La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob), entregó, en junio pasado, una mínima parte de los recursos destinados este año a los centros de atención a las mujeres víctimas de violencia extrema de género e intrafamiliar.

Este recurso retrasado, que debió entregarse en marzo, provocó la sobrecarga de trabajo, la suspensión o disminución de sueldos al personal, el endeudamiento de los refugios con sus proveedores y la postergación de tratamientos y talleres especializados de las usuarias.

A estos centros de atención llegan mujeres y niños con necesidades médicas, psicológicas, nutricionales y educativas muy específicas, generadas por la violencia de esposos, parejas u otros parientes.

En México, la violencia feminicida cobra cada día la vida de 11 mujeres y niñas; y a decir del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la existencia de estos refugios –la mayoría creados y activados por organizaciones civiles– es determinante para que muchas mujeres sobrevivan, impidiendo que sean asesinadas.

Estos espacios funcionan principalmente con los 420 millones de pesos (mdp) que el Gobierno Federal asignó para 2022 a la Secretaría de Gobierno en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); y para que ésta, a su vez, lo destine al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos.

Tania Reynosa Mayora, quien encabeza el refugio de la organización civil Espacio Mujeres para una Vida Libre de Violencia A.C. (EMVLV), en la Ciudad de México, informó en entrevista que el subsidio recibido por este grupo representa el 80 por ciento de sus gastos anuales; y que obtiene el 20 por ciento restante de donaciones, del sector privado y la sociedad civil.

La luchadora social comentó que el refugio que dirige vivió en la incertidumbre total hasta junio pasado, porque el apoyo federal, que debería haber sido entregado en marzo, llegó hasta fines del primer semestre de 2022.

La carencia de este subsidio provocó que desde abril hubiera consecuencias negativas en el hospedaje, servicio de enfermería, alimentación, atención psicológica, jurídica y educativa para las ocho familias (ocho mujeres y 23 infantes) que atiende habitualmente. Tania reveló que entre éstos hay niñas y niños de seis meses y hasta de 13 años de edad, la mayoría con rezago educativo severo.

La falta de dinero también obligó al grupo a suspender, desde marzo, la contratación de talleristas para su programa de autonomía laboral; los servicios de la nutrióloga se postergaron; también se suspendió el servicio dental para una mujer que había sido pateada por su pareja.

Durante una visita que buzos realizó al refugio, el personal reveló que debió trabajar horas extras para cubrir los puestos que ya no se contrataron; y tuvieron que “hacer malabares” para conseguir medicinas y utilizar los lápices de colores y los cuadernos escolares que les quedaban.

Trabajo de tres décadas

El subsidio federal es utilizado por los refugios para el pago de personal (psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, nutriólogas, educadoras, médicas, guardias de seguridad, talleristas, personal de limpieza y otras profesionistas); medicamentos básicos y atenciones médicas especializadas; alimentación nutritiva; material didáctico para distintos niveles educativos; restauración de hogares; gasolina para los traslados de las usuarias y otros gastos de primera necesidad.

Para acceder a estos recursos, las encargadas de los refugios presentan proyectos de trabajo al Gobierno Federal para que éste lo evalúe, apruebe y, en su caso, firme los convenios de colaboración con los refugios, de acuerdo con los lineamientos de operación publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El tiempo de evaluación de estos proyectos, así como su monto y fecha de entrega de los recursos, dependen de la voluntad política de la dependencia.

Los refugios para mujeres víctimas de violencia de género existen en México desde 1999 gracias a la iniciativa de los grupos de la sociedad civil; a partir de entonces han enfrentado diversos obstáculos para su financiamiento. Anteriormente operaban con dinero que obtenían de donativos y colectas, sus servicios eran muy limitados porque tenían un modelo de atención especializado.

Fue en 2003 cuando se organizó la Red Nacional de Refugios (RNR) y logró que la violencia contra las mujeres fuera reconocida como un problema de salud pública, que la Cámara de Diputados asignara, por primera vez, un subsidio a la Secretaría de Salud (SS) para un total de 16 refugios; además, se crearon algunos refugios dependientes del gobierno.

Pero desde hace tres décadas, las directoras de los refugios civiles deben estar pendientes para evitar que la administración federal en turno desaparezca este subsidio y luchar para que lo aumente, por lo que, año con año y sexenio tras sexenio, deben sostener “regateos” con la Cámara de Diputados y los gobiernos Federal y estatales.

Con respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconocen que el presupuesto para los refugios se ha mantenido debido a la presión de las organizaciones civiles; pero afirman que se han hecho cambios administrativos importantes que afectan su operación.

Entre éstos citan, por ejemplo, que en 2019, el Presidente ordenó cancelar las transferencias de recursos a las organizaciones de la sociedad civil; y la SS suspendió la convocatoria correspondiente para asignar 346 mdp a los refugios, pese a que estaban aprobados en el PEF 2019.

Esta medida pudo suspenderse gracias a la denuncia de la RNR y otras organizaciones civiles, que además consiguieron que, en 2020, los refugios fueran reconocidos por primera vez en el PEF, específicamente como Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos con un monto anual de 405 millones tres mil 761 pesos.

En 2020, el Gobierno Federal eliminó el programa de refugios de la SS y lo pasó a manos del Instituto de Desarrollo Social (Indesol), de la Secretaría de Bienestar, con el argumento de que se daría mayor “rectoría de Estado”. Aunque implicó una nueva coordinación, las organizaciones civiles se acoplaron a las nuevas reglas para seguir funcionando y, en 2021, consiguieron que el dinero se les entregara desde marzo.

Pese a estos avances, sin previo aviso a las organizaciones y ya con los lineamientos de operación publicados, en enero de este año, el Presidente dio un nuevo viraje: ordenó la desaparición del Indesol y que la Conavim asumiera la coordinación del programa de refugios.

El impacto de esta medida provocó el retraso en la entrega de los recursos federales para 2022. Esto implicó, advirtió la directora de la RNR, Wendy Figueroa Morales, que el personal de los refugios se quedara sin el pago correspondiente en esos meses, debido a que las encargadas de los refugios no pudieron buscar otras fuentes de financiamiento.

“Esta transferencia del programa de una dependencia a otra, con la búsqueda de que estén todos los programas de atención a la violencia en una sola secretaría afectó a las mujeres sobrevivientes de violencia, sus hijas e hijos, y las profesionistas”, aseveró la defensora.

En todos estos meses, ningún refugio ni centro de atención externa cerró, como ha presumido la Conavim en diversos actos públicos y ante los cuestionamientos de diversas senadoras en el Congreso de la Unión. La continuidad de sus servicios, sin embargo, no se debió al gobierno sino a las estrategias que generaron quienes dirigen y atienden los refugios.

En el caso del refugio EMVLV, se reutilizaron cuadernos, se abastecieron con víveres de bancos de alimentos; el personal dobló jornadas y, durante algunas semanas, trabajó sin un sueldo completo mediante el compromiso de que se les pagaría en retroactivo. De acuerdo con Figueroa Morales, algunos refugios pidieron préstamos y se endeudaron con proveedores.

Un refugio en Yucatán recibió el apoyo del gobierno del estado mediante la cobertura del pago de salarios al personal hasta que en junio se recibieron los recursos federales.

Las trabas del gobierno

Desde abril, la RNR informó públicamente que la Conavim no les daba certeza sobre cuándo recibirían los recursos federales para los refugios. En una entrevista, la titular de la Conavim, Fabiola Alanís Sámano, aseguró que no existía ningún retraso en la entrega de los refugios; y que se trabajaba coordinadamente con las directoras de los centros para avanzar en la evaluación de los proyectos, “lo que concluirá en próximos días”.

Hasta ese mes, el monto de apoyo seguía asignado a la Secretaría de Bienestar; y los únicos lineamientos para la operación de los refugios estipulaban que estaban a cargo de Indesol. Si los recursos no eran entregados a los refugios en mayo, afirmó la RNR, la grave crisis financiera que los afectaba arriesgaría su funcionamiento.

En un comunicado difundido el 20 de abril, dos organizaciones de Morelos –Con Decisión Mujeres por Morelos A.C. y Creativeria Social A.C., e integrantes de la RNR– solicitaron urgentemente al gobierno, la Secretaría de Hacienda y al Congreso del estado, que les asignaran recursos; ya que desde enero de 2022 operaban sin dinero.

De enero a mayo de 2022, la RNR atendió sin presupuesto federal a 15 mil 987 mujeres, niñas y niños, número de atenciones 14 por ciento mayor a las del año anterior.

Y mientras Alanís Sámano aseguraba que los proyectos estaban en dictamen, la RNR emitió varios comunicados en los que reveló que la Conavim les pedía “paciencia”; ya que el área jurídica de la Segob le había solicitado mucha documentación para publicar los nuevos lineamientos y la entrega del subsidio.

La Conavim informó en un boletín que, desde el 25 de mayo, comenzó la firma de convenios para la transferencia de recursos, pero esto en realidad sucedió en partes y hasta junio pasado, luego de la publicación de los nuevos lineamientos de operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para mujeres víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos en el DOF.

En otro comunicado, emitido el 19 de junio, la Conavim informó que el 95 por ciento de los proyectos había sido dictaminado, y que se habían transferido 77.7 mdp, equivalente al 42 por ciento del monto total; y en una entrevista realizada el pasado 27 de junio, su titular aseguró que “prácticamente está disperso el recurso (...) y entre mañana y pasado se concluye la dispersión”.

Sin embargo, el 29 de junio, el Senado de la República exhortó a la Segob a continuar la entrega de los recursos de los refugios, ya que, hasta el 24 de junio, según la RNR, más del 70 por ciento de los refugios y centros de atención externa del país no habían obtenido el dinero.

Wendy Figueroa explicó que aún no existe certeza sobre cuántos refugios recibieron el apoyo federal; ya que la Conavim, en sus informes, plantea los “proyectos aprobados”. Esto es confuso porque hay refugios que presentaron más de un proyecto, lo que significaría que el 95 por ciento de los proyectos aprobados no corresponden al total de los refugios existentes.

Además, también hay confusión con respecto al porcentaje del recurso distribuido ya que, hasta ahora, los refugios con recursos apenas han recibido la mitad del dinero que les corresponde para este año, y que el cuatro por ciento del presupuesto asignado es absorbido por las tareas de administración de la Conavim.

Y para resolver estas dudas, la RNR solicitó a esta oficina información al respecto; pero la Conavim se declaró “incompetente” para atender este tipo de dudas e indicó que dicha solicitud debía ser dirigida a la desaparecida Indesol.

El cuatro de julio, la Conavim convocó a las organizaciones e instancias públicas a cargo de refugios para un Primer Encuentro Nacional de Refugios, al que acudieron 84 representantes. En un comunicado emitido por la RNR se informa que se pidió a las participantes que enviaran sus dudas mediante un formulario que recibiría respuesta durante el evento, lo que no ocurrió, porque no se brindaron respuestas claras y concretas.

La Segob, por su parte, emitió un boletín en el que informó que los refugios “están garantizados e institucionalizados por este gobierno para ampliarse y fortalecerse”; pero no informó cuántos ya disponen del dinero suficiente para operar en lo que resta de 2022.