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Morena refrenda más de lo mismo en entidades
La mayoría de los gobiernos estatales del partido oficial se han caracterizado por su alto índice de trabajo informal y los elevados niveles de endeudamiento público.
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El pasado dos de junio, Morena ganó un gobierno estatal más –ahora tiene 24 de 32– pero en donde gobierna los servicios de seguridad pública, salud, educación e infraestructura urbana básica (sobre todo el agua) son insuficientes o deficientes.

Morena se quedó con siete de las nueve gubernaturas que estuvieron en disputa: en seis refrendó gobiernos y arrebató Yucatán al Partido Acción Nacional (PAN). Esta organización partidista retuvo la gubernatura de Guanajuato, y Movimiento Ciudadano (MC) hizo lo mismo en Jalisco.

La mayoría de los gobiernos estatales del partido oficial se han caracterizado por su alto índice de trabajo informal y los elevados niveles de endeudamiento público debido a los continuos recortes que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ordenó contra las asignaciones del gasto público federal destinadas a los 32 estados. 

Esos recursos financieros, que en miles de municipios pudieron haberse dedicado a la construcción de viviendas, infraestructura urbana básica (redes de agua potable, drenaje, electricidad, carreteras, pavimentación, etc.) fueron desviados hacia los programas sociales con los que la candidata presidencial morenista Claudia Sheinbaum Pardo consiguió arribar a Palacio Nacional. 

Esta forma de combatir la pobreza y marginación, revelan expertos en la materia, se basa en la aplicación de alivios temporales o paliativos que, a la vez, promueven el voto por Morena mediante el reparto de dinero en efectivo con tarjetas del “Bienestar”, multiplicadas por el gobierno de AMLO. 

De acuerdo con datos oficiales conocidos hasta el cierre de esta edición, Morena alcanzaría “mayoría calificada” en el Congreso de la Unión con los votos de los legisladores de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), sus aliados, y podría modificar los artículos de la Constitución que no había logrado cambiar AMLO.

La coalición Morena-PT-PVEM acapararía entre 346 y 380 de las 500 diputaciones federales, con lo que cubriría las dos terceras partes de la votación necesaria para alcanzar “mayoría calificada” en San Lázaro; mientras que en el Senado obtendría 88 de 128 senadurías, tres más de la votación requerida (85) para efectuar cambios en la Constitución. 

Es decir, Morena tiene ahora posibilidades de eliminar los organismos autónomos sobrevivientes del exterminio; reestructurar al Instituto Nacional Electoral (INE), desmembrar la legislación electoral y demoler al Poder Judicial de la Federación para favorecer el proyecto “transformador” y autoritario del aún Presidente de la República.

También conseguiría la aprobación de reformas constitucionales en materia petrolera y eléctrica y echar atrás la reforma de 2014 que abrió ambas industrias a la inversión privada; así como borrar la autonomía del Banco de México (Banxico) para controlar sus operaciones.

El tres de junio, al día siguiente de los comicios, la posibilidad de que, con Claudia Sheinbaum, estos proyectos se voten nuevamente y ahora sí se aprueben en el Congreso de la Unión provocó desplomes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en la cotización del peso frente al dólar.

La moneda estadounidense elevó su precio a 17.6895 pesos por dólar y la mexicana se depreció 4.5 por ciento, su mayor pérdida en un día desde junio de 2020, cuando los perjuicios económicos ocasionados por la pandemia de Covid-19 causaron su reducción.

En la BMV, la caída promedio de las inversiones bursátiles fue de 5.33 por ciento, la peor en una sola jornada de operaciones desde marzo de 2020, cuando el gobierno de AMLO generó expectativas de cambio en la estructura jurídica y fiscal del país.

“El mercado financiero está nervioso y esto se refleja en tres aspectos: el tipo de cambio, el IPC de la BMV y la tasa de los bonos del gobierno, que sube significativamente”, declaró a medios especializados Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero de Banco Base.

“Se tiene miedo de que la nueva administración quiera cambiar la Constitución. En términos económicos, preocupa la autonomía del Banco de México (Banxico) o que quieran cambiarle a un mandato dual, y también la disciplina fiscal”, resaltó Siller.

Las gubernaturas

Con datos preliminares del INE, la coalición oficialista ganó siete de las nueve gubernaturas en disputa para hacerse con el control de 24 de las 32 entidades del país, incluida la Ciudad de México (CDMX), gobernada hasta ahora por el morenista Martí Batres Guadarrama.

La capital de la república quedó en manos de Clara Brugada, aspirante de la alianza Juntos Hacemos Historia, quien recibió entre el 49 y el 52.8 por ciento de los votos, mientras que el aspirante de PRI-PAN-PRD, Santiago Taboada, obtuvo entre 37.2 y 40.5 por ciento.

En Veracruz, entidad cuyo gobierno está a cargo del morenista Cuitláhuac García Jiménez, se perfilaba como ganadora la ex Secretaria de Energía, Rocío Nahle, candidata de la coalición Morena-PT-PVEM-FxM (partido local Fuerza por México) con entre 57.4 y 61.5 por cierto de los votos; y José Francisco Yunes Zorrilla, aspirante del PRI-PAN-PRD, captaba entre 29.4 y 30.2 por ciento.

En Puebla, donde gobierna el morenista Sergio Salomón Céspedes, iba adelante Alejandro Armenta, del mismo partido, con entre 58.8 y 61.7 por ciento de los votos, y Eduardo Rivera Pérez, de la Alianza Mejor Rumbo para Puebla, PRI-PAN-PRD y el local Pacto Social de Integración (PSI), llevaba entre 31.2 y 34 por ciento.

En Tabasco, gobernado por el morenista Carlos Manuel Merino Campos, se perfilaba como ganador Javier May Rodríguez, aspirante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, con 83 por ciento de la votación; en tanto que Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD, sumaba entre 4.9 y 7.2 por ciento; y Lorena Beaurregard de los Santos, de PRI-PAN, con entre 3.4 y 4.9 por ciento.

Yucatán, entidad donde hace varias décadas gobierna el PAN y actualmente es mandatario Mauricio Vila Dosal, quedó en manos de Joaquín Díaz Mena, de la coalición Morena-PVEM-PT, con aproximadamente 48 por ciento de los votos; seguido por Renán Barrera Concha, de la alianza PAN-PRI, con 44 por ciento.

En Morelos, con Samuel Sotelo Salgado como encargado de despacho del gobernador con licencia Cuauhtémoc Blanco, quien alcanzó una curul en el Congreso Federal, la ganadora sería la aspirante morenista Margarita González Saravia, con 48.9 por ciento de los votos.

González Saravia dejó atrás a Lucía Meza Guzmán, candidata de la coalición Por la Seguridad y Dignidad de Morelos PRI-PAN-PRD y el partido local Redes Sociales Progresistas de Morelos (RSPM), que obtenía 30.6 por ciento de los sufragios.

En Chiapas, donde gobierna Rutilo Escandón, de Morena, ganaba el candidato de ese partido, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, con 76.8 por ciento de los votos, superando a Olga Luz Espinosa Morales, de PRI-PAN-PRD, quien solamente captaba 13.7 por ciento.

La gubernatura de Jalisco, actualmente en manos de Enrique Alfaro Ramírez, del MC, se mantendría en poder de esta fórmula debido a que su aspirante, Pablo Lemus Navarro, obtenía entre 42.5 y 45.1 por ciento de los votos.

Detrás de Lemus se ubicaba Claudia Delgadillo González, candidata de la coalición Hagamos Futuro, Morena-PT-PVEM, con entre 36.4 y 39.4 por ciento; y Laura Haro Ramírez, de la alianza PRI-PAN-PRD, entre 15.2 y 17 por ciento.

Guanajuato, gobernado por el panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, quedó en poder del PAN, con Libia García Muñoz Ledo, aspirante de la alianza PRI-PAN-PRD, quien acumulaba entre 49.9 y 52.6 por ciento de los sufragios, seguida por Alma Alcaraz Hernández, de Morena-PT-PVEM, con entre 39.8 y 42.4 por ciento, y Yulma Rocha Aguilar, del MC, entre 5.3 y seis por ciento.

Además de las elecciones de gobernador, hubo también comicios para renovar 19 mil 634 puestos en congresos estatales, ayuntamientos, juntas municipales y las 16 alcaldías de la CDMX.

Estados morenistas

Hasta antes de los comicios de 2024, Morena gobernaba 23 entidades federales, pero en adelante lo hará en 24: Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chiapas; CDMX; Colima; Guerrero; Hidalgo; Estado de México (Edomex), Michoacán; Morelos; Nayarit; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo; San Luis Potosí; Sinaloa; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Tlaxcala; Veracruz, Zacatecas y Yucatán.

El PAN se quedará con cuatro: Aguascalientes; Chihuahua; Guanajuato y Querétaro; el PRI, con dos: Coahuila y Durango; y el MC con dos: Jalisco y Nuevo León.

Cinco de los estados que gobierna Morena, reportan los mayores porcentajes de población en pobreza: Chiapas, con 67.4 por ciento; Guerrero, 60.4; Oaxaca. 58.4; Puebla, 54; y Tlaxcala, 52.5 por ciento.

Morena también gobernará las cinco entidades con más población en pobreza extrema: Chiapas (28.2 por ciento), Guerrero (22.2), Oaxaca (20.2), Veracruz (13.1) y Puebla (11.4 por ciento), de acuerdo con la medición realizada en agosto de 2023 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Liderará, también, la lista de los estados con menos acceso a los servicios de salud pública: Chiapas (66.1 por ciento), Oaxaca (65.7), Guerrero (52.7), Michoacán (51.1) e Hidalgo (50.4 por ciento).

Le siguen Veracruz (49.2), Puebla (48.3), Morelos (46.4), Tlaxcala (45.2); Tabasco (44.8) y Edomex (44.2) por ciento, según la información del compendio El derecho a la salud para las entidades federativas de México, publicado por el Coneval en febrero de 2024.

Morena gobierna, asimismo, las entidades con más personas desempleadas: Chiapas, 37 por ciento de sus habitantes; Zacatecas, 36; Veracruz, 35.9; y Tabasco, 33.5 por ciento, de acuerdo con el reporte Escala de Trabajo Digno, divulgado el 21 de julio de 2023 por la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP).

También encabezará los estados con la mayor cantidad de personas que trabajan en la informalidad, cuyos ingresos son precarios, carecen de prestaciones laborales y no tienen acceso a servicios de salud: Oaxaca, 80 por ciento; Guerrero, 79; Chiapas, 74; Hidalgo, 71; Puebla y Tlaxcala, 70 por ciento, según la ACFP.

El Inegi reporta que, entre 2019 y 2023, se redujo del 62.4 al 52.3 por ciento la población con acceso permanente a servicios de agua potable en estas entidades gobernadas por Morena: Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.

En 2023, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Inegi reportó que en Guerrero, entidad con altos niveles de marginación y desigualdad social, únicamente 25 por ciento de los habitantes tiene suministro público de agua potable.

Entre 2021 y 2023, los estados con mayores descensos en la dotación del vital líquido fueron Hidalgo, con 38.6 por ciento, y Quintana Roo, con 27 por ciento, ambas entidades gobernadas por Morena.

Desatención social

Las tarjetas del Bienestar solamente representan un paliativo temporal para muchas personas, pero no combaten a fondo la pobreza, problema socioeconómico que únicamente puede superarse con mejor educación, acceso a servicios de salud, oportunidades de empleo permanente y buenos salarios, explicó el economista Juan Ignacio Gil Antón, analista de la organización México: ¿Cómo Vamos?

Gil afirmó, además, que los programas sociales del gobierno morenista no benefician a los mexicanos más necesitados, sino a los de mayores ingresos, debido a que en el primer decil, es decir, en la parte más baja de las 10 partes en que se dividen los ingresos, hay un ligero provecho; pero de ahí en adelante, la utilidad es para quienes más ingresos obtienen.

“En el primer decil, estos ingresos aumentaron en 24 por ciento; pero de ahí, el beneficio crece sostenidamente hacia los deciles superiores. Los resultados entonces no benefician más a quienes más lo necesitan”, aseveró Gil Antón en su análisis Informalidad, programas sociales y otros peligros, publicado el nueve de abril de 2024.

Existe otro problema social en extremo grave: la inseguridad pública que azota a la población de casi la mitad del territorio nacional: La empresa TResearch International, que contabiliza homicidios, reportó que, en 67 meses del actual sexenio, entre el 1° de diciembre de 2018 y el tres de junio de 2024 se habían registrado 188 mil 650 homicidios dolosos.

En el mismo periodo de 67 meses del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) hubo 102 mil 812 homicidios de ese nivel y otro igual al de Vicente Fox (2000-2006) 53 mil 275. TResearch calculó que, a finales del periodo gubernamental de AMLO, los homicidios dolosos llegarán a 199 mil 748.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que el Inegi aplicó en el primer trimestre de este año (enero-marzo de 2024) reportó que el 61 por ciento de los mexicanos con 18 años y más expresó inseguridad por vivir en su localidad; el 66.5 por ciento de los encuestados fueron mujeres y el 54.5 por ciento, hombres.

En una versión actualizada del mismo reporte (18 de abril de 2024), los municipios con más ciudadanos que se sintieron inseguros se ubicaron en estados gobernados por Morena: Zacatecas, Edomex, Guerrero, Morelos y Sonora.

Encabezan la lista Fresnillo, Zacatecas, con 95.4 por ciento; Naucalpan de Juárez, 89.6; Zacatecas, Zacatecas, 89.3; Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 87.3; Cuernavaca, 87 y Ciudad Obregón, Sonora, 86.6 por ciento.

La violencia electoral

De acuerdo con el análisis Votar con Balas, elaborado por Data Cívica y México Evalúa, entre diciembre de 2018 y el 1° de junio de 2024, se registraron mil 970 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros contra personas que se desempeñaron en el ámbito político partidista, gubernamental e instalaciones electorales.

 

 

Los perpetradores de esa violencia fueron mayoritariamente grupos de la delincuencia organizada, cuyos integrantes actuaron antes, durante y después de los procesos electorales para influir en la vida pública de estados y municipios.

Dalia Toledo, analista e investigadora del laboratorio de políticas públicas Ethos, informó a buzos que “es un tema de control, de dominio del crimen organizado, y de la injerencia que tiene en nuestros gobiernos… la conclusión más evidente es que hay intereses del crimen organizado y los candidatos tienen que estar alineados con esos intereses”.

Toledo destacó también que los candidatos sufrieron violencia política con o sin protección de las fuerzas militares y policiacas, “lo que nos habla de algo que se ha venido diciendo por mucho tiempo… de que el crimen organizado ha ganado muchísimo poder más allá del que tiene el Estado”.

Por su parte la consultora Integralia, en su informe 2023-2024, fechado el 28 de mayo de este año, reportó que hubo 749 víctimas de agresiones, incluyendo 231 asesinatos.

Reporta que el número de víctimas de violencia política se incrementó “en 150.5 por ciento en comparación a 2021, considerando homicidios y otros eventos de alto impacto, como atentados con arma de fuego y amenazas”.

En el reporte se observa que las entidades con más víctimas son estados gobernados por morenistas: Guerrero (105), Chiapas (88) y Puebla (68); y también presentan el mayor número de municipios con víctimas: Chiapas, con 29 alcaldías; Guerrero, 26; Puebla, 26.

Estados, ingresos y deudas

Un análisis publicado el seis de junio de 2023 por Expansión, medio especializado en economía y finanzas, en ese año, reporta que Morena gobernaba estatalmente a 90 millones 878 mil 235 personas, equivalentes a 72 por ciento de la población del país, entidades que reciben siete de cada 10 pesos de recursos federales y concentran 61 por ciento de la deuda total de las 32 entidades.

En su análisis Presupuesto 2024: una grieta en el pacto fiscal, publicado el 16 de noviembre de 2023, la organización México Evalúa señala que por primera ocasión en cuatro sexenios existe una disminución en el “gasto federalizado” (el dinero que la administración federal transfiere a las 32 entidades del país), porque este año se destinarán 2.55 billones de pesos, siete mil millones de pesos (mdp) menos que en 2023 (0.03 por ciento), pero uno por ciento (25 mil mdp) menos que en 2018.

Pero al corte del 25 de junio de 2023, la deuda de las 32 entidades del país era de casi 681 mil mdp según informó la dirección general de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado, cantidad mayor en 3.5 por ciento a la registrada en 2022. 

 

 


Escrito por Martín Morales


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