El pasado dos de junio, Claudia Sheinbaum obtuvo la Presidencia de la República, pero no el poder político porque éste se mantendrá en manos del “jefe máximo” de Morena, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y, sobre todo, de los dueños de las grandes corporaciones mercantiles, industriales y financieras de México y Estados Unidos (EE. UU.).

El poder real de los grandes capitales se exhibió cuando el promotor de un nuevo “maximato” anunció que, en septiembre, el Congreso de la Unión aprobaría su “Plan C” y automáticamente se depreciaron las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el peso frente al dólar, cuya devaluación provocó que la deuda pública llegara a los 18 billones de pesos (bdp).

A decir de especialistas en finanzas, el crecimiento de la deuda pública contratada en dólares y pesos se debe a que el gobierno de AMLO solicitó nuevos créditos, renegoció otros a corto, mediano y largo plazos y las tasas de interés nacionales e internacionales se elevaron.

El gobierno de AMLO recurrió a un altísimo marcador de endeudamiento debido a que no promovió una reforma fiscal para financiar sus numerosos programas sociales “compra-votos”, sus “mega-obras” –Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Tren Maya, refinería de Dos Bocas– y la costosa campaña de promoción electoral a favor de Claudia Sheinbaum, sostenidas durante casi seis años.

Para cubrir buena parte de estos gastos, el aún Presidente distrajo recursos financieros de dependencias gubernamentales tan sensibles como las secretarías de Salud (SS), Educación (SEP) y Seguridad Pública (SSP), áreas donde sus resultados fueron desastrosos, aunque éstos se debieron también a la falta de un plan de gobierno bien estructurado.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que en 2019 la deuda pública era de 10.5 bdp y que al 30 de abril de 2024, era de 13.3 bdp; pero según el análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de especialistas locales, al final de este sexenio (septiembre), podría llegar a los 18 bdp.

Un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados indicó que, al 31 de enero, la deuda externa del Gobierno Federal era de 225 mil 298.1 millones de dólares (mdd) y que había aumentado 1.6 por ciento con respecto a enero de 2023.

En los Precriterios de Política Económica 2025 que, en marzo pasado, el gobierno de AMLO presentó al Congreso de la Unión, se propone un recorte al gasto público de 833 mil 664 millones de pesos (mdp) por lo que, de los nueve bdp de este año, el presupuesto federal bajaría a poco más de ocho bdp en 2025. El texto oficial, sin embargo, no precisa qué rubros serán recortados.

El Banco Mundial, una de las piezas centrales del capitalismo financiero internacional, otorgó al gobierno de AMLO un nuevo préstamo por mil mdd el pasado tres de junio, mismo que había sido solicitado apenas el 11 de abril de este año.

Esta institución bancaria prestó mil mdd el ocho de junio de 2020; así como dos créditos de 700 mdd cada uno en 2022 y 2023; hasta esa fecha, el gobierno mexicano se había endeudado con dos mil 331 mdd en sólo año y medio.

La permanente campaña electoral de Claudia Sheinbaum se financió con recortes al gasto público sobre la mayoría de las dependencias federales y con préstamos emergentes solicitados a instituciones bancarias.

En cuanto a la enorme distracción del erario en las “magnas obras”, basta con citar los 18 mil mdd invertidos en la refinería de Dos Bocas –según calculó en 2023 Bloomberg, agencia internacional de análisis financiero– sin que hasta ahora produzca un solo litro de gasolina y con la que aseguraron que México ya no importaría combustibles del extranjero.

Estas inversiones y los apoyos monetarios en efectivo para varios sectores sociales han provocado un gran déficit fiscal o desequilibrio en las cuentas gubernamentales que, según el FMI y los analistas especializados, equivale a cerca del seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque el Gobierno arguye que es de cinco por ciento.

Al cierre de esta edición, expertos advertían que la depreciación del peso frente al dólar provoca un aumento de la deuda externa contratada en la moneda estadounidense y que, por tal motivo, se vuelve más riesgoso por el desbalance fiscal del Gobierno Federal.

Esta combinación, explicaron, puede reducir la calificación crediticia internacional de México e inducir a los prestamistas a elevar las tasas de interés, así como a un alza en el costo de las deudas que ya “devoran” el presupuesto público.

En los Precriterios 2025 se plantea precisamente reducir el déficit fiscal del cinco por ciento del PIB de este año, al 2.5 por ciento el año próximo; por lo que habrá un recorte en el gasto público y, a causa de éste, un menor crecimiento de la economía nacional.

En ese mismo documento oficial se estima que el crecimiento económico en 2024 oscilará entre 2.5 y 3.5 por ciento y que en 2025 será entre el dos y el tres por ciento; aunque el FMI calcula que será de 2.4 por ciento.

Esta institución explica que el déficit quizás baje a cuatro o 4.5 por ciento; pero no al 2.5 por ciento, como aduce el Gobierno; y si permanece por encima del cinco por ciento, se arriesgará la calificación crediticia internacional.

En un informe del 17 de abril, el FMI reveló que la reducción al desbalance fiscal no será suficiente para evitar el incremento de la deuda; y que su actual equivalencia de 47.9 por ciento pasará al 50.3 por ciento del PIB, en pesos “saltará” de 15 a 18 bdp y que, en los siguientes cinco años, se mantendría arriba de 50 por ciento del PIB.

La mano del poder financiero

Las turbulencias en el mercado comenzaron el lunes tres de junio, cuando en la BMV se retiraron inversiones en papel y el peso se depreció frente al dólar, cuando la nueva “aplanadora legislativa” de Morena y sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) expresaron su apoyo incondicional a las iniciativas de reforma constitucional del Presidente.

Al cierre de esta edición, Morena y sus aliados habían alcanzado 82 de los 128 senadores, con lo que tenían mayoría simple y se hallaban cerca de los 85 senadores requeridos como mínimo para contar con “mayoría calificada”; y en la Cámara de Diputados acumulaban 365 de los 500 escaños, con los que conseguían la mayoría simple y también la “calificada” que requiere 333 votos para modificar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

Entrevistado por buzos, Rodolfo Martínez, académico constitucionalista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), precisó que, con su reforma al Poder Judicial, AMLO “pretende controlar absolutamente todo desde las oficinas de Palacio Nacional en materia económica.

“Sin duda, el Poder Judicial de la Federación es perfectible, la Suprema Corte es perfectible… pero modificar todo como se pretende hacer nos va a llevar a que el Poder Judicial sea una extensión de Palacio Nacional, tal como lo es actualmente el Congreso de la Unión.

“Sus ansias de tener todo el poder son como las de los Presidentes autoritarios. No hay que olvidar que, en su juventud, (AMLO) se formó dentro del PRI, en oficinas de gobierno que eran emanadas del PRI”, puntualizó el académico.

Por otro lado, el analista financiero Kristóbal Meléndez informó a buzos que “difícilmente va a haber una reforma contundente contra el Poder Judicial. Lo más seguro es que sea un punto intermedio, negociado… un cambio completamente radical difícilmente se daría”.

Meléndez consideró que la turbulencia en la cotización peso-dólar será temporal y se superará cuando amaine la especulación financiera promovida por los capitales acomodaticios que entran y salen del país con relativa facilidad.

“Es el capital golondrino, el que se ve que de pronto baja la bolsa de valores o el tipo de cambio; pero siempre ha sido especulador y, en el momento en que se calme la situación, ese capital va a volver a ingresar al país”.

Al cierre de la presente edición, ni siquiera la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez, pudo frenar la “turbulencia” financiera con su anuncio del miércoles 12 de junio, en torno a que podrían invertirse 30 mil mdd para estabilizar el sistema cambiario, aunque, desde 1994, éste únicamente se rige con las reglas del libre mercado.

Ese día, a pesar del anuncio de la titular de Banxico, siguió la “volatilidad” y el dólar se ubicó en 18.97 pesos, rozando los 19 pesos; mientras, el viernes 14 mostró una ligera recuperación, pero cerró la semana con pérdidas.

El viernes siete de junio, casi una semana después de las elecciones, el peso reportó una pérdida de 8.34 por ciento y el dólar se apreció en 18.40 unidades de la moneda mexicana, el retroceso más importante desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020.

El 13 de junio de 2024, la especialista Gabriela Siller señaló que el peso había perdido 14 por ciento de su valor anterior, que se cotizaba en 18.60 pesos por dólar y que, de seguir así, podría alcanzar los 20 pesos en las próximas semanas.

Siller, quien se desempeña como analista en jefe del Grupo Financiero Base, detalló a Radio Fórmula, que se desploma la confianza de la inversión privada en la economía mexicana. “Hay nerviosismo, y pareciera que a nivel internacional ya no les interesa tanto invertir en el peso, a pesar de la altísima tasa de interés que tenemos ahora… Lo que hemos visto… es una depreciación de 14 por ciento desde el mínimo de este año de 16.26 (pesos por dólar) hasta estos 18.60”.

La experta agregó que una fuerte depreciación del peso ante el dólar también puede repercutir en el ciudadano común: “se puede ver reflejada rápidamente sobre el incremento de los precios; es decir, presionar la inflación al alza, así como las tasas de interés, perjudicando a quienes pagan créditos, como los bancarios”.

El Plan C de AMLO

Entre las iniciativas de reforma constitucional de AMLO, denominadas por él como Plan C, destacan la reducción de 11 a ocho o nueve los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y que los magistrados y jueces sean electos por voto directo.

El pasado 21 de febrero, el Presidente reconoció públicamente que este proyecto tuvo sus antecedentes cuando, entre 2019 y 2022, había intervenido en las decisiones del Poder Judicial a través del exministro y expresidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, quien ahora milita en Morena y pertenece al equipo de transición de Claudia Sheinbaum.

Igualmente impuso a tres incondicionales en el pleno de la SCJN: Yasmín Esquivel Mossa; Loretta Ortiz y más recientemente, a Lenia Batres, hermana del Jefe de Gobierno saliente de la Ciudad de México (CDMX), Martí Batres.

AMLO también pretende eliminar organismos autónomos que sirven para evitar los abusos del poder presidencial, como es el caso del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la Información y protección de datos personales (Inai), responsable de proteger los datos personales de los ciudadanos y disponer de información sobre el funcionamiento del Gobierno y el contenido de los 15 tratados comerciales internacionales firmados por México, entre ellos el T-MEC (México-Estados Unidos-Canadá).

En la “lista negra” figuran también las comisiones Reguladora de Energía (CRE), y Nacional de Hidrocarburos (CNH); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), regulador del mercado de las telecomunicaciones, y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco), encargada de garantizar las condiciones de competencia económica en los mercados nacionales.

José Ramón Cossío, exministro de la SCJN, alertó que la reforma constitucional del Poder Judicial difícilmente podría aprobarse porque “las condiciones materiales no están dadas… Creo que es más un espacio de disputa política”.

En la ponencia División de poderes que leyó el pasado 10 de junio ante estudiantes de derecho, Cossío previó que esta disputa expresa la reconfiguración política del país, que determinará quién de los dos, AMLO o Sheinbaum, mandará realmente a partir del 1° de octubre.

Después de que estalló la turbulencia financiera, AMLO aún promovió su reforma judicial en sus conferencias de prensa matutinas: El viernes 14 de junio aseveró que tiene el objetivo de quitar el control del Poder Judicial a la delincuencia organizada y colocar en su lugar a ministros y jueces del “pueblo”.

Días antes, el 11 de junio, se había burlado de una posible fuga de capitales e inversiones privadas y calificó esa versión como un “chantaje de los de arriba” para imponer la aprobación de su reforma.

La presidenta electa Sheinbaum, mientras tanto, procuraba matizar las bombas verbales de su padrino y prometía respetar el Estado de Derecho ante los corporativos e inversionistas financieros, y anunció que el proyecto de reforma judicial será sometido a consulta popular y foros de análisis con “expertos”  coordinados por Morena.

Sheinbaum ante el gran capital

Hace unos días, directivos de corporativos nacionales e internacionales, como el estadounidense Walmart, ofrecieron a Sheinbaum que durante su gobierno harán inversiones millonarias siempre y cuando evite el desmontaje del Poder Judicial y los organismos autónomos que AMLO pretende eliminar.

El 11 de junio, la Presidenta electa se reunió en privado con enviados del gobierno del presidente estadounidense Joseph Biden, con quienes platicó informalmente sobre comercio y otros asuntos de la relación bilateral.

El tres de junio, Sheinbaum recibió a los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), los 57 empresarios más acaudalados del país, quienes plantearon millonarias inversiones en el próximo sexenio siempre y cuando prevalezca el Estado de Derecho aún vigente.

El Consejo está conformado por los dueños de los grupos empresariales más influyentes, como Grupo Carso (Telmex), Grupo Bimbo, Liverpool, Kimberly-Clark, Femsa (Coca Cola), Grupo Modelo, Cementos Chihuahua, Grupo Vitro y Grupo Posadas.

Anteriormente, el seis de junio, Sheinbaum se reunió con Sergio Méndez, director general de Blackrock en el país, el principal fondo de inversiones del mundo, quien ofreció aumentar sus proyectos en el país durante el siguiente sexenio.

También ha conversado con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial; Kristalina Georgieva, directora general del FMI; y Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con quienes estableció compromisos de colaboración.