El senador morenista Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reformar los Artículos 20° y 34° de la ley reglamentaria de las instituciones de crédito, así como los Artículos 20° bis y su fracción Tercera de la Ley del Banco de México (Banxico) en materia de captación de moneda extranjera.

En términos generales, las modificaciones tratan de delimitar las operaciones que los ciudadanos mexicanos pueden hacer con moneda extranjera en efectivo. La compra de divisas incluirá la obligación de las instituciones de crédito de contar con sistemas y personal adecuados para recabar, verificar y conservar la información sobre la identidad de sus clientes y que permitan evaluar el riesgo de que los recursos en efectivo procedan de actividades ilícitas como el narcotráfico, el secuestro, etcétera.

De acuerdo con la “Ley Monrealˮ, una vez que los bancos reciben las divisas extranjeras, pueden ofrecerlas a la venta, obtener las comisiones correspondientes a estas transacciones y devolver sus sobrantes al país de origen que, en nuestro caso, la inmensa mayoría son dólares. En los últimos años, la acumulación de los excedentes de efectivo en moneda extranjera ha sido baja, y la mayoría de los bancos los colocan entre sus clientes y otros usuarios o bien los exportan a sus países de origen mediante contratos de corresponsalía que mantienen con entidades del exterior, de tal suerte que, hoy, no tienen problemas con el destino de estos recursos.

Ante este hecho, cabe preguntar ¿Por qué entonces fue promovida casi subrepticiamente esta ley, y para aprobarla se dispensaron trámites y se votó rápidamente en el Senado? Veamos. Los autores, como siempre, nos pintaron el lado bonito de la ley, con el argumento de que “beneficiará” a la población en general cuando en realidad, quienes manejan monedas extranjeras son los mexicanos que se dedican a actividades turísticas y las familias que reciben remesas procedentes de Estados Unidos (EE. UU.), quienes apenas representan el uno por ciento de la población nacional.

Pero el mayor problema de esta modificación legal está en “las letras chiquitas”, pues éstas quebrantan la autonomía del Banxico al obligarlo a comprar las remesas que los bancos no puedan colocar en el mercado local o repatriarlas a las instituciones internacionales. En otras palabras: si los bancos mexicanos y extranjeros no pueden vender esas divisas, Banxico tiene que comprárselas a precios de mercado y guardarlas en sus bodegas como parte de las reservas internacionales del país.

Supongamos que un banco mexicano recibe moneda extranjera de procedencia ilícita, cuyo origen no pudo detectar, no colocó entre sus clientes ni pudo enviarla al exterior, su destino natural de acuerdo con la ley Monreal –que aún puede ser vetada por el Presidente de la República– será el Banxico, que estará OBLIGADO a recibirla en sus bodegas. Pero supongamos que la agencia antidrogas de EE. UU. (DEA) descubre su origen ilícito, demuestra que es dinero sucio, responsabiliza al Banxico del delito de “lavado” y le bloquea sus cuentas.

Con todo esto, el banco central de México, además de ver violentada su autonomía, será objeto de sospechas ante las instituciones financieras internacionales, no podrá sacar de sus bodegas divisas extranjeras para venderlas en el país y, sobre todo, perderá la posibilidad de orientar la política monetaria, con la cual ha logrado mantener la inflación en niveles relativamente bajos y estables.

¿Quiénes se benefician con esta ley, además de los receptores de dólares enviados por los trabajadores migrantes y los mexicanos que se dedican al turismo? De acuerdo con los analistas serios, hay instituciones que cabildean en favor de estas instancias legales porque están sancionadas en EE. UU., poseen muchos dólares de procedencia ilícita y les urge lavarlos. Se citan, entre otras, el banco HSBC, instituciones relacionadas con Banco Azteca, que recibe dinero vía Western Union, y versiones de que existen jóvenes que, por 500 dólares a cambio, se arriesgan a pasar dinero sucio en efectivo por la frontera para incorporarlo al sistema financiero mexicano.

Esas instituciones son las que quieren que el Banxico sea el mayor “lavador” de dinero sucio en México. Santiago Nieto y su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ¿Habrán observado ya “el gol” que les está metiendo Monreal, también miembro destacado de la “Cuarta Transformación” (4T)? ¿Qué le estarán ofreciendo a cambio de esa iniciativa que fue aprobada de manera expedita en el Senado de la República? ¿Será un pacto de apoyo a la posible candidatura en 2024 a la Presidencia de la República del hoy senador Monreal?

No lo podemos saber, solo intuir, pero también podemos decir que, con este tipo de promociones legislativas, la 4T alcanza un 10 de calificación en su objetivo de perjudicar a México y propiciar la corrupción que dice combatir. En la Cámara de Diputados, los antorchistas no aprobaremos estas arbitrariedades de la 4T.