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La militarización en las sociedades es un recurso muy útil para sobreponerse a circunstancias históricas especiales cuando la integridad de una nación, un actor político o un gobierno determinado se encuentra en riesgo. En general, el concepto se aplica cuando en un Estado nacional se decide distribuir estratégicamente a los efectivos de sus fuerzas armadas en múltiples actividades para hacer valer la voluntad del gobierno en un escenario problemático.
La experiencia histórica ilustra que, en realidad, esas acciones pueden desplegarse de forma distinta. Si se piensa, por ejemplo, en los primeros ejércitos nacionales, como los de la Revolución Francesa y el Imperio de Napoleón, es evidente que los elementos de la militarización cubren a la sociedad o, por lo menos, a todos los franceses que estuvieran en capacidad de empuñar un arma e instruirse para derrotar a las fuerzas de las monarquías del antiguo régimen. También pueden desplegarse de formas más estrechas; por ejemplo, para reforzar organismos armados domésticos, que operan para garantizar la continuación del statu quo en un territorio o país mediante la neutralización de agentes internos que atentan contra la paz social.
En esta canasta entran prácticamente los gobiernos en guerra civil, como los gobernantes títeres de Inglaterra, Francia y Estados Unidos (EE. UU.) que existían en Asia y África durante las revoluciones de liberación nacional del Siglo XX; así como el caso del gobierno colombiano que, bajo la retórica del combate a un crimen organizado terrorista, robusteció sus elementos militares y permitió la intervención de las fuerzas estadounidenses en su territorio.
Ahora bien, a pesar de que va contra lo que determina la Constitución, desde 2019, la militarización de la Guardia Nacional que ha impuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) parece un paso positivo para combatir al crimen organizado. Frente al grave problema de seguridad que atraviesa el país, la conversión de la Guardia Nacional –integrada con personal policiaco no militar y regida por “instituciones jurídicas y autoridades civiles”– en un organismo de naturaleza militar y cubierto por la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Juan Manuel Otero Varela, El Financiero 11 de agosto de 2022), permiten suponer que el Presidente comete una ilegalidad porque se trata de una medida justa y necesaria.
Sin embargo, como bien señala Otero Varela, es evidente que, desde hace muchos años, “algo en las políticas de seguridad nacional y de seguridad pública no está funcionando”. Hoy, esa “disfuncionalidad” es más grave aún. Así, tanto la política de nula intervención contra el crimen organizado que ha seguido el Estado mexicano desde 2019, como las elevadas cifras de las matanzas que ocurren bajo el gobierno del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) –el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó recientemente que, en 2021, hubo 35 mil 625 homicidios, un número similar al de 2020– pueden hacer pensar que la militarización de la Guardia Nacional no será precisamente un recurso para detener problemas como el narcotráfico.
¿Para qué se está militarizando, entonces, un organismo de carácter civil como la Guardia Nacional? Y si la administración de AMLO no está dispuesta a cambiar su política de “abrazos, no balazos”, ¿cuál es la razón de que se atreva a violar la Constitución subordinando aquel organismo al Ejército? Si el análisis parte del propósito general que tiene un proceso de militarización cualquiera, queda claro que el engrosamiento de las fuerzas armadas gracias a la integración de la Guardia Nacional al Ejército –acompañado, claramente, por una mayor porción de presupuesto para la Sedena– servirá para imponer la voluntad del gobierno. El asunto es sobre quién se quiere imponer esa voluntad. Si no es, como se constata, contra el crimen organizado, que crea un verdadero caos interno (véase Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, etc.), ¿no será que las armas se concentran para neutralizar a quienes se oponen a las arbitrariedades de Morena?
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Escrito por Anaximandro Pérez
Doctor en Historia y Civilizaciones por la École de Hautes Étus en Sciences Sociales (EHESS) de París, Francia.