Uno de los detenidos estaría vinculado con Mirta García, excandidata de Morena a la alcaldía de Tihuatlán en 2025.
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La Diócesis de San Cristóbal de las Casas denunció este domingo la falta de acción y el silencio de las autoridades del estado de Chiapas, ante la violencia generalizada en el estado, y que se ha incrementado al grado de que los grupos delincuenciales han puesto en estado de sitio a la entidad, bajo psicosis social con narco bloqueos.
A través de un comunicado, el organismo social señaló a las autoridades municipales y regionales, a los presidentes municipales, a los gobiernos estatal y federal, de estar rebasados, incluso coludidos, con los grupos delincuenciales.
Lo anterior, debido al silencio y la falta de respuesta de los encargados de dar paz y seguridad a la sociedad, a los pueblos que han denunciado en todo momento la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales.
En el documento dirigido a los tres niveles de gobierno, a los organismos de derechos humanos, a los medios de comunicación y sociedad en general, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas hizo un llamado a la comunidad internacional a dar a conocer la situación de violencia en que los chiapanecos viven cada día, sin que a las autoridades correspondientes hagan algo al respecto.
Entre otras, los denunciantes acusan amenazas, hostigamiento, persecución e intimidación a la sociedad civil, la presión y control social, político y psicológico de los grupos criminales para que los ciudadanos tomen partido por algún grupo criminal; y el despojo de sus bienes, fruto de su esfuerzo y trabajo.
Además del ingreso de personas armadas en las comunidades y pueblos de Chiapas; y el control del territorio, saqueo, extracción y explotación minera y cobro por “derecho de piso” y extorsión, violentando los derechos humanos y comunitarios.
Por ello, exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno, por ser responsables del estado tan violento en el que viven los ciudadanos, a atender la situación y actuar atendiendo las denuncias de la sociedad civil, y aprehendiendo a los líderes de los grupos delincuenciales, así como establecer el orden social y hacer valer el estado de derecho de los pueblos.
Uno de los detenidos estaría vinculado con Mirta García, excandidata de Morena a la alcaldía de Tihuatlán en 2025.
Los cortes se realizarán en distintos días de abril por el montaje del tramo elevado; autoridades piden prever tiempos y usar rutas alternas.
Estimaciones de medios especializados apuntan que el impacto laboral del cierre en la región representó una pérdida de entre dos mil 300 y cuatro mil 200 empleos directos.
El principal movimiento es el de Madres Buscadoras, que han realizado y planean protestas en las inmediaciones del Estadio Banorte.
Presentará un escrito legal en apoyo a una demanda colectiva interpuesta por detenidos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió “derogar de inmediato la ley discriminatoria sobre la pena de muerte aprobada”.
La iniciativa contempla un cese inmediato de las hostilidades y el compromiso de “realizar todos los esfuerzos posibles para evitar la propagación del conflicto”.
“Cada día tiramos la basura suficiente para preparar mil millones de comidas, mientras que el 9% de la humanidad pasa hambre”, Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
Tan sólo en 2022, la Policía Cibernética identificó alrededor de 500 incidentes relacionados con menores de edad en México vinculados a este tipo de desafíos.
De los 25 mineros, cuatro quedaron atrapados en zonas más profundas, a 300 metros aproximadamente.
Autoridades prevén afectaciones por más de 10 horas en distintas carreteras federales y estatales.
“Nos alegramos de que este cargamento de productos petroleros llegue a la isla, o más bien, de que haya llegado”, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.
El presidente libanés, Joseph Aoun, calificó el ataque como “un crimen flagrante que viola todas las normas y acuerdos que protegen a los periodistas”.
En México se han desarrollado protestas por el acceso a la tierra, agua, gentrificación y vivienda; mientras colectivos de búsqueda exigen avance en investigaciones, esto previo al torneo.
Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta distorsiona la realidad en un país donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 93%.
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Escrito por Redacción