El estado de Guerrero ha sido recientemente foco de atención debido a los huracanes que han impactado su territorio. En octubre de 2023, el huracán Otis afectó principalmente al municipio de Acapulco y otros ubicados en la periferia. A finales de septiembre de este año, decenas de municipios de Guerrero y Oaxaca padecieron los estragos del huracán John, de categoría tres, que dejó 20 personas muertas y pérdidas millonarias en infraestructura pública y viviendas.

Cientos de familias afectadas siguen esperando la ayuda, no sólo por John, sino también por Otis. El pasado 11 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó Guerrero, acudió a la Doceava Región Naval en Acapulco y se reunió con la gobernadora Evelyn Salgado; a ese punto acudieron decenas de damnificados para protestar; exigían ser incluidos en el censo que realiza el Gobierno Federal. En sus pancartas podían leerse denuncias como “El censo de John es un fraude”, “No tenemos respuesta”, “No más diálogo, queremos apoyos”, entre otras, según reportaron medios locales. Para minimizar la protesta, los afectados fueron atendidos por personal de la Secretaría del Bienestar.

En el informe preliminar, elaborado a principios de octubre por Protección Civil, se reportó que unas 127 mil personas de 39 colonias urbanas y de 18 localidades rurales de Acapulco resultaron afectadas por el huracán John y que 39 mil 241 viviendas estaban dañadas. La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, atribuyó las afectaciones al exceso de lluvias, ya que “en cuatro días llovió el 84.5 por ciento de la lluvia que se registra en un año en Guerrero”.

La semana pasada, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, dio a conocer que 998 personas aún se encontraban en 18 refugios temporales; asimismo, estimó que los daños causados por el fenómeno meteorológico en Acapulco suman 50 mil millones de pesos. De hecho, esta ciudad –cuya principal actividad económica es el turismo– aún no se recupera de los estragos ocasionados hace un año por Otis.

Tras el paso de John por Guerrero, Protección Civil del estado informó que 157 municipios de la entidad presentaron daños “considerables”, la mayoría en la región de La Montaña.

Oaxaca también tuvo afectaciones. El Consejo Estatal de Protección Civil informó que 65 municipios de las regiones de la Costa, Mixteca y Sierra Sur han solicitado la Declaratoria de Desastre Natural. “Estos municipios, a través de la documentación correspondiente, han dado a conocer las afectaciones causadas por el meteoro, como deslizamientos de laderas, daños a sus caminos, puentes, carreteras y también a sus accesos principales”, reportó en un comunicado.

En el caribe mexicano, los estados de Yucatán y Campeche fueron afectados en la segunda semana de octubre por el huracán Milton, de categoría tres, que ocasionó intensas lluvias e inundaciones en diversos municipios. Sin embargo, el huracán avanzó por el Golfo de México e incrementó su intensidad, ya en categoría cinco, pegando en el sur de Estados Unidos, siendo Florida donde causó los mayores estragos.

Unos 69 municipios de Yucatán fueron afectados por las intensas lluvias, informó en uno de sus reportes el Sistema de Alertamiento Temprano por Ciclón Tropical (SIAT-CT) de Protección Civil de Yucatán.

Fuertes lluvias cayeron sobre los estados de Quintana Roo, Veracruz, Tabasco, Puebla, Hidalgo y Tamaulipas. El Servicio Meteorológico Nacional alertó a varios municipios de Yucatán para que sus autoridades tomaran previsiones e informaran a la población sobre las medidas a seguir.

Sin planes para la prevención

El Servicio Meteorológico Nacional ha informado que la temporada de huracanes y ciclones en el país se presenta regularmente entre mayo y finales de noviembre. México recibe en promedio alrededor de 25 ciclones por año, de los cuales al menos cuatro entran a tierra y atraviesan alguna de las cuatro zonas de huracanes, afectando a ciudades en la región del Atlántico, el caribe oriental, la península de Yucatán y el Golfo de Tehuantepec.

Sin embargo, a pesar de que el Gobierno de México, a través del Servicio Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), conoce con anticipación el número de ciclones y tormentas que pegarán en territorio mexicano, en muchos casos, las acciones de prevención son tardías y en cuanto a la recuperación y restauración, la respuesta es mucho más lenta.

En mayo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió el informe Temporada de Ciclones Tropicales 2024, en el que señala que durante el periodo se presentarán entre cuatro y cinco huracanes intensos, de categorías de tres a cinco en la escala de Saffir-Simpson; y entre 35 y 41 serán de menor intensidad, de los cuales, entre 15 y 18 afectarán el Pacífico y entre 20 y 23 el Atlántico.

En su informe México: un país, múltiples amenazas, la asociación civil México Evalúa afirma que “por su situación geográfica, el territorio mexicano se encuentra expuesto a una variedad considerable de fenómenos naturales que pueden causar desastres”; por lo que, en muchos casos, “la frecuencia y diversidad de eventos catastróficos a lo largo y ancho del territorio mexicano es una noticia que ha dejado de ser noticia”. Y casi cada año se sufre el impacto de “huracanes en las costas del Pacífico, inundaciones en ciudades del Golfo de México, el inminente riesgo sísmico en la capital del país o accidentes industriales que cobran vidas y degradan el medio ambiente”.

En la mayoría de los casos, se activa el Plan DN-III, uno de los programas de atención gubernamental más conocidos en el país, pero que, en muchos casos, carece de un fondo presupuestal para atender los desastres y no cuenta más que con los recursos humanos y técnicos de que dispone.

El informe señala que, frente a los desastres naturales, el Gobierno Federal ha actuado bajo un “enfoque de gestión reactiva” y sin protocolos necesarios, esta situación –reitera– debe cambiar.

Y aunque “los sismos no se pueden predecir, ni los huracanes se pueden detener, sí es posible generar protocolos que guíen a las autoridades y la población hacia mejores prácticas de planeación, prevención, administración de riesgos y resiliencia. Por muchos años, México se ha caracterizado por atender las emergencias así, como una urgencia, y no como un suceso desafortunado que puede prevenirse o atenderse de forma más rápida y oportuna con mejor planeación”.

Uso político de los apoyos

“Esta manera de abordar los desastres se focaliza en la atención a emergencias y muy poco en la reducción y administración de riesgos y amenazas”, agrega el reporte.

Por otro lado, la Ley de Protección Civil debe aplicarse en los lugares siniestrados en coordinación con las autoridades municipales, federales y estatales, para “desarrollar programas especiales con el objetivo de reducir o mitigar los riesgos antropogénicos, así como atender a la población en caso de contingencias derivadas de tales fenómenos”, aun así, como lo reportan los damnificados de los últimos huracanes, hay un rezago en la atención de sus necesidades.

Naxhelli Rivera y Daniel Rodríguez Velázquez, en su libro Recuperaciones diversas ante el proceso de desastres. Reflexiones y perspectivas para México, editado por la UNAM, destacan que, frente a los desastres, faltan políticas de reconstrucción exitosa, y donde se aplican, pueden encaminarse a condiciones ideológicas.

“En la mayoría de los casos, se omite la consideración de las vulnerabilidades previas y, por lo tanto, de cómo se expresan en el proceso de recuperación. Esta omisión entraña una decisión política que, aun ahora, sostiene ideológicamente la inevitabilidad de los desastres en el imaginario colectivo”.

Incluso, luego de la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), en 2020, la política gubernamental del sexenio de López Obrador se sustentó en una “perspectiva ideológica y política”, es decir, en la práctica, “el sistema de intervenciones post-impacto en México recurre a estrategias discursivas.

“En general, los estudios sobre los contextos posteriores a la emergencia nos muestran que las estrategias verticales de intervención usualmente forman parte de sistemas orientados a obtener un mayor control político y una menor participación; por ejemplo, a través de redes de asistencialismo centralizado o condicionado”, reiteran los académicos.

El desplazamiento forzado como consecuencia de los desastres naturales, por los huracanes y otros fenómenos, es uno de los mayores problemas, ya que los afectados padecen destrucción total o parcial de sus viviendas y no reciben apoyo para la reconstrucción de las mismas. Por estos motivos, “se hace evidente la vulneración extrema de los derechos humanos y las condiciones de vida de las víctimas; la victimización secundaria que la población desplazada padece es una violación reiterada de sus derechos a causa de decisiones políticas”.

Según los autores, en “México, durante 2019, se reportaron 16 mil personas desplazadas a causa de algún desastre; el año siguiente, se consignó un total de 101 mil personas por el mismo motivo, cifra que supera, en ambos años, la cantidad de personas víctimas de conflictos: siete mil 100 y nueve mil 700, respectivamente”.

Pero el problema se disparó al cierre del sexenio, cuando los desastres naturales y la violencia provocaron el desplazamiento forzoso de 436 mil 759 personas, según informó el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno; de los cuales de enero a julio de este año sumaron 21 mil 659. 

La Organización para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reportó que el huracán Otis “causó el mayor número de desplazamientos en las Américas en 2023, pues provocó 187 mil movimientos, la cifra más alta por tormentas jamás registrada en el país”.

Entre los fenómenos naturales que obligaron a los ciudadanos a dejar sus lugares de nacimiento se encuentran inundaciones, deslaves, ciclones, sismos e incendios. La violencia y los conflictos ocasionaron que 74 mil 622 personas abandonaran sus hogares.

Efectos de la desaparición del Fonden

El Gobierno del expresidente López Obrador eliminó el fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) con el argumento de que en él prevalecía la “corrupción”. En 2020, esta desaparición fue avalada por los legisladores de Morena; y a partir de 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) oficializó su extinción al no disponer de recursos, pues no le fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos.

Hasta antes de su eliminación, el Fonden disponía de una bolsa de 35 mil 140 millones de pesos.

Daniela Balbino, investigadora en Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que “a partir de 2021, el presupuesto incluye sólo un programa con ese nombre que, por su naturaleza, está sujeto a la transferencia directa de recursos de la SHCP y no es posible que se usen de forma plurianual. Además, en 2021 y 2022, aún con un presupuesto promedio de 10 mil 161 mdp y 645 declaratorias de desastres y emergencias, ese dinero no se utilizó”.

Para 2023, el Gobierno Federal aprobó un presupuesto de 17 mil 980 millones de pesos; sin embargo, al primer semestre del año, recortó casi tres mil 761 millones de pesos, equivalentes, al 21 por ciento. Ya en 2024, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) le asignó 17 mil 985 millones de pesos, recursos insuficientes debido a la intensidad de los huracanes.

“Con la extinción del Fonden como fideicomiso, los recursos ahora dependen de la aprobación de fondos presupuestales anuales que, como este año, pueden estar sometidos a disminuciones.

Además, como si de un mal preludio se tratara con respecto a las terribles noticias que se tienen del estado de Guerrero, el expresidente envió una iniciativa a la Cámara de Diputados el pasado tres de octubre para expedir la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, que propone, entre otras cosas, regular los donativos y requiere que los estados y municipios asignen fondos anuales para emergencias y desastres en sus regiones, además de indicar la responsabilidad que tienen en la contratación de seguros para la cobertura de daños por desastres naturales”, añadió la experta.

Los recursos contemplados en el Fonden, hasta antes de su desaparición, garantizaban la reconstrucción, tanto en labores de rehabilitación y construcción de infraestructura pública como en otras ayudas directas a los afectados. Con el gobierno de López Obrador, esto dejó de hacerse.

Para aminorar la falta de recursos por la cancelación del Fonden, casi al cierre del sexenio, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el gobierno contrató un seguro para catástrofes naturales por cinco mil millones de pesos y varios bonos que se aplicarán para cubrir los daños que pudieran ocasionar fenómenos naturales entre el cinco de julio de este año y el cinco de julio de 2025.

“Este instrumento proporciona cobertura en caso de desastres naturales, derivados de terremotos, erupción volcánica y huracanes, entre otros riesgos, protegiendo financieramente la infraestructura y los bienes asegurados”, informó la dependencia en un comunicado.

Sin embargo, la consultora Moody’s México, en su análisis Sub-soberanos: Estados con poco margen de maniobra ante huracanes, presentado en julio de este año, afirma que los estados no cuentan con recursos ni con seguros suficientes para cubrir los daños derivados de huracanes.

Antes del gobierno morenista de López Obrador, la Federación brindaba recursos a las entidades a través del Fonden, pero una vez cancelado, el Gobierno Federal otorga los recursos vía el Presupuesto de Egresos, siempre y cuando éstos se hayan etiquetado.

“Ante eventos de gran magnitud y aún con el apoyo federal, las entidades registran presiones en el gasto y en la liquidez que pueden perdurar por varios años”, refirió el documento. En promedio, indica, “las reservas de los estados son de 78 millones de pesos, inferiores al uno por ciento de sus ingresos operativos, sumado a que pocas entidades tienen seguros contra desastres.

“Dichas reservas no son suficientes para enfrentar algún desastre derivado de un huracán, ya que en promedio éstos han generado daños por  mil 700 millones de pesos por evento entre 2010 y 2022, manteniendo una alta dependencia de recursos federales para hacer frente a la reconstrucción y apoyar a la población cuando ocurren desastres naturales”, añade el análisis de Moody’s México.

Por ejemplo, por Otis, que afectó principalmente a Acapulco en 2023, “el gobierno del estado de Guerrero no recibió transferencias extraordinarias directamente del Gobierno Federal para hacer frente al desastre natural, ya que las diferentes agencias federales gestionaron sus apoyos de manera directa. Guerrero cuenta con el Fondo Solidario de Contingencias Naturales (Fonsol) y el Fondo de Desastres Naturales del Estado de Guerrero. Los dos fondos cuentan con un saldo total de 98 millones de pesos, equivalente a 0.05 por ciento de los ingresos operativos, y el presupuesto de 2024 contempla una aportación al Fondo de Desastres Naturales por 60 millones”.

Otro caso, en 2022, el estado de Oaxaca se vio afectado por tormentas, su presupuesto fue de 226 millones de pesos, pero el monto del daño “provocado por un huracán” fue de seis mil 385 millones de pesos, cifra muy superior al presupuesto aprobado.

Por lo anterior, los más afectados son miles de familias, principalmente las de menores ingresos, que ven dañado su pequeño patrimonio y dependen de la voluntad política de los gobiernos en turno y, en la mayoría de los casos, de la solidaridad de los mexicanos.