El programa de vivienda del gobierno de Claudia Sheinbaum, que contempla a varios municipios del oriente mexiquense es ambicioso, pero sobre todo demagógico.

En el Estado de México, la Presidenta de la República y la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, promueven el programa con mucha algarabía: “Se estima una inversión aproximada de 600 mil millones de pesos (mdp) en la construcción, mejoramiento y ampliación de viviendas. Se atenderá prioritariamente a mujeres jefas de familia, jóvenes, población indígena, y adultos mayores”, declararon en la conferencia matutina del 14 de octubre de 2024.

Un millón de viviendas, además, “450 mil mejoramientos y ampliaciones de viviendas existentes en zonas con alto grado de marginación, así como la escrituración de otro millón de viviendas”, son, en resumen, el contenido de tales medidas.

Las bondades del mencionado programa de vivienda, como es costumbre en los gobiernos de la “Cuarta Transformación” (4T), son festejados como la panacea que resolverá los problemas de vivienda en México, no es así.

Sería un despropósito negar la importancia de que una mujer haya arribado a la Presidencia de la República, pero el hecho se ensombrece porque no contiene propuestas importantes en su programa de gobierno, menos un proyecto de nación, únicamente se perpetúa la política de quien no se cansó de alabar la bondad de unas obras emblemáticas que, al final del sexenio, no entregaron los productos “ofertados” y el millonario gasto no resultó útil para las mayorías.

Los informes diarios de la Presidenta sobre los programas gubernamentales reflejan un millonario presupuesto en la red carretera, la construcción de miles de viviendas en seis años de gobierno y los 16 programas asistenciales efectuados por un enjambre de promotores que visitan los hogares recabando el padrón de potenciales beneficiarios.

El programa carretero fue presentado en la mañanera del 16 de enero por el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva quien, con voz nerviosa, confundía los nombres de las comunidades, destacando los proyectos activos desde hace años, como es el caso de la carretera Cuautla-Tlapa-Marquelia que, en veinte años, sólo llegó a la comunidad de El Pitayo –no Pitahayo, como mencionó Esteva–, apenas avanzó diecinueve kilómetros en cinco lustros: llegar a Marquelia, en las costas guerrerenses, es el sueño de los pobladores, ¿es posible en seis años? Claro que sí, pero la duda queda.

El déficit de vivienda en México

Pero, ¿es realmente la promesa de construir un millón de viviendas la solución al problema de la vivienda en México o es solamente un acto de propaganda gubernamental? En 2023, el déficit de este sector ascendía a 9.6 millones de viviendas en México, así lo dio a conocer la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en su comunicado del 16 de mayo de 2024; pero los datos oficiales únicamente reconocen un déficit de 8.97 millones, con la acotación de que esta cifra sólo considera las deficiencias de las construcciones ya existentes y una parte de éstas son las viviendas faltantes.

“El Rezago Habitacional Ampliado totalizó ocho millones 977 mil 409 viviendas en 2022, lo que representa 24.3 por ciento del total de viviendas habitadas en el país (36.97 millones en 2022)” establece el dato más reciente reconocido por el Gobierno Federal en el estudio Rezago Habitacional Ampliado en México a cargo de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El comunicado 426/2021 de la Sedatu del 20 de mayo de 2021 resume el rezago de vivienda en México con datos del Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y concluye que “26.6 por ciento de la población vive en condición de rezago y se concentra en el centro y sur del país”, por lo que 33.5 millones mexicanos no cuentan con una vivienda o viven en una que no reúne los requisitos de habitabilidad; esto fue tomado de los 126 millones de mexicanos del censo 2020.

Según el Inegi, para que una vivienda sea adecuada, debe reunir los siguientes requisitos: “seguridad en la tenencia de la tierra; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural”; sin estos siete elementos, se considera el rezago en materia de vivienda.

De acuerdo al mismo documento, los estados que tienen mayor rezago son: “68.2 por ciento de las viviendas en Chiapas, 59.4 por ciento en Tabasco, 53.2 por ciento en Oaxaca y 51.5 por ciento en Guerrero. Las entidades de Veracruz, Campeche y Baja California presentan más de 40 por ciento del total de sus viviendas en condición de rezago habitacional.

“En términos absolutos, Chiapas tiene el mayor número de personas en condición de rezago habitacional con 3.95 millones”; le sigue de cerca de Veracruz (3.94) y el Estado de México (Edomex) tiene 2.6 millones de personas.

Del total del Rezago Habitacional Ampliado de ocho millones 977 mil, “20 por ciento corresponde a la falta de nuevas casas y departamentos”, reveló El Economista en julio de 2024. Para el Gobierno Federal, esto representa una pérdida de un millón 795 mil viviendas, que contrasta con la estimación “del rezago de vivienda actual de nueve millones de unidades en el país, estimó el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) México, Karim Antonio Oviedo Ramírez”, en su declaración del pasado 15 de enero.

Como se ve, la información oficial difiere en siete millones de viviendas faltantes: el fantasma de “los otros datos”, recurrente en el gobierno de la 4T, sigue presente aun sin su creador.

La necesidad de vivienda

Las opciones de la mayoría de los mexicanos para hacerse de una vivienda radican en los créditos a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), en el mejor de los casos, o mediante créditos bancarios.

Las cifras oficiales indican que de los 61 millones de mexicanos en edad de trabajar, 59.1 por ciento están empleados; de ser correcta la cifra, significaría que, prácticamente no existe el desempleo; sin embargo, el Instituto mexicano del Seguro Social (IMSS) sólo reconoce 22.37 millones de afiliados al cuarto trimestre de 2024; en tanto que los gobiernos estatales, municipales y el Federal, 5.15 millones de empleados al cierre de 2020; de tal suerte que, de los 59.1 millones de trabajadores que la 4T asume como población empleada, 27.5 millones de mexicanos cuentan con un empleo formal y tendrían la forma de acceder a un crédito, tanto del Infonavit como del Fovissste; el resto debe conseguir una vivienda como “Dios le dé a entender”.

Fundado en 1972, el Infonavit ya no construye viviendas desde 1992 debido a la reforma efectuada ese año a la ley que regula a ese organismo; la construcción y comercialización de viviendas en México pasó a las desarrolladoras inmobiliarias.

A partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la construcción de viviendas decayó y pasó de 264 mil en 2016, 37 mil menos que en 2015, hasta su punto más bajo en 2023 con 131 mil viviendas construidas; en tanto que los precios de la vivienda social se incrementaron dos veces más de su costo en 2018 por los efectos de inflación y, consecuentemente, los elevados precios en los materiales de construcción, reportó El Financiero en enero de 2024.

La Asociación Hipotecaria Mexicana (AHM) establece seis categorías para la clasificación de la vivienda: económica, de 40 a 50 m²; popular, de 50 a 70 m²; tradicional, de 50 a 100 m²; le siguen: media, de 100 a 150 m²; residencial, de 150 a 220 m²; y residencial plus, de más de 220 m². Son las dos primeras, popular y tradicional, las que dominan la venta de unidades habitacionales.

El Índice SHF (Sociedad Hipotecaria Federal), emitido por el Gobierno Federal, agrupa el precio promedio de las viviendas: el primero, económica y popular, en 712 mil pesos; la media en un millón 70 mil pesos y el residencial plus en un millón 995 mil pesos, en su informe del 10 de febrero de 2025, donde precisa que el 75 por ciento de las operaciones se realizó en este último segmento.

Pero, ¿acaso una familia puede vivir en un espacio de menos de 50 metros cuadrados? Martha, es una vecina de la Unidad Habitacional Los Héroes, una de las primeras más grandes en el Oriente del Valle de México, su casa está asentada en un terreno de 36 metros cuadrados (m²), tiene tres metros de ancho por doce metros de fondo; es de dos niveles: el comedor es un pequeño espacio donde apenas cabe una mesa de 80 por 120 centímetros, su precio inicial oscilaba en 180 mil pesos hace más de 25 años; “ya no me acuerdo bien” –señala–, pero terminaron pagando dos veces más del precio inicial; ella compartió su experiencia a este semanario: todo lo que debieron pasar para pagar su casa, que únicamente pudieron liquidar porque ella y su marido trabajaban: “entonces ganaba bien, pero cuando en mi trabajo hubo recorte, ya no tuvimos los dos ingresos; y a sufrir porque no completábamos para las mensualidades, los intereses nos estaban acabando y, por momentos, pensábamos que ya nos iban a quitar nuestra casa”, recordó en entrevista. 

Los bancos, luego de pagar a las inmobiliarias las casas o departamentos adquiridos por sus compradores, ejercen presión mediante despachos de cobranza y, sin la menor consideración, desalojan a las personas que ya no pueden pagar; o finalmente éstas pagan cantidades exorbitantes por la mora.

Las historias de embargo y desalojo eran el pan de cada día en Los Héroes de Ixtapaluca; ahora ya no lo son tanto porque “ya somos una unidad vieja”, nos aclara doña Martha; pero junto con sus vecinos tuvieron que defender o pedir el apoyo a alguna dependencia u organización social para que les ayudaran a recuperar las viviendas de sus vecinos que fueron presa del atraso en sus pagos y el consecuente desalojo o embargo; inmuebles que los bancos o las fiduciarias venden de nuevo.

“Aquí la mayoría no tiene Infonavit o Fovissste; los que tienen un trabajo o un empleo en el gobierno, pues sí; pero son pocos: muchos son comerciantes, el ingreso a veces es incierto; aquí estamos; aunque las casitas son muy pequeñas, como la mía: qué le vamos a hacer”, concluye Martha.

Qué opciones hay para adquirir una vivienda 

La dificultad con que una familia se hace de una vivienda, ganando uno o hasta cinco salarios mínimos, resulta muy evidente y lamentable; por eso el discurso gubernamental cae en terreno fértil y entusiasma al público oyente por la necesidad de un espacio propio para vivir.

El problema para acceder a una vivienda se describe sucintamente en el boletín de la UNAM-DGCS-867 del 13 de octubre de 2021: “la coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, María Silvia Emanuelli, recalcó que, de acuerdo con cifras oficiales de 2015, en México 76.2 por ciento de la población ocupada no podía acceder a la compra de una casa a través del mercado, tampoco por crédito ni por subsidios. Las mayorías siguen quedando fuera y la vivienda que se ha producido no es la adecuada”.

En el mismo documento y “de acuerdo con el Censo 2020, hay más de ocho millones 669 mil viviendas deshabitadas y de uso temporal; es decir, aproximadamente 19 por ciento del total en el país, comentó la secretaria técnica de Proyectos del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM, Mariana Sánchez Vieyra”, aunque entre las causas de abandono de las viviendas no se aclaran datos sobre la imposibilidad del pago, las más recurrentes son por violencia, la construcción en zonas inadecuadas y la falta de servicios básicos.

El conflicto por acceder a una vivienda o el abandono obedece a una causa general, como señala el boletín de la UNAM, que consiste en la incapacidad de pago por los bajos salarios, que impiden al ciudadano común acceder a los productos financieros que lo acerquen a adquirir una vivienda.

Grupos de solicitantes, una opción

Desde hace cuarenta años inició un proyecto para otorgar vivienda a las personas de menores ingresos, a los que menos recursos tienen y que las más de las veces no cuentan con la posibilidad de asegurar el alimento del día siguiente. Ese proyecto se le denominó “Grupos de Solicitantes de Terrenos”. Los organizadores fueron jóvenes universitarios; a mediados de los ochenta, iniciando en las goteras de la Zona Conurbada de la CDMX, en el municipio de Ixtapaluca, se reunían semanalmente grupos de ciudadanos que compartían la misma desgracia: la falta de vivienda.

Acordaron aportar lo que pudieran juntar en la semana, se necesitaba un control honesto y preciso de las cuentas. De esta forma reunieron la cantidad suficiente para “enganchar” un terreno de aproximadamente 10 hectáreas con los ejidatarios de Tlalpizahuac; pero como la cantidad de lotes que salían de ese terreno no era suficiente para todos los integrantes del grupo, se debió jerarquizar y priorizar a los más puntuales en sus aportaciones y constancia en las reuniones semanales; luego se hizo una rifa para la distribución para evitar preferencias.

En general, los lotes son de 120  m², no contaban con los servicios básicos: “tuvimos que luchar, primero porque nos dejaran tomar posesión de nuestro terreno, porque ya se lo habíamos pagado al ejidatario; luego contra el municipio y el gobierno del Edomex, que tampoco nos dejaba tomar posesión; luego por los servicios.

“Ahora, usted vea, nuestra colonia tiene todos los servicios, espacios deportivos, auditorio, escuelas, nuestras casas las fuimos construyendo como podíamos; no son como las ‘pichoneras’ de las unidades habitacionales; además, fuimos pagando nuestro terreno poco a poco”, platica doña Ana Palomeque, parte del grupo de fundadores de la Colonia Citlalmina, que fue la primera colonia formada con el esquema de los Grupos de Solicitantes de Terrenos y que costó la vida a Don Gonzalo López Cid, por la represión ejercida por las fuerzas del gobierno mexiquense para impedir, desde el origen, la formación de una colonia de este proyecto.

Los Grupos de Solicitantes de Terrenos ha formado colonias en todo el país, desde Tijuana hasta Mérida, con carácter nacional; y los lotes entregados suman más de 125 mil, modesto esfuerzo ante la gran necesidad, pero gigante tratándose de una iniciativa ciudadana.

El millón de viviendas, una ilusión más que una solución 

Minimizando los problemas no es como se resuelven, “maquillando” las cifras para presumir bonanza y no enfrentar la realidad, ésa es la constante en el gobierno de la 4T: difundir que el 59.1 por ciento de la población económicamente activa (PEA) está empleada es una engañifa; las cifras aportadas por el IMSS y el ISSSTE desmienten esa afirmación gubernamental; los verdaderamente empleados suman 27.5 millones, el resto es comercio informal, vendedores ambulantes, lipiaparabrisas y viene-vienes que no reciben un salario seguro ni prestaciones o apoyo a la vivienda, nada, ésa es la realidad.

Difundir que en México sólo falta un millón 795 mil viviendas significaría pensar que para 2030, cuando concluya el gobierno de Claudia Sheinbaum, se habrá resuelto el problema de la vivienda, cuando los organismos de los desarrolladores habitacionales establezcan que la falta de viviendas asciende a nueve millones por los medios a su alcance, sin que autoridad alguna desmienta lo dicho por los representantes de esos organismos.

Bienvenida la construcción de un millón de viviendas, aunque sea a lo largo de cinco años, pero estamos por terminar el mes de marzo y sabemos dónde han empezado a construirse las viviendas anunciadas; hace 33 años que el Infonavit no construye viviendas.

La conclusión del representante de la AMPI es lapidaria: con la construcción de viviendas, al ritmo que oferta el Gobierno Federal, “tomará unos 30 años abatir el rezago actual de nueve millones de unidades en el país”.