La comunidad científica y el pueblo de México instan al Gobierno federal a tomar medidas porque no es momento de dar explicaciones, urgen resultados. Después de 50 días de iniciada la cuarentena, el Gobierno federal no cuenta con información suficiente y creíble para tomar decisiones sobre el rumbo que debe tomar el país ante la pandemia. La negativa para incrementar el número de pruebas, anteponiendo como solución efectiva el método Centinela, confirma una vez más que el Gobierno se equivocó y hoy México camina a ciegas. El modelo escogido, además de tener deficiencias metodológicas en su aplicación, no está diseñado para proporcionar información a nivel estatal, mucho menos a nivel municipal; de un total de 26 mil unidades de atención de salud, sólo 475 (1.8%) de ellas están reportando información semanal a la Secretaría de Salud, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de +-4.5% a nivel nacional. Se sabe que la muestra no fue elegida aleatoriamente, el tamaño es demasiado pequeño para que los resultados sean representativos a nivel entidad federativa. Pero, sobre todo, impide tener claridad de en qué momento de la epidemia estamos y en qué zona se ubican los focos rojos para así poder atacarlos.

El método Centinela fue presentado por Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, como una novedad y aseveró que “nos permite ver la realidad como es y no como equivocadamente se piensa que es, en el sentido de que solo lo que se ve, existe”. Pero confiar de manera ciega en el método Centinela, desestimar las órdenes de la Organización Mundial de la Salud de aplicar el mayor número de pruebas y no seguir el ejemplo de países exitosos en el control de la pandemia como Islandia, China y Noruega, ocasionó, como declaró el doctor José Narro, que “se perdiera la oportunidad de saber muchas cosas, de saber más sobre la epidemia, de saber dónde, cuándo, quiénes y, sobre todo, de evitar la propagación”.

Hoy México no puede dar una cifra exacta de contagios, a duras penas puede considerar el valor de los casos confirmados reportados y los casos de fallecidos reportados, y éstos también están en duda; de ahí las discrepancias de datos entre autoridades federales y estatales o, incluso, entre los municipios, como Chimalhuacán e Ixtapaluca, Estado de México. Estos dos últimos municipios, en entrevista para el canal internacional “Al Jazeera”, demostraron que los datos reportados por la Federación no corresponden con los que ellos tienen registrados. Mientras en Chimalhuacán el número de fallecidos era de 87, el Gobierno federal reportaba 24; en Ixtapaluca, de 54 muertes, reportan 16. Dos pequeños ejemplos que prueban que los datos que reporta diariamente el subsecretario Hugo López-Gatell no coinciden con la realidad nacional.

Por otra parte, aplanar la curva de contagio significa, de acuerdo con el doctor Julio Boltvinik, que hay una reducción en el número de nuevos casos de Covid-19 que se reportan diariamente, algo que no está ocurriendo en México. Sin embargo, para López-Gatell, aplanar la curva significa hacer una comparación entre lo que hipotéticamente podría haber ocurrido si no se hubieran tomado las medidas de distanciamiento social y lo que “realmente” ha ocurrido. Los resultados de la serie construida por el doctor Boltvink con los mismos datos proporcionados por el Gobierno muestran como los contagios nuevos seguirán creciendo, al menos que se cuente con “otros datos”, como se está volviendo costumbre. Además, es importante considerar -según afirma el doctor Raúl Rojas- que un modelo no es un oráculo infalible, es una herramienta matemática útil, pero no se puede omitir el error, por eso nadie se atreve a anunciar el día exacto del fin de una epidemia ni el día en que se podría alcanzar el máximo de contagio; no obstante, el vocero oficial del Gobierno federal, con la arrogancia que lo caracteriza, da fechas precisas: “6 de mayo, máximo de contagios; 25 de junio, fin de la epidemia”.

El Gobierno de AMLO no acepta sus errores, continúa despreciando y minusvalorando las sugerencias de científicos, ex funcionarios del sistema de salud, organizaciones sociales y políticos experimentados que muestran preocupación por el futuro de 70 millones de mexicanos, quienes, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), no  cuentan con ingresos suficientes para alimentarse, resultado de haber perdido su empleo y el deterioro en las condiciones del sector informal. Está también la preocupación por el número de vidas que está cobrando la pandemia, como los 111 trabajadores del sistema de salud que han muerto (de los ocho mil 544 infectados), que perfectamente pudieron haberse salvado si se les hubiera proporcionado el equipo adecuado; o los 147 obreros de las maquilas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Tijuana, Baja California, que han perdido la vida por reiniciar actividades prematuramente y exponerlos al contagio del coronavirus en plena fase 3 de la pandemia, entre otros muchos casos. 

Si no se cuenta con información veraz sobre la dimensión de la pandemia de Covid-19, el Gobierno no puede, por obra del Espíritu Santo, reiniciar las actividades como lo ha anunciado. Otros países lo han podido hacer o lo están haciendo porque con la información obtenida por el número de pruebas cuentan con un plan que les permite decidir qué zonas, provincias, estados o municipios se irán reactivando primero, o cuándo es el momento apropiado para el regreso a clases. Pero en México, ¿cómo se piensa hacer? Para paliar esta carencia de información y evitar que más mexicanos mueran por el SARS-CoV-2 o por hambre, urge que el Gobierno destine recursos suficientes para que se realice el mayor número de pruebas; ayude a la pequeña y mediana empresa para que no haya más despidos e implemente un programa nacional de alimentación. El derecho a la vida es un derecho constitucional; AMLO y la 4T parecen olvidarlo.