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Soy víctima de la persecución política de este gobierno. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha bloqueado mis cuentas y violado mis derechos constitucionales; pues por encima de las leyes secundarias que facultan a las autoridades administrativas a efectuar determinadas acciones, está la Constitución de la República, que para este gobierno, por lo visto, está de adorno en el uso de su falsa bandera de combate a la corrupción para, en realidad, dedicarse a perseguir a sus enemigos políticos. No está de más recordar que lo que la UIF me está haciendo como legislador antorchista y crítico de las decisiones cuestionables del gobierno de la “Cuarta transformación” (4T) en la Cámara de Diputados, lo ha realizado también contra otros miembros de mi organización y los campesinos de Chihuahua que defendieron con ahínco el agua que necesitan para sus cultivos y que arbitrariamente quería ser enviada a Estados Unidos (EE. UU.), sin hacer siquiera una de las consultas que acostumbra. Hoy en Tabasco, miles de las familias más pobres viven en sus casas inundadas porque el Presidente de la República decidió desfogar una de las presas hidráulicas y enviar el agua a una región diferente a Villahermosa.
La UIF ha bloqueado, hasta la fecha, más de cuatro mil 500 cuentas y ha tenido que desbloquear un alto porcentaje de las mismas porque violenta los derechos de los mexicanos consagrados en los Artículos 14° y 16° de nuestra Constitución. Sin embargo, para que estos ciudadanos no hagan prevalecer esos derechos, el gobierno de la 4T pretende alargar, hasta por un año, los bloqueos de la UIF mediante una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, y evitar que los mexicanos utilicen el amparo como mecanismo de defensa de sus derechos humanos. Es decir, intenta quebrar económicamente a los enemigos de la 4T para que no se defiendan legalmente y no puedan satisfacer sus necesidades básicas personales y familiares. La nueva redacción del Artículo 116° Bis 2, ya aprobada por el Senado, afirma: “…la Secretaría, en ejercicio de sus atribuciones, podrá introducir a una persona en la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o asociados con los delitos señalados…”.
La modificación otorga aparentemente garantías a las personas incluidas en la lista de cuentahabientes bloqueados, pero no obliga a la UIF a aclarar expresamente las razones por las cuales demanda intervenir cuentas; porque para esta oficina gubernamental, sus dichos y presunciones son “indicios suficientes” para sustentar la comisión de delitos tan graves como el lavado de dinero y el terrorismo. Con esta atribución, la UIF se extralimita e invade responsabilidades que la Constitución de la República otorga al Ministerio Público, única instancia facultada y encargada de la investigación y persecución de delitos. Pero éste no es el único desatino: los bancos informan, vía telefónica, a sus cuentahabientes sobre el bloqueo, sin aportar la razón de éste y limitándose a precisar que el afectado debe acudir a la UIF en los siguientes cinco días hábiles a presentar sus alegatos, con lo que se viola el debido proceso, pues primero se intervienen las cuentas y luego se dice por qué. La modificación a los bloqueados concede 10 días hábiles para aclarar su situación; pero los que reúnen los “indicios suficientes”, que sustentan la acusación, se enfrentan a una autoridad que actúa como juez y parte: Poncio hablando con Pilatos.
Con estos procedimientos, la UIF se propone obligar a las personas a las que persigue o desea someter para que “caigan en su cancha”, pierdan tiempo y no puedan salir fácilmente mediante un amparo, al cual solo podrán recurrir después de un año y medio, lapso en el que, si halla un juez dispuesto a no avalar los “indicios suficientes” aportados por la UIF, ordene la suspensión definitiva y la liberación de sus cuentas. Doy como ejemplo mi caso: aún con la suspensión definitiva siguen bloqueadas mis cuentas de la Cámara de Diputados, donde me pagan la dieta (¿las dietas de los diputados son recursos de procedencia ilícita?). ¿A qué se debe la negativa de obedecer la orden de un juez? ¿Será que la UIF adrede frena el flujo de información entre las instancias o las instancias de Hacienda lo hacen?
Como saben los dirigentes de la 4T y el propio Santiago Nieto, el titular de la UIF, la SHCP tendrá que seguir desbloqueando las cuentas porque violentan la Constitución, y porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recordó recientemente que la Ley de las Instituciones de Crédito es secundaria, que está por debajo de la Constitución y que el juicio de amparo –legado de los grandes juristas mexicanos Crescencio Rejón y Mariano Otero– es un instrumento en manos de los ciudadanos para defender sus derechos humanos frente a las acciones arbitrarias de las autoridades gubernamentales. Lo que pretende la UIF con esta Ley, de acuerdo con algunos juristas, es que la Corte, ahora inclinada hacia el morenismo, rediscuta y eche abajo el criterio Medina Mora –aquel exministro de la SCJN a quien, en el inicio de este sexenio, se congelaron sus cuentas bancarias– y la gente no pueda usar el amparo y, de esa suerte, se establezca el principio centralista, dictatorial y fascista que se ha venido vislumbrándo en cada cambio de la ley. ¡Aguas! Estamos a tiempo de que se evite regresar a las dictaduras que ya sufrimos con Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz.
“En total, el gasto por la corrupción es de 43 mil millones de pesos”, reveló MCCI.
Para especialistas de ITESM y de Artículo 19 es una violación a la intimidad y un riesgo de posibles hackeos.
Si a Morena y a AMLO no les fue tan mal en los comicios intermedios, a pesar de sus malos resultados en casi todos los rubros se debe, en gran medida, a la compra de votos que la 4T realiza a través de sus programas sociales.
La Secretaría de Hacienda (SHCP) y la 4T tienen realmente un problema con el paquete económico, algo muy complejo, porque se requieren pagar muchos proyectos con pocos recurso.
Ante el problema de la inseguridad y de la participación de los grupos criminales en las elecciones, el representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, urgió al Gobierno Federal emitir un “Atlas de Riesgo”.
“Este sexenio se acerca a su fin sin haber cumplido su principal obligación: darle a los mexicanos seguridad... la falta de seguridad se manifiesta en muchos frentes. Uno de ellos es el de los asaltos en las carreteras”, refirió Ricardo Anaya.
Hasta el momento no hay ninguna solución a sus demandas, los gobiernos federal, estatal y de la Ciudad de México les han negado el diálogo.
La cerrazón política y la dictadura personal de López Obrador han colocado a México como el país de América Latina con los índices más altos de violencia contra las mujeres, afirmó el líder social Aquiles Córdova.
El Grupo Parlamentario del PAN admitió que ya no cuenta con el voto de Yunes para frenar algunas reformas constitucionales.
Según el INEGI y la propia SSPC de 2021, en lo que va del gobierno morenista (4 años) se han registrado 123 mil 435 homicidios dolosos, muy superior a los 53, 316 asesinados en el gobierno de Felipe Calderón.
Kenia López advirtió que presentará una denuncia ante la FGR por los contratos millonarios que presuntamente han recibido los sobrinos de AMLO de parte de PEMEX.
“No le pago con mis impuestos a usted para que opine sobre los candidatos de la oposición, su papel no es ese, su papel es gobernarnos a todos", señaló el diputado Federico Döring.
Mañana 13 de octubre se entrevistará a la fiscal Ernestina Godoy, para saber si será o no ratificada como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Este 14 de febrero el Frente Ferrocarrilero bloqueará el Tren Maya con una protesta nacional ante la nula atención a sus demandas por parte de López Obrador.
El pasado jueves 15 de febrero el presidente de Morena en la CDMX, Sebastián Ramírez, anunció la designación del diputado local ex perredista Janecarlo Lozano.
Rusia-África: hacia un futuro común
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En México, libros pierden terreno frente a plataformas de streaming
Escrito por Brasil Acosta Peña
Doctor en Economía por El Colegio de México, con estancia en investigación en la Universidad de Princeton. Fue catedrático en el CIDE.