Conforme se acerca la pandemia del coronavirus a la tercera fase, muchos de los horrores para los más pobres se van confirmando. Y es que si bien en las fases 1 y 2, no han podido cumplir el llamado a mantenerse en casa, difícilmente podrán hacerlo en lo que las autoridades han señalado será la etapa más crítica de la contingencia. En este escenario de incertidumbre, no son claras aún las vías por las que el gobierno federal puede hacer efectivas  sus limitadas propuestas de apoyo a los sectores social y productivo del país, pues nos acercamos a la paralización de actividades claves para la economía como el turismo, del sector terciario, a la que se suman ya otras áreas productivas. En lo que respecta a los programas sociales, por ejemplo, los grupos vulnerables como adultos mayores, han tenido que salir de sus domicilios para acudir a recoger este apoyo gubernamental exponiéndose a ser blancos de contagio debido a la inexistente estructura que permita llevarles este beneficio a sus domicilios, ni siquiera porque es una emergencia nacional. En más de una entidad, se han observado las enormes filas o la improvisación de espacios para la entrega de estos apoyos; no se respeta la sana distancia, no hay materiales de limpieza y las personas de la tercera edad deben esperar hasta ser atendidos el tiempo que sea necesario.

Por otro lado, quedan las incógnitas sobre el estado real de la infraestructura médica que está entrando en su etapa más crítica de demanda. Aunque el gobierno federal ha buscado reducir las protestas de personal médico a la existencia de supuestos líderes sindicales que buscan aprovechar la situación, lo cierto es que el cobro de factura de un agonizante y fragmentando sistema de salud podría hacer agua, dando paso a que los efectos sociales de la pandemia sean más brutales. De acuerdo con una investigación del CIEP, en 2018, México contaba con un total de 139 mil 581 camas, menos de 1.1 por cada mil habitantes. En este aspecto, México ya tiene un rezago con respecto a la OCDE, ya que requeriría incrementar un 3.4% para alcanzar 470 mil 239 camas, solo para estar en el promedio. Si México no ha alcanzado este estándar, en la etapa crítica de la contingencia ¿podemos tener certeza de que 14 hospitales “reconvertidos” por la SEDENA y la infraestructura existente harán frente a las exigencias de la contingencia a la que nos encontramos?

Por si fuera poco, sé de muy buena fuente, que las participaciones federales anunciadas por el gobierno federal, no se están haciendo efectivos. El gobierno federal informó que “adelantaría” las participaciones, pero esto no está ocurriendo. En el mejor de los escenarios están recibiendo lo que está acordado como parte del convenio del INSABI. Y cómo los gobernadores no tienen una postura más crítica al ejecutivo, no hay asomo de queja o exigencia, sino más bien administran la crisis o utilizan este pretexto para no atender a la ciudadanía, en horas cruciales. Ahí está el caso de los hospitales de Chimalhuacán, en el Estado de México, que siguen sin recibir insumos y pruebas para el COVID-19 que podrían diagnosticar y eventualmente salvar la vida de sectores muy empobrecidos de la población en esa región de la zona oriente del Estado de México. El gobernador Alfredo del Mazo y otros deben reflexionar si esta falta de energía no es criminal para con sus gobernados. Como vemos, la emergencia sanitaria ha vuelto a exponer de manera cruda que nuestro país requiere un cambio de clase política, capaz de enfrentar una coyuntura como esta, pero también para diseñar y aplicar el plan económico que requerirá para salir de este adversa etapa que marcará al país entero.