En los hogares de México hay cada día menos alimentos porque todo está más caro y, para frenar la inflación, al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se le ocurrió sembrar más maíz y frijol y que los grandes empresarios se comprometieran a no aumentar los precios en los próximos seis meses.

Para los especialistas en economía, la mayoría de los empresarios, dirigentes laborales y campesinos, el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) —que se difundió con bombo y platillo en la primera semana de mayo durante una de las conferencias mañaneras de Palacio Nacional— es solo un disparate electorero y una tomada de pelo debido a que el proceso inflacionario se debe a factores externos.

Pero este hecho no impidió que el “gran plan” antiinflacionario fuera anunciado en presencia de los secretarios de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O; de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos; de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis; y de Economía, Tatiana Clouthier; así como del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla y varios empresarios —a algunos les agradeció “participar de manera voluntaria”–.

Para los analistas, la intención electorera del PACIC se demuestra por la proximidad de las elecciones locales del cinco de junio en seis entidades de la República, donde el nuevo pacto busca posicionar a los candidatos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), así como fortalecer a Claudia Sheinbaum, su precandidata favorita, para la elección de 2024.

La presunta dedicatoria del PACIC a la señora Sheinbaum pareció confirmarse el 15 de mayo, cuando el Presidente inició la Campaña para la Producción de Autoconsumo de Maíz, Frijol, Arroz y Trigo (CPAMFAT), y la Jefa de Gobierno de la CDMX figuró como la invitada especial y fue la primera en hacer uso de la palabra. Ya en tribuna, ésta aplaudió la iniciativa de “su jefe” y afirmó que el plan combatirá la inflación.

No obstante, este pronóstico carece de sustento práctico, ya que el objetivo de aumentar la siembra de los citados granos básicos no incluyó la mención de un presupuesto; y el colmo fue la revelación del director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Leonel Cota Montaño, debido a que esta empresa apoyará a los campesinos a producir más, pese a que la tonelada de urea ha elevado su precio más de ocho veces en dos décadas, desde los dos mil pesos que costaba en 2002 este importante insumo, hasta los 17 mil que los campesinos tienen que pagar actualmente.

En la mención del alza de la urea —acaso inconsciente por cuenta de Cota Montaño— los expertos en economía advirtieron la incongruencia de querer parar un acelerado proceso inflacionario con cultivos que tardarán varios meses en fructificar y también una ocurrencia más de AMLO o quizás un deliberado engaño de su naturaleza demagógica.

Con la CPAMFAT, el Gobierno Federal pretende adquirir y distribuir, este año, 600 mil toneladas de maíz y 30 mil de frijol en las casi 24 mil tiendas de Segalmex del país. Para ello, Cota Montaño exhortó a los productores agrícolas a que “si ya tienen lo suficiente, lo compramos para distribuirlo en las tiendas Diconsa”.

El Presidente ha visitado, en lo que va de este mes, varias entidades, entre ellas Puebla, Nuevo León y la CDMX, para poner en marcha la CPAMFAT; y, en su presentación del 15 de mayo, informó que sí funcionará porque en Guerrero, según sus datos, la producción de maíz aumento al doble en un año gracias a la entrega gratuita de fertilizante.

Sin embargo, es necesario aclarar que el incremento reciente en la producción, sobre todo de maíz, no se debió al apoyo del gobierno, sino a la lucha que, los campesinos han librado desde anteriores administraciones para que sus gobiernos estatales y municipales les otorgaran fertilizantes, ya que la Sagarpa redujo la entrega, aunque era la encargada de distribuirlos.

Sobre el nivel de la inflación, el Banco de México (Banxico) ha reportado que el aumento desordenado de los precios se genera principalmente en la mayoría de los productos y servicios básicos; y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de su Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), reveló que, en marzo, ésta se ubicó entre el 7.45 y 7.68 por ciento.

Un limitado plan antiinflacionario

Entrevistada por buzos, Adriana García, coordinadora de análisis económico de la organización civil México ¿Cómo Vamos?, opinó con respecto a la propuesta de AMLO:

“Creemos que el plan del gobierno es limitado y que no va a tener los resultados esperados. Esta situación es compartida por la mayoría de los países. Es decir, son factores externos, y como estos factores son externos, no podemos asegurar que estos límites de precios o un compromiso de las empresas sean la solución para atacar el problema. Una vez que se anuncia este paquete, no creemos que tenga un impacto real para que más familias dejen de consumir los alimentos necesarios y, por lo tanto, no evitará que haya más pobreza en México”.

El PACIC, que supuestamente frenará la inflación, contiene 15 puntos. El primero propone estabilizar los precios de la gasolina, el diésel, el gas LP y la electricidad, que dependen del gobierno y obligarán a éste a erogar 330 mil millones de pesos (mdp). El segundo plantea el aumento en la producción de granos a través de los programas Sembrando Vida y Producción para el Bienestar.

Amplía la entrega de fertilizantes, a través del Programa de Fertilizantes para el Bienestar, a campesinos de cinco a seis entidades; y el Presidente anunció un programa emergente para producir fertilizantes orgánicos y la suspensión de aranceles en la importación de sulfato de amonio durante un año.

El plan propone, asimismo, fortalecer la estrategia de seguridad en carreteras mediante el despliegue de 12 mil policías y dos mil 300 vehículos; el no incremento de peajes a carreteras en lo que resta de este año, y la exención de impuestos a transportes de carga hasta el uno de octubre.

El PACIC, emitido por el Secretario de Hacienda, incluye además el no incremento de tarifas ferroviarias, ni de la contraprestación por interconexión. La medida será por seis meses y se aplica al transporte de alimentos, fertilizantes e hidrocarburos; y habrá reducción en costos y tiempo de despacho aduanal.

El despacho ágil de carga en puertos marítimos, aranceles cero a la importación (básicos e insumos) y la constitución de una reserva estratégica y precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche, así como el fortalecimiento de los programas de Diconsa y Liconsa serán uno de los principales soportes del plan antiinflacionario.

Y, finalmente, no habrá aumentos en las tarifas de los servicios Telmex y Telcel, según presumió Ramírez de la O, ya que el propietario de estas empresas, Carlos Slim Helú, informó esta decisión. Otras grandes compañías fabriles, comerciales y de servicios también “congelarán” sus precios, entre las que destacan Bimbo, Walmart y Chedraui, entre otras firmas.

La especialista de México ¿Cómo Vamos? advirtió que el hecho de que se sumen algunas empresas de este nivel, no resolverá el problema; pues en el supuesto de que efectivamente no trasladen sus costos finales al consumidor en estos bienes y servicios, ello no impedirá que recuperen sus márgenes de ganancia en la venta de otros productos.

Pero las que sí seguirán resintiendo tanto la inflación como la recesión que hoy enfrenta el país son las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes), que fueron olvidadas por el Gobierno Federal durante la pandemia de Covid-19 y más de un millón de ellas quebró y desapareció.

“El incremento en los precios de los bienes y servicios en el país ha afectado más a los hogares con menores niveles de ingreso”, destaca el informe ¿Cuánto más gastan los hogares? El impacto regresivo de la inflación, elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), que además explica que las familias con menores recursos dedican una mayor proporción del gasto al consumo de productos básicos, sobre todo los que reportan mayor incremento en sus precios.

La realidad desmiente a la 4T

Mientras el gobierno de AMLO aún insiste en que México logrará la soberanía alimentaria en lo que resta del sexenio, el campo sufre una severa crisis económica debido a varios factores, entre ellos el abandono de la administración federal. Este año solo dispone de 53 mil mdp, apenas dos mil millones más que en 2021 porque fueron eliminados varios programas de apoyo a los campesinos.

Consultado por este semanario, Jose Juan Bautista, dirigente de Fuerza Campesina Guerrerense (FCG), que agrupa a varias asociaciones agrarias, aseveró que el PACIC es una “tomada de pelo” del Presidente, porque los precios de los fertilizantes, las semillas mejoradas y otros insumos agrícolas están fuera de su alcance por sus altos precios, además de que la producción de granos en México no puede competir con la de otros países como Estados Unidos (EE. UU.), de donde incluso se importa gran parte del maíz que se consume aquí.

Proyecciones del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) calculan que México importará este año una cifra récord de este grano: 18.4 millones de toneladas, 2.2 por ciento más que en 2021, cuando se llegó a 18 millones. Juan Carlos Anaya, director general del GCMA, indicó que “si sigue cayendo un poquito la producción, vamos a llegar a casi 19 millones, que sería una cantidad récord de importación”.

México es hoy el segundo importador de maíz después de la República Popular China, debido a que apenas produce 27.6 millones de toneladas de maíz al año, cantidad insuficiente para cubrir las necesidades del consumo popular; y por ello debe comprar del exterior cerca de 17.3 millones de toneladas anuales.

En palabras de José Juan Bautista: “la autonomía alimentaria que presumía el Presidente no se da; ya son tres años, es el cuarto año de los ciclos productivos de este gobierno y apenas andamos entre el 52 y 53 por ciento de la producción, muy lejos del 75 por ciento que la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) reconoce para lograr la soberanía alimentaria. Creo que el Gobierno Federal no está siendo nada comprensivo, no tiene en sus manos la problemática real para tomar las decisiones y no toma en cuenta la realidad”.

Entrevistado en torno a la propuesta del Presidente sobre la entrega de más fertilizante como una de las medidas para aumentar la producción, señaló que es una buena intención, pero que la realidad es otra; ya que el reclamo generalizado en varias entidades consiste en que Morena llegó al gobierno y se redujo la cantidad por hectárea de bultos de fertilizante para los campesinos.

“A un productor antes se le apoyaba para cultivar tres o cuatro hectáreas, eso con la participación de los gobiernos estatal y municipales. Ahora que el programa está en manos del Gobierno Federal, a la gran mayoría de los productores se les entrega solo para sembrar una hectárea. Es decir, se entrega con base en los cálculos de las autoridades, porque según ellos eso es lo que se necesita para cultivar una hectárea: seis bultos de fertilizante cuando mucho. Algunos productores han peleado más, se les apoya con dos hectáreas; pero tres, cuatro y cinco hectáreas dejaron de aparecer en el programa”, puntualizó el dirigente campesino.

Con respecto a la información del Secretario de Agricultura Víctor Villalobos, de que este año hubo un aumento en el padrón de beneficiarios luego de que se identificó “a los que supuestamente no siembran”, Bautista explicó que los campesinos dados de baja fueron pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros que no simpatizan con Morena, lo que “está identificado y comprobado”.

El líder agrario advirtió que unos 10 mil productores agrícolas de Guerrero no recibirán fertilizante, lo que generará un déficit de producción de maíz y, por tal motivo, un problema de inflación adicional y de alimentación para muchos guerrerenses. La situación se complica aún más porque, para producir maíz, no solo se necesita fertilizante, sino también otros insumos que están “fuera del radar del Gobierno Federal, como insecticidas, herbicidas, entre otros insumos.

“La situación es complicada. No hay forma de que pueda cambiar esto; muchos campesinos, al no estar en el padrón, no se están animando a sembrar. El año pasado disminuyó la siembra, aunque la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural afirme que aumentó la producción de maíz. No sabemos de dónde sacaron los datos; pero este año hay mucha incertidumbre para sembrar. El costo del fertilizante aumentó y ése es otro elemento que juega en contra de los campesinos, porque también sabemos que la Sader tiene una cantidad ya establecida para comprar fertilizante, misma que será insuficiente”, abundó José Juan Bautista.