Llegamos a los 500 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando México enfrenta una emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19. Este problema médico ha ahondado la crisis económica iniciada en 2019 por la falta de crecimiento del producto interno bruto (PIB), por la caída de los precios internacionales del petróleo y aun porque el gobierno, pese a haber gastado menos de lo que había planeado,  incurrió en un déficit fiscal mayor al tres por ciento. Esta crisis ha tomado por asalto a la administración federal, que se halla sin ingresos suficientes y con las fuentes prácticamente agotadas. Esta situación contrasta, desde luego, con las declaraciones optimistas de los funcionarios federales que a diario exaltan su buen manejo de las finanzas públicas, el combate a la corrupción, etc, cuyo objetivo evidente es ocultar lo que en los últimos meses se halla a la vista de todos: que los fondos de emergencias se han agotado, que las reservas en dólares van en declive, que la depreciación del peso avanza día a día…

Es cierto es que ningún país ha logrado financiar su desarrollo con deuda pública contratada en los mercados financieros, ni con los créditos de los organismos mundiales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID). De acuerdo con estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2018 la deuda pública de México ascendía a 9.2 billones de pesos, cifra que equivalía al 54 por ciento del PIB. El pago de los intereses generados por esta deuda implica un recorte aproximado del 13 por ciento del gasto federal en un año; es decir, implica menos gasto social e inversiones del Estado. Esta deuda se ha multiplicado por seis en los últimos 12 años, pero su uso práctico no se ha reflejado ni en el crecimiento económico, ni en el empleo, ni en los servicios sociales de bienestar como salud, educación, vivienda e infraestructura urbana.

Por ello la deuda pública es vista como un lastre absoluto por los pueblos, cuya población trabajadora es la que acaba pagando con sus impuestos los trastos que rompieron los gobiernos precedentes. Mediante el uso político de esta percepción popular sobre la deuda,  el gobierno de la “cuarta transformación” (4T) hace alarde de su principio irrenunciable de no endeudarse por ninguna circunstancia en todo el sexenio. Esta posición implicaría, a modo de solución alternativa, la practica de una reforma fiscal urgente y suficiente para que el gobierno federal  disponga de los recursos financieros necesarios para solventar los gastos de la contingencia sanitaria y la crisis socioeconómica que está en marcha. Pero el gobierno de la 4T no ha anunciada nada en ese sentido.

Esta crisis, como la mayoría, está cebándose con la población empobrecida de México. Ante la incertidumbre y la inminencia del hambre, la única posibilidad de auxilio para  estos mexicanos se halla en los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- cuyos responsables están obligados a responder con oportunidad y suficiencia a sus demandas.

La respuesta a esta gente no puede ser un decálogo de principios. El gobierno federal tiene que echar mano de todos los recursos posibles para garantizarle alimentos y servicios sanitarios, haciendo a un lado su fundamentalismo económico y los prejuicios de orden doctrinario de su principal responsable, pues las acciones del Estado no pueden equipararse a las de los individuos. En México necesitamos un liderazgo que sepa reconocer y responder a tiempo a las coyunturas; un liderazgo que no se deje avasallar por “principios económicos” antes que por el bienestar de su pueblo. Y este no es el de la 4T. Al tiempo.