A dos años de la masacre que cimbró no sólo al pueblo guerrerense, sino al país entero, esperan la justicia y castigo a los responsables del asesinato de Conrado Hernández Domínguez, quien fue integrante del Comité Estatal del Movimiento Antorchista y representante de la organización en la región Centro de Guerrero; de su esposa, Mercedes Martínez Martínez, responsable del trabajo político en la zona de la Cañada, en la región Montaña, y de su pequeño hijo Vladimir Tlacaélel Hernández Martínez quien, a sus casi seis años, cursaba el tercero de preescolar.

Este 12 de abril se cumplen dos años de terror, impunidad, dolor y sed de justicia. Durante este tiempo, las dirigencias estatal y nacional del Movimiento Antorchista han exigido a los gobiernos estatal y Federal la investigación y el castigo contra los responsables materiales e intelectuales del crímen. 

La aciaga tarde del 12 de abril de 2023, un rumor cada vez más fuerte sonaba en la entidad guerrerense, incluso amigos de prensa llamaban para informar que el automóvil, en el que viajaba el dirigente del Movimiento Antorchista en la región Centro, Conrado Hernández Domínguez, su esposa y su pequeño hijo, había caído a un profundo barranco en la carretera México-Acapulco, a la altura de la comunidad Agua de Obispo, perteneciente al municipio de Chilpancingo, y que los tres habían perdido la vida.

Efectivamente, en un primer momento se planteó como accidente automovilístico, pero surgieron inmediatamente las inconsistencias y dudas porque los tres cuerpos estaban en el asiento del copiloto y porque el automóvil no presentaba daños a pesar de que, supuestamente, había caído al barranco de más de 50 metros de profundidad.

De acuerdo con testigos, las autoridades de rescate y las ambulancias tardaron más de cinco horas en llegar al sitio, a pesar de que se les notificó casi de inmediato sobre el percance. El día de los hechos, diversos medios de comunicación, presentes en el lugar, difundieron la situación, así como la tardanza de las autoridades.

Posteriormente, la necropsia practicada determinó que los dos adultos fueron asesinados con severos golpes en la cabeza y el niño fue asfixiado hasta morir. Hasta el 16 de abril de 2023, la Fiscalía de Guerrero no había emitido algún pronunciamiento sobre este caso.

Los cuerpos fueron despedidos con una misa de cuerpo presente por integrantes de su organización, vecinos, colonos y amigos; enseguida, los tres féretros fueron trasladados al estado de Veracruz, de donde eran originarios, para darles cristiana sepultura.

Conrado Hernández y Mercedes Martínez se organizaron con Antorcha hace varios años con la idea de encabezar la lucha por la dignificación de la vida de los más pobres de Guerrero; a eso se dedicaban: a prepararse, trabajar y ofrecer lo mejor de sí para que el pueblo organizado tuviera algunas satisfacciones, una vida mejor; ambos presentaban una conducta intachable y usaban sus conocimientos para resolver los problemas del pueblo; es decir, los mataron por ser antorchistas y, desde hace dos años, la organización está exigiendo y esperando justicia en Guerrero, estado gobernado por Morena. 

Del pequeño Vladimir ¿qué se puede decir?: era un niño travieso y alegre al que le gustaba mucho platicar; desde los tres años había empezado a asistir con entusiasmo a la escuela y estaba de vacaciones con sus padres cuando sucedieron los hechos.

Durante estos dos años, el Movimiento Antorchista ha solicitado a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar una investigación real y exhaustiva para capturar y aplicar castigo a los responsables de la grave atrocidad que ejemplifica el peligro en que viven los guerrerenses. “Antorcha seguirá exigiendo justicia y detener a quien haya cometido y ordenado el bestial asesinato”, sentenció Dimas Romero, dirigente de la organización en la entidad. 

Las líneas de investigación corresponden a la FGE; pero no hay nada concreto respecto al caso; mientras, los responsables siguen en libertad, sin enfrentar las consecuencias.

La indignación sigue latente. Los afectados y la sociedad civil exigen justicia; después de realizar marchas y asistir a reuniones banales con las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley en el estado, no hay avances a dos años de los hechos que enlutaron a familias guerrerenses y la saña que emplearon los criminales.

El triple asesinato también exhibe la vulnerabilidad de los activistas en el contexto de la seguridad pública del país y la gravedad de la situación que daña a la sociedad entera; porque una familia trabajadora y muy querida fue cobarde y brutalmente privada de la vida. Sin duda se trata de un acto premeditado que exige la captura de los responsables directos y de los que orquestaron el ataque.

Los asesinos tenían orden de torturar a las víctimas: mataron a los adultos a golpes y el niño fue asfixiado… imaginar esta escena causa repulsión y dolor. Luego de matarlos, alguien se puso al volante del vehículo con los tres cuerpos en el asiento de atrás y condujo hasta el lugar donde pretendían desaparecerlos, Agua de Obispo, donde el conductor y sus cómplices empujaron al precipicio el auto que, en lugar de caer, se deslizó por la ladera hasta el fondo del barranco, donde más tarde fueron encontrados tras una llamada anónima.

Conrado, el amigo

En su andar por tierras guerrerenses, Conrado hizo amigos en colonias y comunidades que, a dos años de su muerte, aún esperan justicia. Orientó a los vecinos de varias colonias que necesitaban pavimentar sus accesos, servicios públicos como agua potable y drenajes; también encabezó la lucha de colonos de la Candelaria para lograr la escrituración de sus lotes, meta que ya no pudo disfrutar; sin embargo, su legado de paz y de lucha se queda en cada uno de los colonos.

Durante una actividad económica realizada recientemente al sur de Chilpancingo, un automovilista preguntó si la cooperación era para Antorcha Campesina y al contestar afirmativamente, expresó con dolor: “yo tenía a un amigo en esa organización, se llamaba Conrado; y lo mataron por ayudar a la gente; me dolió su partida”; enseguida pidió cuidarse a quienes realizaban el boteo y ofreció su cooperación.

En plena crisis de seguridad y sin ningún avance del caso, el 14 de febrero de 2024, la fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, solicitó licencia temporal por seis meses para atender asuntos personales; en abril del mismo año, el coronel Zipacná Jesús Torres Ojeda fue designado como fiscal general del estado. Su nombramiento se otorgó por seis años.

La violencia continúa

La violencia sigue imparable; recientemente se registró otro hecho violento que cimbró a Guerrero: una maestra de preescolar, de 56 años, que se encontraba desaparecida, fue hallada desmembrada en dos distintos puntos de Chilpancingo. Se trata de Adriana Leyva Parra López, docente del Jardín de Niños “Juan de la Barrera” reportada como desaparecida el pasado 29 de marzo.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero exigió esclarecer el asesinato de la profesora Adriana Leyva Parra López: “el suceso representa una grave violación a la dignidad humana” y exhortó a las autoridades a “dar seguimiento oportuno con la debida diligencia para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia”.

Agregó que los actos de violencia contra las mujeres son inadmisibles en nuestra sociedad y llama a las instituciones y a la sociedad a fortalecer las acciones encaminadas a la prevención, atención y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres; de este caso, la FGE no ha emitido algún comunicado y extraoficialmente se plantea un detenido.

Desapariciones forzadas y asesinatos continúan

Según la Secretaría del Bienestar, Guerrero es considerado como un estado con muy alto grado de rezago social, donde el 60.4 por ciento de los guerrerenses viven en pobreza y el 22.2 por ciento en pobreza extrema; además se posiciona en el noveno lugar de homicidios dolosos, según el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública.

Ocupa el tercer lugar nacional de rezago social, superando a municipios de la Montaña, región célebre por su pobreza ancestral.

Aunque oficialmente, en 2025, Guerrero se ubicó entre los estados con menor incidencia de violencia de género y homicidios dolosos, y con una tendencia a la baja en incidencia delictiva, la realidad es que la percepción de inseguridad creció en dos de las tres ciudades monitoreadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Chilpancingo tiene el nivel más alto con 86.9 por ciento  de su población que se siente insegura; Acapulco expresa el 80.9 por ciento en percepción de inseguridad; y en Zihuatanejo, 48.7 por ciento de los ciudadanos se siente inseguro.

La violencia cotidiana sigue presente, las desapariciones forzadas de personas son tema diario en las redes sociales de Guerrero donde, al cierre de este envío, se planteaba la localización de una camioneta en la que, presuntamente, se encuentran los cuerpos de tres transportistas de Chilpancingo reportados como desaparecidos la jornada del pasado viernes; enseguida se confirmó que los cuerpos pertenecían a los jóvenes trabajadores del volante.

En el contexto de violencia prevaleciente en la entidad suriana, miles de familias esperan justicia por el atroz asesinato de la familia antorchista que dejó terror y una estela de luz que sigue presente en los corazones de cada familia apoyada por la joven pareja, y sobre todos los que conocieron al pequeño Vladimir. Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, suma, en este 2025, tres años de violencia ininterrumpida; en 2024 se registraron mil 738 homicidios dolosos.

La gobernadora morenista Evelyn Cecia Salgado Pineda difunde cifras alegres pese a la violencia dominante en el estado; y asegura que el número de homicidios dolosos está bajando y que su gobierno no tiene acuerdos “en lo oscurito” con ningún grupo del crimen organizado; en tanto, la FGE ha emitido escuetos boletines de prensa, con los que asegura que están trabajando en el esclarecimiento de los hechos, pero sin ningún avance real.