigilancia y el respeto a la señalética existente.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.