Justo en el Día de la Libertad de Expresión, fue asesinado Telésforo Santiago Enríquez, locutor de Estéreo Cafetal La Voz Zapoteca, por un comando armado que le disparó a quemarropa en el paraje El Portillo de la Flores cerca de las cuatro de la tarde, en el municipio de la Sierra Sur oaxaqueña.

Los crímenes y agresiones en contra de periodistas en Oaxaca se han intensificado durante el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, según datos de organismos de la sociedad civil, la Defensoría de los Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) e informaciones de la Fiscalía General del Estado.

En los crímenes permea la impunidad. El asesino del reportero Marcos Hernández, un comandante de la Policía Estatal, quedó en libertad en menos de dos años por errores en la integración de la carpeta de investigación, pese a que fue condenado a 40 años de prisión.

Según la organización Artículo 19, en Oaxaca se documentaron 15 crímenes contra periodistas entre 2000 y 2017.

Entre las víctimas figuran Alberto López Bello, reportero de El Imparcial; Octavio Rojas, del semanario Buen Tono; Abel Manuel Bautista Reymundo, periodista de una radio comunitaria de Juxtlahuaca; Armando Saldaña, del Diario de Veracruz, asesinado en Cosolapa; Filadelfo Sánchez Sarmiento, de La favorita de Miahuatlán; Marcos Hernández, reportero de Noticias.

A estos asesinatos se suman el atentado de Jaime Méndez Pérez, director de un portal informativo, y cuya casa fue incendiada en diciembre de 2017; y la desaparición de Agustín Silva Vásquez, el 21 de enero de 2018, en Matías Romero.

De 2015 a la fecha, según datos de la DDHPO, se interpusieron 169 quejas de periodistas: 33 en 2015, 47 en 2016, 56 en 2017, 30 en 2018 y tres en 2019, que generaron 79 solicitudes de medidas cautelares ante las autoridades responsables, como la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Sin embargo, Yésica Sánchez Maya, dirigente de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, sostiene que las cifras reportadas por la DDHPO están muy por debajo de lo que ocurre en la realidad.

Tan solo en el primer año del gobierno de Alejandro Murat, afirma, se registraron 144 agresiones contra periodistas; 103 fueron contra hombres y 37 contra mujeres, quienes sufrieron ataques verbales de connotación discriminatoria de género. Por el total de estas agresiones se emitieron 18 medidas cautelares para proteger la integridad física de 15 periodistas hombres, dos mujeres y una para las instalaciones de un medio.

“Oaxaca se encuentra entre los estados con mayor número de agravios a periodistas, superado por Veracruz y la Ciudad de México”, comentó la activista.

“Los dueños de las empresas periodísticas –entre ellos exgobernadores y otros políticos– se enriquecen de su complicidad con los gobiernos de manera ilegal, los periodistas de a pie carecen de los mínimos derechos laborales y sociales, como servicios médicos y salario mínimo. De esta situación se aprovechan los políticos y gobernantes para comprar, sobornar o someter a un sector de la prensa”, sostiene la líder de Consorcio.

Asegura además que la transición a la democracia fracasó y nada cambió tras la alternancia política de 2010, aunque ahora existan muchos protocolos y comisiones que de nada sirven.

Puntualiza que no han servido para nada la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR); el Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en México y en Oaxaca; la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social; la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo y la Defensoría Especializada en Protección a Periodistas.

“Todas sirven para justificar su negligencia”, afirma Yésica Sánchez.

Enemigo en casa

Los principales agresores son servidores estatales y municipales, particulares, organizaciones sociales o sindicales, policías municipales, funcionarios de la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal y la policía municipal.

Despuntan hostigamientos, intimidación, vigilancia y persecución física; seguidos de amenazas de muerte, agresiones verbales e intentos de robo de equipos y materiales de trabajo para propiciar la incomunicación.

La Fiscalía General de Oaxaca (FGO) informa que desde 2007 tiene abiertas 69 averiguaciones previas por delitos cometidos contra periodistas, de los que 10 son por el delito de homicidio. A éstas se suman las investigaciones por la desaparición de un periodista en el Istmo de Tehuantepec.

De estas investigaciones, tres se encuentran en proceso penal y cuatro averiguaciones en causa penal y las averiguaciones previas abiertas por acciones, cuyas víctimas han sido 82 periodistas.

En 2017 se creó la Unidad Especializada para los Delitos contra la Libertad de Expresión (UEDLE), dependiente de la FGO, cuyas labores tendrían que medirse “en función de los resultados”, prometió la Fiscalía.

En tan solo siete meses esta oficina recibió un total de 28 denuncias, la mayoría por delitos de amenazas y robos contra periodistas; 19 provinieron de la región Valles Centrales, cinco del Istmo de Tehuantepec y cuatro de la Costa.

En la historia reciente de Oaxaca, el sexenio de Gabino Cué Monteagudo fue el más cruento, pues tan solo el último mes de su gobierno fueron asesinados seis periodistas y 11 fueron en total las víctimas en todo su sexenio.

Para el titular de la DDHPO, Arturo Peimbert Calvo, el discurso oficial para la protección de los periodistas es demagógico.

En México, explica, se tiene un mecanismo de protección a periodistas que no funciona y en Oaxaca ni siquiera existe. “Lo único que hay son las medidas cautelares, pero éstas se han aprendido a litigar; es decir, las autoridades las aceptan, pero no quiere decir que las cumplan”, apunta.

Sin embargo, Peimbert Calvo reconoce que hay avance en la atención de las denuncias presentadas por el gremio periodístico, pero que no es suficiente porque las instancias encargadas de la seguridad pública de todos los ciudadanos, entre ellos los periodistas, no cumple con su función. Esto se evidencia en el hecho de que la FGO ha sido incapaz de garantizar justicia y los crímenes y las agresiones quedan impunes. El recién nombrado titular de la DDHPO, Bernardo Rodríguez Alamilla, coincide con su antecesor.

Alrededor del 90 por ciento de las carpetas de investigación abiertas por estos ataques en la FGO siguen sin concluirse y los responsables no han sido presentados ante la justicia.

“Si a estos datos les sumamos el clima de impunidad, tenemos un caldo de cultivo ideal para que siga esa escalada de violencia ante quienes ejercen la labor periodística”, afirma.

El Estado tiene la obligación de proteger la vida de quienes ejercen su derecho a la libre expresión y son responsables de investigar exhaustivamente y enjuiciar a quienes vulneran estos derechos, dijo Peimbert Calvo.

También sostuvo que las autoridades son las responsables de velar por la prevalencia del “Estado de derecho” en un sentido amplio, asegurando el acceso a la información de interés público; generando un entorno propicio para la competencia, la calidad y el pluralismo ideológico en los medios de comunicación; promoviendo el cumplimiento del servicio público de radio y televisión a través de medios de comunicación independientes y de calidad, así garantizando el derecho de lectores, usuarios y audiencias.

“Sin embargo, solo será posible en la medida en que se comprenda el fundamental papel que las y los periodistas juegan en la construcción de una sociedad informada y esta a su vez, como un medio de control del ejercicio arbitrario del poder”, sentenció.

Flor Hernández, actual directora general de Newsweek Oaxaca, quien recientemente recibió amenazas de muerte junto con otro grupo de periodistas, denunció que el periodista en Oaxaca vive con la muerte a causa del narcotráfico, las autoridades y sus “muchas cabezas”, los pequeños caciques y los “fuegos editoriales”; además de que prevalecen los intereses económicos de las empresas de medios sobre la vida de sus propios periodistas. En síntesis, el periodista en Oaxaca está solo.

“Es una situación bien complicada y aunque una nota sea la mejor, no vale la vida. ¿Qué se puede hacer? Requerimos el respaldo social y para ello los periodistas debemos volver a escribir para la gente y no solo para los políticos”, opinó la periodista Flor Hernández.

Periodistas oaxaqueños consultados por buzos, quienes por seguridad pidieron no mencionar sus nombres, advierten también sobre la infiltración de “orejas” (empleados de distintas dependencias de gobierno que fingen ser periodistas), la impunidad en los casos y la ineficiencia de la Fiscalía para investigar, el crecimiento del crimen organizado en Oaxaca y el incremento de la violencia y amenazas en redes sociales, y del mal manejo de la información.

En su informe Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva, presentado el dos de abril, Artículo 19 afirma que la violencia contra la prensa se disparó durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, pero que en el último sexenio se expandió a todo el país.

“En algunos estados de la República, como Tamaulipas, el silencio se convirtió en una forma de vida para los periodistas; en casos como Veracruz, que sigue siendo la entidad más violenta para ejercer el periodismo, fue necesario que los comunicadores se desplazaran de su lugar de origen y trabajo para intentar salvaguardar su vida”, comentó.

Sin embargo, dice que el México que dejó Enrique Peña Nieto es el más peligroso para ejercer el periodismo en el continente. A lo largo de su sexenio se cometieron 47 asesinatos, cuatro desapariciones y un total de dos mil 502 agresiones.

“El clima de miedo causado por estos delitos y violaciones a derechos humanos, que se cometen con total impunidad —y en la mayoría de las ocasiones con participación de las autoridades— es desmedido y el número de voces e historias que han sido silenciadas por el miedo, constituyen pérdidas imposibles de calcular”, indicó la periodista.

El 16 de mayo fue asesinado Francisco Romero en Quintana Roo. Es el quinto periodista asesinado por su labor profesional en lo que va de 2019. Con su muerte suman seis los periodistas ultimados en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Además, es el tercer periodista asesinado en el estado de Quintana Roo en menos de un año: José Guadalupe Chan Dzib y Rubén Pat fueron exterminados los días 29 de junio y 24 de julio de 2018, respectivamente.

El dos de mayo, el cuerpo de Telésforo Santiago quedó al interior de su auto. Peimbert Calvo revela que ya había denuncias sobre las amenazas de muerte al periodista y activista social de San Agustín Loxicha. “El Estado falló, no pudo protegerlo y hoy está muerto”, recalca el extitular de la DDHPO.