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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este viernes 25 de abril, anular los resultados de las elecciones judiciales cuando se demuestre que un candidato ganador cometió delitos por violencia de género o sea deudor alimentario.
El acuerdo fue aprobado por ocho consejeros y fue rechazado de manera tajante por la presidenta de ese órgano electoral, Guadalupe Taddei Zavala, quien aseveró que la iniciativa del bloque de magistrados mayoritario representa un “exceso en el ejercicio de atribuciones reglamentarias del instituto”, pues “atenta contra la presunción de validez con la que el Senado de la República remitió los listados” de candidatos.
El Convenio ordena la creación de un apartado en el sitio del INE para que “personas ciudadanas u organizaciones de la sociedad civil” puedan enviar información relacionadas con sentencias firmes contra candidatos, y fue elaborado por la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación.
El INE se hará cargo de revisar las evidencias y abrirá un espacio para que los candidatos se defiendan de las acusaciones, pero en caso de determinar la veracidad de los delitos, el INE declarará la invalidez de su elección.
En el debate, Taddei aseveró que “por más notables, nobles y compartidas que sean las causas que se abanderan en el instituto, actualmente el proceso se encuentra en curso, e insistió en que, “por certeza y seguridad jurídica, no podemos alterar las reglas de participación en este momento, pues se sentaría un mal precedente”.
Por su parte, la consejera Rita Bell López, quien por lo general acompaña a la presidenta Taddei en sus votaciones, aportó su voz al acuerdo, pues señaló que varias organizaciones han “hecho acusaciones directas de personas posiblemente que hayan cometido algún tipo de violencia contra las mujeres o deudores alimentarios”.
El consejero Uuc Kib Ancona, subrayó que si el INE tiene el 3 de junio copias certificadas de sentencias firmes sobre condiciones prohibidas por la Constitución, pueda evitar no declarar la validez de esa elección.
Los principales riesgos del Proceso Judicial son la falta de certeza jurídica; así como de transparencia y los recortes presupuestales.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera