El lunes ocho de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció, en su “mañanera”, que, con o sin reforma constitucional, la Guardia Nacional (GN) será parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), decisión que, para las organizaciones y los analistas especializados en seguridad, puede derivar en la militarización del país y propiciar más muertes, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas físicas, psicológicas y sexuales.

“Les adelanto, por lo mismo, que ya por acuerdo de la Presidencia, pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, ya pasa a la Sedena. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Sedena; pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Sedena y esperamos nada más el resultado de la reforma”, anunció en esa conferencia de prensa.

También declaró que enviará al Congreso de la Unión la respectiva reforma constitucional; que en caso de que sea rechazada, emitirá un acuerdo presidencial para que la Guardia Nacional anexe a la Sedena; y advirtió que dicho traspaso se efectuará durante el desfile militar del próximo 16 de septiembre.

La militarización de un Estado nacional se produce cuando las fuerzas armadas asumen tareas políticas, económicas y de seguridad pública, que deberían ser ejercidas por autoridades civiles, y cuando las funciones primordiales del Estado se realizan con lógica militar, sin que existan amenazas ni dinámicas internas o externas, cuya solución requiera acción bélica.

Por lo anterior varios analistas, grupos sociales y políticos han advertido que la decisión recientemente anunciada en el Palacio Nacional es violatoria de la Constitución, que puede poner en riesgo los derechos humanos de los mexicanos y que expondría al gobierno civil a un intento de golpe de Estado.

La organización Amnistía Internacional fue una de las primeras ONG en aludir a estos riesgos; y llamó al Presidente a reconsiderar su decisión de militarizar la seguridad pública, ya que “la experiencia demuestra que hoy día México es más peligroso que hace 16 años cuando se decidió que militares salieran a las calles”.

El propio subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, desaprobó la propuesta del Presidente en torno a transferir la Guardia Nacional a la Sedena: “Creo que nosotros debemos mantener el mandato constitucional; siempre lo he sostenido públicamente respecto a que la seguridad pública es un asunto de la autoridad civil”.

El analista especializado en seguridad y columnista del diario El Universal, Alejandro Hope, escribió que “más allá de lo que cada quien opine sobre la Guardia Nacional y su ubicación administrativa óptima, aquí están en juego la separación de poderes y la supremacía de la Constitución. No se puede hacer por decreto algo que contraviene directamente el texto constitucional”.

Los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, respectivamente, advirtieron que el decreto anunciado por AMLO violenta la Constitución porque otorgará a las Fuerzas Armadas atribuciones que no tienen en la ley.

“Establecer que la Guardia Nacional pase a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional sin modificar la Constitución huele a golpe de Estado; y es un verdadero atraco a la Constitución; es vil militarismo por donde se la quiera ver”, denunció Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD.

El coordinador parlamentario de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República, Clemente Castañeda, acusó a AMLO de traicionar su propia palabra, así como la confianza que le otorgaron todas las fuerzas políticas para crear la Guardia Nacional, ya que “su compromiso fue una guardia de carácter civil, con un transitorio que le permite que las fuerzas armadas participen en funciones de seguridad pública de manera complementaria y temporal”.

El “cambio de jugada”

El Artículo 21° de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Guardia Nacional es una corporación policial de carácter civil y que está vinculada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública”, suscribe el Artículo 21° Constitucional.

“La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones”.

Hasta ahora, la Guardia Nacional pertenece a la SSPC; es una institución civil creada en 2019; y para convertirse en una corporación militar “sin duda se requeriría de una reforma a la Carta Magna; pues en la jerarquía de leyes, ésta prevalece por encima de otro ordenamiento jurídico ordinario o reglamentario”, sostuvo en un texto el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila.

En ese mismo documento, el legislador morenista recordó que, en el Artículo 5° transitorio del decreto con el que fue creada la Guardia Nacional se contempla que las Fuerzas Armadas le brindarían apoyo formal y operativo hasta 2024; pero también considera que éstas se retirarían paulatinamente de las tareas de seguridad pública.

En 2010, cuando era opositor incuestionable del entonces presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, AMLO rechazó tajantemente que los militares fueran puestos en las calles para labores de seguridad públicas, con el argumento de que “no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia”.

En ese periodo, AMLO y el PRD, su partido de entonces, aseguraron que votarían contra esa decisión porque los militares asumirían facultades excesivas en el combate a la delincuencia y podrían violar los derechos humanos.

“Lo que tiene que hacerse es atender lo social, crear empleos, atender a los jóvenes, como siempre lo hemos venido diciendo, crear mejores condiciones de vida y de trabajo en el país (…) La mejor manera de enfrentar el problema de inseguridad y de violencia es cambiar la política económica y trabajar con la gente, y para eso no se necesita el ejército en las calles”, reveló en un video difundido en redes sociales.

“Podremos tener un soldado en cada esquina, pero si no hay empleo, si no se atiende a los jóvenes, va seguir habiendo inseguridad y violencia (…) Que no se utilice (al Ejército) para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles”, indicaba AMLO entonces.

Hoy, ya como mandatario, está haciendo todo lo contrario porque otorga todo el poder al Ejército para “proteger” a la ciudadanía.

La Guardia Nacional empezó con una mentira

En la presentación del segundo informe, que intituló Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, puntualiza que la Guardia Nacional empezó con una mentira; ya que a más de dos años de su creación, es claro que se trata de una corporación militar dirigida por las Fuerzas Armadas.

Asevera que la Guardia Nacional parece la columna vertebral de un proyecto militarista; pues el Presidente ha promovido, como nunca antes, la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas civiles; y ahora éstas suman 227 atribuciones, cifra que contrasta con las 43 funciones que tenía asignadas antes del actual sexenio, según el informe Guardia Nacional: a tres años de una definición militarista”.

Este hecho incumple y violenta los Artículos 5° y 7° transitorios de la reforma constitucional, que respectivamente hablan del retiro de las fuerzas armadas en 2024 y el fortalecimiento de las policías locales. En el caso de éstas, el Gobierno Federal las tiene cada vez más en el abandono, mientras se apresta a aumentar la presencia del ejército en las calles.

La investigación destaca que el presupuesto de 2022 asignado a las Fuerzas Armadas y a la SSPC (incluida la GN) asciende a 235 mil millones de pesos (mdp) y que los 60 mil mdp destinados a esta corporación equivalen al de las dos universidades públicas de mayor prestigio: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con presupuestos de 45 y 19 mil mdp, respectivamente.

En noviembre de 2021, el medio digital Animal Político destacó que 80 mil miembros del Ejército realizaban tareas de seguridad pública o de apoyo a autoridades de seguridad locales. Es decir, casi 50 por ciento del personal del Ejército era policía, de acuerdo con el total de los militares activos de la Sedena en 2020, 165 mil 454. Actualmente, solo 23 mil de los 113 mil 833 efectivos de la Guardia Nacional son propios y el resto son soldados y marinos “comisionados”.

Genaro Ahumada García, investigador de la organización Causa en Común, revela que existe la idea falsa de que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional pueden “enfrentarse” a los grupos criminales porque las capacidades técnicas y operativas de las corporaciones policiales son fácilmente superadas.

Los más recientes hechos violentos de alto impacto en Baja California, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Chihuahua y Colima refuerzan esta idea. Por ello, Ahumada García argumenta que la principal razón de que las policías locales no puedan enfrentar a los grupos criminales se debe al debilitamiento estructural e histórico de sus corporaciones; ya que siempre les han restringido presupuesto y ahora esa tendencia se reforzará con el proyecto de AMLO de militarizar la seguridad pública.

Pero la mayor presencia de los militares no solo se ha producido en la seguridad pública; ya que su jefe máximo también los ha habilitado en posiciones directivas de instituciones de salud, migración, transporte y aduanas fronterizas y puertos marítimos. En lo que va del sexenio lopezobradorista, las Fuerzas Armadas han ocupado al menos 163 cargos, entre las cuales destacan las SSPC (51), el Instituto Nacional de Migración (44), el ISSSTE (18), las Aduanas y la Administración Portuaria Integral (17), de acuerdo a Causa en Común.

“Militarización no sirve”

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, advierte que la militarización no sirve; pues “nos está llevando a mucha más violencia”, sobre todo en este sexenio con militares en una guardia supuestamente civil.

Las violaciones a los derechos humanos por las fuerzas armadas se han incrementado. El pasado siete de marzo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la primera recomendación a la Guardia Nacional por “violaciones graves” a los derechos humanos, porque comprobaron que “utilizó de manera ilegal la fuerza letal, y mintió en sus informes iniciales sobre el caso”.

Causa en Común ha contabilizado dos mil 510 denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la Sedena, la Semar y la Guardia Nacional.

Morera insiste en asegurar que la Guardia Nacional solo está disfrazada de civil y que “tenemos muchos más militares en las calles que los que tuvimos en sexenios anteriores. Sin embargo, la violencia y la crueldad, con la que nos estamos matando, es mucho mayor”.