El mensaje del Segundo Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador fue una extensión de sus conferencias matutinas y, por lo mismo, fue armado con declaraciones optimistas y reiterativas, como la de que México está saliendo “adelante” de la crisis económica y sanitaria por Covid-19, y que “ya se acabó la robadera de los de arriba”, aunque también se sacó de la manga una sorpresa: ¡que ya cumplió 95 de los 100 compromisos que hizo en 2019!

El mensaje duró 45 minutos; fue leído en el patio de honor del Palacio Nacional y escuchado por 70 invitados, entre quienes no resultó ninguna novedad escuchar que la corrupción es el “principal problema de México”; que se ha propuesto erradicarla integralmente y que “arriba”, es decir en su propia administración, ya fue desterrada.

Para los legisladores de oposición, académicos e integrantes de las organizaciones civiles, el mensaje del Presidente fue más un discurso de proselitismo político que una síntesis de resultados de su gobierno. Y aunque conocen que podía hablar de ellos, ya que en la realidad no existen, se inconformaron con la ausencia del indicio aun ínfimo de autocrítica, mediante la omisión y el ocultamiento deliberado.

En el discurso presidencial del 1° de septiembre no se habló, en efecto, de la reducción de los niveles de pobreza en la población del país; de una mejoría en las condiciones de vida de millones de familias mediante la creación de más centros de salud; la ampliación de la infraestructura educativa; servicios públicos urbanos básicos o una disminución de los delitos comunes y la violencia delictiva.

Por ello, los políticos de oposición y los analistas coincidieron en que el gobierno de López Obrador ha provocado un retroceso en la mayoría de las actividades públicas del Estado nacional, entre otras causas por su empeño en aplicar la presumida “austeridad republicana” –otro de sus programas emblemáticos– con la que ha despedido personal calificado y generado desempleo.

La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados puntualizó, en un comunicado, que López Obrador “construyó un informe para Morena y subestimó a México”. A nombre de los legisladores de ese partido, el diputado por Baja California Sur, Rigoberto Mares Aguilar, precisó que la relación del empresariado con esta administración se encuentra “rota”, además de que no “hubo compromiso fidedigno para avanzar en las tareas que tanto le aquejan al ciudadano, como es la inseguridad y el llevar el sustento diario a los hogares”.

En el mismo sentido se pronunciaron los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Inicialmente lamentaron las “cuentas alegres” del Presidente, quien, ante un escenario desastroso debido a su mala conducción de la pandemia y la crisis económica generada por ésta, y que sobre todo no haya hecho ningún ajuste en su programa de gobierno para “frenar la tragedia y el luto de miles de familias, ni mucho menos para revertir el naufragio de la economía, que cada día se hunde más y más arrastrando a la pobreza a más de 10 millones de connacionales”.

Los otros datos

Las cifras poco claras que anunció el Presidente no reflejan la realidad de la mayoría de las familias mexicanas, y quizás tampoco los datos objetivos que existen en las instituciones y organismos de la propia administración morenista.

El documento Dos años perdidos, escrito por la dirección nacional del PAN, destaca que el gobierno de López Obrador ha incurrido en dos graves fallas: la ausencia de una estrategia para evitar que la crisis económica de México alcanzara los altos niveles de retroceso que hasta ahora ha tenido: la pérdida de un millón de empleos formales, la caída del 18 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) y la fuga de capitales, que ya supera los 340 mil 113 millones de pesos (mdp).

De la misma forma, la falta de un plan para enfrentar la pandemia del Covid-19 ha ocasionado más 600 mil contagios y más de 64 mil decesos. Además, el PAN recuerda que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) ha dejado sin atención médica a 56 millones de personas por su inoperancia y la práctica de un subejercicio de 10.8 mil millones, que ha afectado la adquisición de medicamentos y equipos médicos.

En su mensaje, López Obrador aseguró que “la pandemia no es un asunto político, sino de salud pública. Por eso he confiado las decisiones en esta materia a un equipo de profesionales con gran experiencia y capacidad”. Según él, su administración recibió 401 hospitales abandonados, saqueados o a medio construir, y un déficit de personal de más de 200 mil profesionales de la medicina. Estas cifras, sin embargo, son difíciles de comprobar y quedan en el limbo de sus propios “datos”.

Respecto a uno de los problemas que millones de mexicanos resienten y por el que más reclaman atención, el de la inseguridad pública, el Presidente había señalado, desde su campaña en 2018, que su “estrategia” daría resultados en el primer año de su gobierno; pero sus acciones de seguridad pública pasaron de noche en todo 2019, y en lo que va de 2020 no han dado ningún resultado significativo que permita a la población sentirse mejor.

Sin embargo, en el texto que el martes anterior leyó en Palacio Nacional, afirmó que “casi en todos los delitos ha habido disminuciones en comparación con noviembre de 2018. Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, robo de vehículo y robo a casa habitación, en todos ellos se ha registrado una baja del orden del 30 por ciento en promedio. Solo han aumentado dos delitos: homicidio doloso y extorsión, con 7.9 y 12.7 por ciento”.

Pero el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) había contabilizado, hasta julio de este año, un total de 179 mil 385 mil víctimas y el Semáforo Delictivo registró, también entre enero y julio, 17 mil 16 homicidios, 494 secuestros, 549 feminicidios, cuatro mil 719 extorsiones, 87 mil 51 mil robos de vehículo y 55 mil 744 mil robos a negocios.

Al respecto, la senadora panista Indira Rosales San Román criticó lo dicho por el Presidente: “Dice que bajaron todos los crímenes menos el homicidio y la extorsión; 494 secuestros y 549 feminicidios tan solo en los primeros siete meses del año demuestran todo lo contrario. La violencia crece más que nunca y su estrategia fallida es responsable directamente del incremento de los índices delictivos. Aprobamos la Guardia Nacional con la esperanza de que realmente se combatiera a la delincuencia, pero no vemos los resultados”.

Según el Presidente, la Guardia Nacional cuenta ya con 97 mil elementos, mismos que estarían realizando labores de vigilancia en territorio nacional; pero en el informe específico relacionado con esta institución –de casi mil 300 páginas– reporta que apenas se integra con 36 mil 64 elementos, incluidos los policías federales.

Datos falsos sobre el campo

AMLO utilizó la frase del poeta Carlos Pellicer “que coman los que nos dan de comer” cuando habló de las obras de su gobierno en el campo. Sostuvo que tres millones de agricultores y pescadores son apoyados mediante la entrega directa de recursos monetarios, jornales para que cultiven sus tierras y fertilizantes, además de establecer precios de garantía a productos como maíz, frijol, arroz, trigo y leche.

Pero a decir de Isidro Pedraza Chávez, dirigente de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, “el 2º Informe de Gobierno del Presidente carece de veracidad en cuanto a logros alcanzados en el sector agropecuario”. Este hecho, precisó, se evidenció en la caída del 2.5 por ciento de la producción sectorial en el segundo trimestre de 2020 respecto al primero. Además de que el mensaje presidencial no hizo mención de ninguna propuesta para reactivar la economía en el sector primario.

Pedraza Chávez denunció que este año se dejó sin fertilizante gratuito a más de 300 mil productores de los estados de México, Puebla, Morelos y Tlaxcala, entidades a las que se advirtió que se apoyaría. Ello se debió a que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), a cargo de Víctor Villalobos, se quedó sin presupuesto y solo benefició a los campesinos de Guerrero.

A partir de junio desapareció también el apoyo que se daba a agricultores y pescadores en la compra de diésel y gasolina, el cual consistía en la eliminación del 45.96 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en cada litro del primer combustible y del 36.76 por ciento en el segundo. Esta supresión dejó en la indefensión a los productores.

Además, Sagarpa no avanzó en ninguno de sus objetivos estratégico: la autosuficiencia alimentaria, vía el aumento de la producción y productividad del sector, y proveer de bienestar socioeconómico a la población rural, históricamente excluida del desarrollo urbano, industrial y mercantil desde hace más de ocho décadas.

Las importaciones de granos y oleaginosas de México, hasta la primera mitad del año, sumaban 17.23 millones de toneladas, cifra que representa un alza del 4.6 por ciento respecto a las 16.47 millones de toneladas que se importaron en el mismo periodo en 2019.

Un informe “sin pena ni gloria”

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), declaró que el mensaje presidencial “pasó sin pena, ni gloria. Lo que esperábamos los mexicanos era encontrar propuestas novedosas para enfrentar la crisis que enfrenta el país; pero estos temas estuvieron ausentes”.

Con relación a lo dicho por el Presidente, en torno a que en agosto ya se habían recuperado 93 mil fuentes de trabajo, De Hoyos se mostró escéptico porque la pérdida de un millón de empleos formales se debió a que el gobierno no quiso apoyar a las pequeñas y medianas empresas, y resulta muy difícil que en tan corto plazo puedan recuperarse las plazas desaparecidas, sobre todo si prevalece la misma política económica.

El dirigente patronal consideró que el gobierno aún está a tiempo de corregir esta línea política y afirmó que si se toman las decisiones correctas “las y los empresarios que participamos en la Coparmex hacemos un llamado al mandatario nacional, para atender las propuestas que desde la sociedad civil estamos realizando, así como para escuchar los consejos de su círculo y gabinete, que buscan enfrentar los grandes retos”.

Por su parte, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la asociación civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, indicó que los resultados del segundo año del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) “no son muy positivos”.

Y no lo son porque la mayoría de las acciones gubernamentales han representado un “duro golpe contra la intención de este gobierno de poner primero a los pobres”. El activista precisó que, además de las crisis sanitaria y económica que ya produjeron 16 millones de mexicanos más en la pobreza, los programas sociales del Gobierno Federal tienen fallas operativas importantes, y en la selección de sus beneficiarios, las cuales no son muy claras; pero lo más grave de todo es que no atacan las “causas estructurales que generan la pobreza y la desigualdad”.