Desde el 23 de agosto de 2022 existe, en papel, el organismo público Litio para México (LitioMx) que se encargará de explotar este mineral; aunque no cuenta con las reservas probadas ni con los recursos financieros y técnicos necesarios para crear una industria estatal.

Mediante un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expedido “al cuarto para las 12” –como expresa la frase popular– nació LitioMx, dos días antes de que se venciera el plazo legal de 90 días hábiles que la reforma a la Ley Minera había fijado el 20 de abril de este año para, supuestamente, “nacionalizar” el litio; pese a que este metal es propiedad de la nación desde el cinco de febrero de 1917, y se estipula en el Artículo 27° de la Carta Magna.

Previamente, el cuatro de agosto de 2022, el canciller –y declarado aspirante presidencial– Marcelo Ebrard Casaubón pactó en Bolivia una asociación de empresas estatales de los dos países para proporcionar, a partir de 2023, suficiente litio a sus empresas estatales especializadas en la fabricación de baterías para automóviles de combustión y eléctricos.

Ebrard declaró que el litio mexicano ya no se vendería a corporaciones internacionales como se había determinado, sino que la empresa estatal mexicana Potencia Industrial lo usará para fabricar baterías destinadas a movilizar el auto eléctrico Quantum, de diseño boliviano y que se armará en territorio mexicano a partir del año próximo.

El Secretario de Relaciones Exteriores, incluso, se fotografió conduciendo el carrito eléctrico del que próximamente se exhibirán muestras para promover su uso. Ebrard informó a los funcionarios bolivianos que México acababa de “nacionalizar” su litio y que estaba muy interesado en observar la experiencia de esa nación sobre el manejo extractivo e industrial del litio.

Tanto la “nacionalización” del litio como la exhibición mediática de Ebrard en Bolivia se produjeron en el contexto político-electoral de los estados de México y Coahuila de 2023, las más importantes del país; porque anteceden a la sucesión presidencial y porque, para entonces, la disputa por la candidatura del partido oficial Movimiento Regeneración Nacional (Morena) –en la que se enfrentarán Ebrard, Sheinbaum y Adán López– entrará en su fase culminante.

La relevancia política de la elección para gobernador del Estado de México, que se realizará el ocho de abril de 2023, se debe a que esa entidad cuenta con el mayor número de votantes; pues 12.3 de los 93.4 millones electores que hay en el país son mexiquenses.

Manipulación política

La economista Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación del centro de análisis México Evalúa, reveló a buzos que la investigación y el desarrollo de tecnologías energéticas están orientadas a desplazar al litio, lo antes posible, en la fabricación de baterías.

“Hay un interés muy grande en desplazar al litio. Entonces estamos ante una carrera de tiempo y recursos; y no es claro que México tenga un plan estratégico. Más bien suena como a demagogia (engaño a la población)”, afirmó la experta.

Explicó que la búsqueda de una alternativa energética diferente se debe principalmente a la escasez del litio; y a que su industrialización es muy costosa, lo que resulta inviable como negocio. Por ello es necesario que el gobierno difunda su plan de negocios y cuál será su posible aprovechamiento.

“Tendría que presentarse al público, a los legisladores, a las comisiones de economía, minería, energía del Congreso… habría que evaluar si México cuenta con los recursos suficientes para invertir, sobre todo en la primera fase, en que no se sabe dónde hay litio y dónde no. Es una situación muy riesgosa”.

No obstante, el pasado 23 de agosto de 2022, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un decreto del Presidente con el que se crea el organismo público descentralizado LitioMx.

LitioMx fue dotado con cierta independencia para que funcione conforme a reglas internas, administración y presupuesto propios, pese a que forma parte de la administración pública federal y a que inicialmente será financiado por la Secretaría de Economía.

El decreto consta de 17 Artículos básicos y seis transitorios con disposiciones temporales. En el Artículo 2° se dice que el objeto de LitioMx es la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio ubicado en territorio nacional, además de controlar el funcionamiento completo de su industria.

En el Artículo transitorio primero se indica que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF); es decir, empezó a operar el 24 de agosto de 2022. En el segundo establece que el Consejo de Administración deberá instalarse en un plazo de dos meses, es decir, a mediados de octubre de 2022; y LitioMx deberá comenzar operaciones reales a mediados de febrero de 2023 a más tardar.

Contradicciones

A decir de especialistas consultados, la Ley Minera que se reformó en abril de 2022 es secundaria, reglamentaria del Artículo 27º Constitucional y, por tanto, de nivel inferior a la Constitución, en la que sigue vigente la reforma constitucional hecha en 2013-2014 en materia de energía y minería, que refrendó el otorgamiento de concesiones a inversionistas privados para que invirtieran en la explotación de recursos naturales como los minerales.

La reforma constitucional de 2013-2014 abrió las industrias nacionales de la energía, incluidas las minas, a la inversión privada nacional y extranjera, por medio de la expedición de concesiones a inversionistas privados para explotar comercialmente bienes naturales de la Nación, que a su vez deben otorgar beneficios económicos al Estado mediante el pago de impuestos.

Bajo el cobijo legal de esa reforma constitucional a partir de 2014, la Secretaría de Economía expidió concesiones a 10 empresas especializadas en la minería de litio que tiene actualmente 36 proyectos en curso.

La Ley Minera que modificó Morena refrenda, por un lado, lo dispuesto en la Constitución; es decir, que el litio es propiedad de la nación al igual que los demás recursos naturales, pero, por otro, incluye un artículo en el que se aclara que el Estado se reserva la explotación en exclusiva de este mineral mediante un nuevo organismo público, que ahora recibe el nombre de LitioMx.

La nueva disposición reglamentaria precisa, además, que ya no se otorgarán nuevas concesiones ni permisos a empresas privadas, lo que evidentemente contradice lo dispuesto en el texto constitucional, que no ha sido reformado en esa materia.

Los analistas especializados en economía internacional destacan, además, que en los tratados comerciales firmados por México, como el suscrito entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), llamado así desde 2020; el existente con la Unión Europea (TLCUEM) y otros como el Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico (TIPAT), con países como Japón y Australia, prevén sanciones económicas cuando uno de los firmantes viole las reglas aprobadas y afecte los intereses comerciales de las empresas.

En su participación durante un foro sobre el tema de la industria eléctrica realizado el ocho de febrero de 2022 en la Cámara de Diputados, el especialista Kenneth Smith Ramos explicó que estos acuerdos integran cláusulas denominadas de “cremallera”, que obligan a los países firmantes a respetar las reglas del libre comercio una vez establecidos.

Esas cláusulas implican que, una vez abierto determinado sector al libre comercio e integradas las inversiones privadas en un país, aquel ya no puede ser cerrado mientras esté vigente el tratado o que se haya roto o abandonado.

Proyecto Sonora en vilo

Entre la decena de empresas mineras concesionadas desde 2014 destaca Bacanora Lithium, en la que coparticipan inversionistas ingleses y canadienses en asociación con la empresa china Ganfeng Lithium, que lidera la producción mundial de litio y es proveedora de fabricantes de baterías y autos eléctricos, como la alemana BMW, la gigante estadounidense Tesla Motors, del multimillonario Elon Musk, quien se ha aliado con las compañías Ford y Audi para fabricar autos eléctricos para México.

Esta concesionaria anunció, en 2018, que había localizado un magno yacimiento de 243.8 millones de toneladas de litio que, en su momento, fue calificado como “el más grande del mundo” por los medios de comunicación extranjeros y mexicanos; aunque los especialistas en minería aclararon, desde entonces, que el metal está mezclado con arcilla, que no hay forma de saber cuánto material “puro” puede rescatarse ni si es viable extraerlo económicamente.

Como se informa en el texto La ilusión del litio, publicado en el número 1028 de buzos, a propósito de la glosa del II Informe Presidencial, la entonces Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, el 12 de octubre de 2020, rechazó, ante los senadores, que México tuviera una reserva de litio de 243.8 millones de toneladas, como habían afirmado durante meses los medios de comunicación.

“México no tiene el yacimiento más grande de litio. No hay un solo kilogramo que se produzca, tenemos unos yacimientos con un contenido muy bajo (…) es muy importante; y aquí quiero recalcar, cuando se hizo esa estimación del yacimiento de litio se tomó en cuenta toda la arcilla; pero esas toneladas de arcilla no son litio”, detalló la titular de la Secretaría de Economía, quien semanas después, el siete de diciembre de 2020, fue removida del cargo por el Presidente.

Con base en datos del Servicio Geológico Mexicano (SGM), la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C. (AIMMGM) asegura que, en México, hay evidencias de yacimientos de litio; pero con la particularidad de que está mezclado con arcilla, por lo que no se extrae ni comercializa, como en otros países, debido a que separarlo resulta demasiado caro y se necesita alta tecnología, lo que aumenta los costos de producción y elimina ganancias.

“(…) Hasta el día de hoy, no hay producción de litio en México. Es necesario aclarar que en México se han localizado arcillas con contenidos de litio y hasta donde es de nuestro conocimiento, en ningún país se ha producido y comercializado litio procedente de arcillas (…)”, puntualiza la AIMMGM en un posicionamiento emitido el 18 de abril de 2022.

Sobre el yacimiento de Bacanora en Sonora, esta agrupación expuso: “(…), aún hay que esperar si la empresa que ubicó el yacimiento de litio en Sonora lleva a cabo la producción de manera rentable y efectiva. Habrá que darle tiempo para que lleve a cabo ese trabajo de investigación. Por el momento, aún no hay datos suficientes que garanticen que vaya a existir una explotación rentable de litio en nuestro país (…)”.

A pesar de estas declaraciones informadas, los 243.8 millones de toneladas de litio conforman los argumentos del Presidente para lograr el apoyo de los legisladores de Morena a su iniciativa de reforma a la Ley Minera y asegurar que habrá grandes beneficios para el país una vez aprobada.

En las estimaciones sobre la existencia mundial de litio del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGC), México aparece en el décimo lugar de 23 países, con reservas de 1.7 millones de toneladas, que representan apenas el dos por ciento del total internacional.

Con estas reservas, México se mantiene muy lejos del primer lugar internacional que ocupa Bolivia, cuyas reservas son estimadas en 21 millones de toneladas; le siguen Argentina con 19.3, Chile (9.6), Estados Unidos (9.6), Australia (6.4); China (5.1) y Canadá (2.9).

Peripecias con Ganfeng

El pasado 19 de abril, un día antes de la publicación de la reforma a la Ley Minera, AMLO advirtió que se revisaría la concesión otorgada al consorcio en que participa la empresa china Ganfeng Lithium para saber si cumple con las leyes y los permisos correspondientes. También se efectuó una consulta sobre la realización del proyecto minero en la comunidad que habita esa región.

Después de la publicación de la reforma minera del 20 de abril de 2022 en el DOF, el corporativo chino declaró: “Ganfeng espera trabajar con el gobierno y las autoridades para continuar con su inversión; la cual está sujeta a todas las leyes aplicables, regulaciones y modificaciones para el beneficio de todos los mexicanos”.

En 2018, cuando se anunció la existencia del yacimiento de litio “más grande del mundo”, la empresa concesionaria era encabezada por la inglesa-canadiense Bacanora Lithium, con el 77.5 por ciento de las acciones y el 22.5 por ciento lo tenía el corporativo chino Ganfeng Lithium.

En 2021, Bacanora Lithium y Ganfeng Lithium acordaron aumentar la inversión de Ganfeng de 22.5 al 50 por ciento, operación que fue autorizada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) el 16 de diciembre de ese año con el dictamen CNT-097-2021.

El 27 de enero de 2022, el Presidente se lanzó contra la Cofece, a cuyos integrantes acusó de entregar el litio a extranjeros. “Nosotros no queremos que el litio lo manejen empresas extranjeras” y señaló que hubo un “traspaso” de la concesión de Bacanora a Ganfeng, aunque en los hechos fue un aumento de la inversión china del 22.5 al 50 por ciento en las aportaciones financieras.

El 16 de febrero de 2022, el senador de Morena Alejandro Armenta fue más allá y ante el Ministerio Público Federal acusó a la Cofece de “traición a la patria” por actuar en beneficio de extranjeros y autorizar el cambio de la concesión de inversionistas canadienses a chinos, lo que en la realidad no se suscitó.

La Cofece respondió con la aclaración de que solamente había autorizado que la inversión china llegara al 50 por ciento; que la concesión era compartida por igual con la Bacanora Lithium; que había verificado que no hubiera afectaciones a la libre competencia en el sector y que legalmente Cofece carece de facultades para dar o quitar concesiones, lo que corresponde a la SE.

Atentado contra el erario

Los ingenieros mineros agrupados en la AIMMGM alertaron acerca de que el proyecto gubernamental sobre el litio podría convertirse en otro atentado contra las finanzas públicas del Gobierno Federal, por los altos riesgos financieros implicados en las inversiones destinadas a la industrialización futura del litio.

Lamentaron que podría repetirse el fracaso del organismo público Uranio Mexicano (Uramex), creado en 1979 y cancelado en 1985 porque resultó económicamente inviable. En un posicionamiento emitido el 18 de abril de 2022, la AIMMGM precisó que impulsar al Estado hacia un proyecto minero de litio resulta financieramente riesgoso porque: “… implicará la asignación de recursos públicos en un proyecto que, por definición, es intensivo en capital, de largo plazo y de alto riesgo, lo cual atentaría contra las finanzas públicas, como fue el caso de Uramex, que no tuvo los resultados esperados y podría considerarse como un fracaso”.

Destacó que solo para construir una empresa minera de mediano tamaño se necesitan al menos 300 millones de dólares (mdd) y luego paulatinamente invertir otros tantos mdd conforme avanza la etapa de exploración, que puede durar hasta 15 años.

En la exploración de litio por cada mil indicios, solo 100 se convierten en prospectos de extracción; de esos 100 únicamente 10 llegan a la etapa de exploración avanzada; y es a partir de ésta cuando una veta puede convertirse en mina para extraer el producto deseado.