El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue multado por el Instituto Nacional Electoral (INE) con 5 millones 492 mil 840.68 pesos “por omitir reportar verazmente el total de las operaciones celebradas con un proveedor”.
Mientras que al Partido Libre de Aguascalientes se le multó con 5 mil 914.30 pesos “por no reportar siete cuentas bancarias”.
Este día, el Consejo General del INE resolvió 60 procedimientos en materia de fiscalización en contra de partidos políticos nacionales y locales, de los cuales 56 fueron desechados, una queja fue infundada y, respecto a tres procedimientos oficiosos ordenados por el Instituto uno se declaró infundado.
Al presentar los proyectos, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela Herrera, explicó que al PVEM se le impuso una sanción de Agregó que los procedimientos que se consideraron infundados no acreditaron los hechos denunciados o los gastos debían reportarse en las erogaciones ordinarias.
En tanto, en el caso de las desechadas se denunciaron actos anticipados de precampaña y campaña en los que la Unidad Técnica de Fiscalización no es competente, por lo que se dio vista a los Organismos Púbicos Locales Electorales para que investiguen los hechos denunciados.
En este punto, la Consejera Carla Humphrey Jordan propuso estudiar y aplicar en el Reglamento de Fiscalización un criterio de oportunidad que permita que los proveedores reporten con veracidad, así como presentar mayores elementos como un incentivo para que les sea pagado el monto total que les adeuda un partido político, ya que en un caso se informó una compra a un proveedor por 150 mil pesos, cuando el saldo era de casi 2 millones de pesos.
El Consejero José Roberto Ruiz Saldaña fundamentó su voto en contra de algunos proyectos, ya que no está de acuerdo con la medida de que sea el 25% el límite para la reducción de ministración en el cobro de la sanción o que se omita dar vista a los Organismos Públicos Locales por posible uso de recursos públicos, pues en su opinión, en algunos casos, primero debe haber una investigación en materia de lo contencioso y posteriormente un pronunciamiento en materia de fiscalización.
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