El tiempo se agota. Para el día 25 de diciembre, los partidarios del Presidente de la República deberán haber reunido aproximadamente dos millones 758 mil 227 firmas de 17 entidades federativas para que proceda legalmente su solicitud y el Instituto Nacional Electoral convoque, organice y valide una consulta ciudadana sobre la revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador. Digo aproximadamente, porque la ley exige el tres por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón electoral y, como se comprende, esa cifra puede calcularse con exactitud hasta el día de la revisión final de las firmas, una vez que se haya precisado cuántos mexicanos vivos siguen inscritos en esa lista; la ley exige, además, que en 17 entidades federativas se cumpla ese tres por ciento.

En caso de cumplirse con los requisitos, el domingo 10 de abril del año que entra se convocará a la ciudadanía a expresar su decisión acerca de si el Presidente de la República continúa en el cargo o se le revoca el mandato. Es más o menos la mitad del sexenio. La Ley de Revocación de Mandato es nueva en México, no existía, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de septiembre y es la realización de una propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Aparentemente se trata de una ampliación de la vida democrática del país en el sentido de que el ciudadano tendrá oportunidad de detener las acciones de un mal gobierno antes de completar los seis años del mandato oficial y retirar del cargo al Presidente de la República en turno.

Suena bien. Pero a poco que hurguemos un poco más en la nueva ley nos daremos cuenta de que no se trata de estar jugando a la ruleta rusa con el cargo de Presidente de la República. Para el ciudadano común o para un grupo espontáneo de ciudadanos sencillos, más aún, para los que viven en pueblos o colonias populares y están atados a un empleo precario y no solo no tienen un auto para desplazarse, sino ni siquiera un poco de dinero para “comprar datos” para su rudimentario celular, poner a funcionar un aparato nacional que recabe en plazo perentorio dos millones 758 mil firmas, resulta poco menos que imposible. Es tarea exclusiva de los grupos con poder.

Esa realidad, muy difícil de cuestionar, ya recorta inmensamente el alcance de la gran medida democrática y la reduce a la maquinación de una minoría que tiene propósitos muy concretos. No obstante –se dirá– siempre quedará para toda la población, al alcance de su mano, acudir el día de la votación y expresar su voluntad y, si gana revocar el mandato, el Presidente se va. También esto suena bien. Pero, también, como todos los fenómenos de la realidad, tiene entrañas. En la sociedad en que vivimos, ¿quién tiene el poder y el dinero para penetrar y tomar posesión de la mente de muchos seres humanos? ¿Quién puede construir personajes y hasta programas de gobierno como se hizo con la supuesta trascendencia justiciera del neoliberalismo o con la añagaza de que el fin de la corrupción, o sea, un Estado opresor barato, es el mundo por el que deben luchar y entregar su vida los pobres o, peor aún, con la ocurrencia de que al sanguinario crimen organizado hay que destruirlo para siempre con abrazos? No hay duda, Carlos Marx tenía razón: “Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante”. ¿Quién, pues, tiene todas las posibilidades de ganar y hasta de arrasar una consulta sobre la revocación de mandato? ¿Los que tienen el poder o los que no lo tienen?

En consecuencia, la consulta sobre la revocación de mandato no es, no será, en caso de que finalmente se realice, un acontecimiento que amplíe y profundice la democracia, es una iniciativa para difundir la idea de que a tres años de gobierno, cuando un gobernante debería estar políticamente debilitado, el que ahora tenemos, hombre excepcional, sigue teniendo el respaldo clamoroso de los mexicanos y… vaya usted a saber qué propósitos, qué planes se tengan para hacer uso de ese real o imaginado apoyo ciudadano. Creo que, por lo menos, para prolongar el ejercicio del poder del grupo que actualmente lo detenta, por el mismo personaje o por interpósita persona. En consecuencia, no cabe la duda, la consulta para la revocación de mandato es para fortalecer y favorecer a una minoría.

Así se explica que sean los lopezobradoristas (de Morena o no de Morena) los que se hayan echado a cuestas la tarea de reunir los dos millones 700 mil y tantas firmas. Así queda explicado cómo, para cumplir la tarea, estén echando mano del aparato estatal y ya difundan que se trata de una “ratificación”, no de una revocación, como dice la ley. Ya está trascendiendo que la clave secreta de la gigantesca labor de recolección de casi tres millones de firmas (que, además, para que sean válidas, deben incluir la fotografía de la credencial de elector por los dos lados y la fotografía del rostro del que otorga la firma), no son las casetitas con logotipo de Morena que se pueden ver en algunas plazas mosqueándose y que los encargados de ellas cierran y se marchan en punto de las seis de la tarde cuando termina su turno laboral, eso es solo propaganda.

La tarea se realiza arduamente en otro lado y por empleados del gobierno a la hora de entregar los diversos apoyos que otorga a la ciudadanía el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya que la mayor parte de los programas de apoyo se entregan presencialmente, los recaudadores de las firmas se apostan, por ejemplo, en las mesas de pagos de las pensiones a adultos mayores y solicitan el apoyo “voluntario” ante la mirada de los elementos de la Guardia Nacional que siempre están presentes. A ver quién es el valiente que se rehúsa.

En fin, sacar las firmas sin participación activa del gobierno estatal o federal o los dos, es tan difícil e increíble como hacer que un notario público en Veracruz santifique la venta de un terreno urbano en la ciudad de Xalapa sin asegurarse de que la persona que se ostenta como vendedor sea, en efecto, el legítimo propietario del bien o, siquiera, su legítimo representante o, también, difícil de creer que la autoridad judicial le dé entrada inmediata y diligente a la denuncia de una mujer que se dice defraudada por tal operación y proceda de volada a iniciar un proceso a una persona que es la legítima propietaria del bien desde hace treinta años, pero que es completa y absolutamente ajena a la turbia operación de venta del inmueble. Sin intervención del gobierno no se estuviera persiguiendo, pues, al compañero presidente del Comité Directivo Estatal del Movimiento Antorchista en Veracruz, el ingeniero Samuel Aguirre Ochoa.

Otra de las maravillas que suceden en nuestro país, supuestamente sin la mano negra oficial, es el transporte de indocumentados desde la frontera sur. Tuvo que suceder una lamentabilísima tragedia en Chiapa de Corzo en la que murieron 57 personas para que la opinión pública nacional e internacional cayera en la cuenta de que mientras miles de migrantes se amontonan y desbordan varias ciudades cercanas a la frontera con Guatemala, otros migrantes que cuentan con algún recurso para pagar su traslado son llevados impunemente hacia la frontera con Estados Unidos. ¿Cómo pudo ese tráiler que llevaba casi 200 personas amontonadas recorrer 266 kilómetros y cruzar casetas (si tomamos como punto de partida Amatenango de la Frontera) sin que ninguna autoridad lo detectara y lo detuviera? Crimen organizado, claman los defensores de la 4T; sí, pero bien amartelado con el gobierno.

Así que el proceso de recolección de firmas, que puede culminar en una supuesta hazaña política de los laboriosos y abnegados militantes morenistas, la persecución de los líderes antorchistas en Veracruz y la sorprendente aparición de un tráiler con 200 emigrados que se vuelca y los mata en Chiapa de Corzo no se pueden comprender si no se reconoce que la corrupción, la temible y destructiva, sigue ahí, igual que antes o más peligrosa y devastadora que antes.