Los programas sociales no sacan de la pobreza a sus beneficiarios y en el mediano y largo plazo serán un riesgo de mayor déficit para las finanzas públicas del Gobierno Federal, dice el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esta conclusión, de acuerdo con organizaciones civiles y ciudadanos entrevistados, cuestiona la eficacia de la entrega de dinero en efectivo o en tarjetas de los programas asistencialistas a los que dio prioridad el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y dará continuidad la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. 

El combate a la pobreza fue una de las principales banderas del mandatario saliente y, para erradicarla, recurrió a la entrega de apoyos económicos vía transferencias monetarias a través del Banco del Bienestar.

Según un informe de Carlos Torres Rosas, coordinador general de los Programas del Bienestar del Gobierno Federal, el año pasado 25 millones de mexicanos, que integraban el 71 por ciento de los 37 millones de hogares del país, recibían algún tipo de apoyo social a través de 16 programas “prioritarios”.

El documento detalla que éstos atienden a “diversas poblaciones objetivo que comprenden adultos mayores, personas con discapacidad, productores agrícolas, estudiantes, jóvenes, niñas, niños y adolescentes, entre otros grupos vulnerables”.

Señala también que el gobierno morenista centró su atención “en una amplia gama de temas, entre los que destacan la mejora educativa y de salud, hasta la mejora productiva en el sector rural y el bienestar económico”.

Sin embargo, el reporte del Coneval desmiente enérgicamente los resultados finales del gobierno morenista, lo que explica el que éste sea uno de los organismos autónomos condenados por AMLO, porque quedará supeditado al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El último informe del Coneval recuerda que antes del arribo del mandatario morenista a la Presidencia de la República en diciembre de 2018, en el país había 150 programas sociales, que se redujeron a 146 al eliminarse 18 y crearse 14 enfocados a los problemas de salud y educación.

Es por ello que en 2020 el Coneval contabilizó 153 programas y acciones sociales de carácter federal, 11 mil 508 estatales y municipales; en 2021, un número similar en los tres niveles de gobierno; y en 2023, su inventario reportó 121 programas federales, mil 38 estatales y 10 mil 349 municipales.

Ejemplos relevantes de programas sociales de nivel municipal se dieron en Amozoc, Puebla, con la “entrega de libros de texto”, y en la capital poblana, cuyo ayuntamiento promovió “actividades culturales y recreativas emergentes” y, entre otros, uno para estimular a “empacadores voluntarios”.

En Oaxaca, una de las entidades con los mayores índices de pobreza según el Coneval, se organizaron “caravanas móviles” y se crearon programas para “empoderar a mujeres”, “reforestar” llanos y cerros; “fomentar la lectura” y disminuir la pobreza.

En la lista de los programas sociales de entidades y municipios se hallan unos que lo mismo se enfocan a proveer “desayunos calientes y fríos”, a “entregar recursos para transporte”, a crear “escuelas de iniciación deportiva virtual” y “becas educativas”, que a construir “pisos firmes”, “entregar tinacos y laminas”, kits de herramientas” y “paquetes de pollos o lechones”.

A decir del Coneval, el inventario nacional de programas “tiene la finalidad de dar a conocer cuáles son las intervenciones del gobierno en ese ámbito y con ello, proveer información para la toma de decisiones que contribuyan a mejorar la política pública”.

Una bomba de tiempo

Entre las conclusiones de su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2024 (IEPDS) el Coneval dice que “los programas sociales deben ser vistos como mecanismos que propician las condiciones que contribuyen a asegurar el ejercicio de los derechos sociales”.

Pero precisa que es necesario que los gobiernos destinen recursos “como inversiones sociales que repercuten en mejores niveles de educación, salud, cuidados, condiciones de vida, innovación y participación laboral que, a futuro, ayudan a incrementar la fuerza productiva y económica del país”.

Además, destaca que durante el sexenio que está por finalizar, “las carencias de acceso a la seguridad social y a la salud son las de mayor incidencia a nivel nacional”; es decir, hay muchos mexicanos sin atención sanitaria, especialmente, las comunidades indígenas y rurales, grupos “históricamente discriminados”.

Y en el ejercicio de los derechos sociales de la población indígena, existen brechas “entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores”, así como entre las mujeres y personas con discapacidad.

Además de evidenciar los lastres que el gobierno de AMLO heredará al nuevo Gobierno, el Coneval advierte que el gasto público destinado a los programas sociales es demasiado alto y pondrá en un predicamento financiero a la nueva administración federal.

El informe final detalla: “si bien se reconocen los esfuerzos por aumentar la cobertura y alcance de los programas sociales, su sostenimiento financiero en el mediano y largo plazo requiere del fortalecimiento del sistema tributario a través de medidas progresivas, así como la diversificación de fuentes de ingresos del sistema”.

AMLO repitió, a lo largo de su sexenio, que los programas sociales se financiaron gracias a su política de austeridad, al recorte salarial de los burócratas federales con mayores ingresos y a la venta de petróleo.

Apenas el pasado 11 de julio, en su conferencia de prensa matutina, el Presidente afirmó que su administración ahorró 36 mil millones de pesos (mdp) con la eliminación de la “caja de ahorro” con la que se pagaban las prestaciones otorgadas a los funcionarios de alto nivel de los gobiernos anteriores. En su VI y último informe de gobierno, el pasado primero de septiembre, aseguró que entre 2018 y 2022, cinco millones de mexicanos abandonaron la pobreza y que en promedio cada mes 100 mil personas salieron de ésta.

Los “otros datos” del Coneval

Pero el IEPDS 2024 del Coneval, tiene “otros datos” y revela que en 2022 había 46.8 millones de mexicanos en “situación de pobreza”, 37.7 millones en “situación de pobreza moderada” y 9.1 millones en “pobreza extrema”; que la población “vulnerable por carencias sociales” era de 37.9 millones y la “vulnerable por ingresos” era de 9.3 millones de personas.

Y aunque ciertamente la pobreza se redujo en 5.1 millones de personas –bajó de 51.9 millones en 2018 a 46.8 millones en 2022– en ese mismo periodo el número de mexicanos en extrema pobreza aumentó en 400 mil al pasar de 8.7 millones en 2018 a 9.1 millones en 2022.

En ese lapso, además, el país vivió uno de sus episodios más críticos y dramáticos debido a que 30 millones perdieron la posibilidad de acudir a los servicios de salud pública (en 2018 eran 20.1 millones y en 2022 sumaban 50.4 millones); hace dos años, el rezago educativo afectaba a 25.1 millones y el número de personas con carencias sociales se elevó a 5.2 millones.

La pobreza extrema creció casi en la misma proporción en los medios rural y urbano. En el primer caso, 4.5 millones más; y en el segundo, 4.4 millones para sumar 9.1 millones. El IEPDS 2023 informa que en la región sur del país se localiza la población con mayor incidencia de personas en situación de pobreza extrema.

Chiapas ubicó al 67.4 por ciento; Guerrero, 60.4 por ciento; Oaxaca, 58.4 por ciento; Puebla, 54 por ciento; Tlaxcala, 52.5; y Veracruz, el 51.7 por ciento; en contraste con Baja California Sur, Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, donde los índices de pobreza extrema soin menores al 20 por ciento.

Transferencias monetarias no reducen la pobreza

El presidente de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), Rogelio Gómez Hermosillo, dijo a buzos que no hay información estadística suficiente que pruebe el dicho de AMLO de que cada mes 100 mil mexicanos dejan la pobreza y lo atribuyó a una más de sus “afirmaciones sin datos”.

Además, puntualizó que “la pobreza no se puede resolver con transferencias monetarias. Se requiere, por un lado, que el ingreso de las personas por su salario les permita superar la pobreza; y por el otro, garantizar servicios de salud, educación, etc., con calidad para toda la población. Estamos muy lejos de eso”.

Con respecto a los ingresos salariales dijo que siete de cada 10 mexicanos tienen bajos ingresos que no les permiten superar el umbral de la pobreza; es decir, no les alcanzan para comprar la canasta básica y, peor aún, para acceder a servicios básicos como salud y recreación.

Aunque estas limitaciones se arrastran desde hace muchas décadas, se han agudizado en los últimos años y, desde la perspectiva de Gómez Hermosillo, “para garantizar un auténtico Estado de bienestar para las personas, ningún programa social puede sustituir a las prestaciones de servicios de calidad, con equidad, realmente universales, como salud y educación”.

El activista afirmó que ahora existe mayor rezago educativo en niños, niñas y jóvenes, “por no hablar de la calidad de la educación, que ésa viene deteriorándose desde hace muchos años”. Hay, asimismo, pérdida en el acceso a los servicios de salud y se redujeron todos los indicadores de salud, incluida la expectativa de vida.

“Y, lamentablemente, las condiciones en el sistema laboral, que es la base para superar la pobreza, no se han transformado sustancialmente”, agregó el dirigente de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, quien coincidió con otras voces expertas en que los servicios de salud y educación no pueden ser sustituidos con transferencias monetarias.

“El Presidente incluso ha asegurado que sus programas sociales son universales, para todos, pero no es así, salvo el destinado a adultos mayores”, apuntó Gómez Hermosillo, quien aseguró que los montos de los apoyos, además, son insuficientes para sacar de la pobreza a sus beneficiarios y que algunos de los programas son ocurrencias que carecen de sustento.

Entre éstos citó el de Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), cuyos resultados han sido nulos porque ahora “no hay más jóvenes con trabajos formales”, que sería uno de sus propósitos, junto a una mayor permanencia de estudiantes en las escuelas de educación media superior.

El activista aseveró que la cobertura de estos programas es mínima, como lo ha documentado Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Donde no llegan los apoyos

Entre los mexicanos que no reciben apoyos se encuentra la señora Ana Laura Hernández Valenzuela, quien desde hace más de cinco años vive en la colonia Zapata Sur III, de Mérida, Yucatán.

Su hogar se halla entre caminos polvorientos que en tiempo de lluvias se encharcan con agua y lodo, que a su vez se convierten en criaderos de mosquitos que generan el dengue. Los centros de salud y las escuelas se hallan lejos del predio donde habita y su casa, construida con madera y láminas, carece de agua potable, drenaje y electricidad.

“Tenemos casi cinco años viviendo así. La mayoría de mis vecinos nos pasamos a este predio irregular durante la pandemia. Mi esposo era músico, pero se quedó sin trabajo, lo que nos orilló a venir aquí”, dijo a este medio.

“En temporada de calor no lo aguantamos; se siente mucho. Y ahorita, en temporada de lluvias, hay filtración de agua en la casa. Mi casita es de lámina y de cartón con tarimas alrededor. Pero, aunque uno cambie y ponga lonas o lo que sea, se filtra. Es demasiada la humedad, sobre todo en las noches, cuando se siente más el frío. En mi casa tengo dos niñas de seis y dos años y se me enferman muy seguido”, comentó.

En esta misma situación se hallan más de 100 familias que habitan la colonia Zapata Sur III, que no cuenta con alumbrado público. Ana Laura reveló que todos los colonos han solicitado a los gobierno estatal y Federal que atiendan sus necesidades. “Queremos que el gobierno nos voltee a ver un poco; que no se olvide y que nos dé una solución a esto porque la estamos pasando mal. Ahorita que son las temporadas de lluvias y los vientos fuertes, es traumático estar en esta situación”.

El señor José María Castillo Canul dijo que “las carencias que nosotros tenemos afectan también a mujeres, niños, adultos y personas de la tercera edad. Con la ayuda del gobierno podríamos pasar menos necesidad, por lo que pedimos a las autoridades que nos volteen a ver ante las carencias que tenemos en este lugar, donde estamos por necesidad”.