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Llegamos a los 500 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando México enfrenta una emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19. Este problema médico ha ahondado la crisis económica iniciada en 2019 por la falta de crecimiento del producto interno bruto (PIB), por la caída de los precios internacionales del petróleo y aun porque el gobierno, pese a haber gastado menos de lo que había planeado, incurrió en un déficit fiscal mayor al tres por ciento. Esta crisis ha tomado por asalto a la administración federal, que se halla sin ingresos suficientes y con las fuentes prácticamente agotadas. Esta situación contrasta, desde luego, con las declaraciones optimistas de los funcionarios federales que a diario exaltan su buen manejo de las finanzas públicas, el combate a la corrupción, etc, cuyo objetivo evidente es ocultar lo que en los últimos meses se halla a la vista de todos: que los fondos de emergencias se han agotado, que las reservas en dólares van en declive, que la depreciación del peso avanza día a día…
Es cierto es que ningún país ha logrado financiar su desarrollo con deuda pública contratada en los mercados financieros, ni con los créditos de los organismos mundiales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID). De acuerdo con estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2018 la deuda pública de México ascendía a 9.2 billones de pesos, cifra que equivalía al 54 por ciento del PIB. El pago de los intereses generados por esta deuda implica un recorte aproximado del 13 por ciento del gasto federal en un año; es decir, implica menos gasto social e inversiones del Estado. Esta deuda se ha multiplicado por seis en los últimos 12 años, pero su uso práctico no se ha reflejado ni en el crecimiento económico, ni en el empleo, ni en los servicios sociales de bienestar como salud, educación, vivienda e infraestructura urbana.
Por ello la deuda pública es vista como un lastre absoluto por los pueblos, cuya población trabajadora es la que acaba pagando con sus impuestos los trastos que rompieron los gobiernos precedentes. Mediante el uso político de esta percepción popular sobre la deuda, el gobierno de la “cuarta transformación” (4T) hace alarde de su principio irrenunciable de no endeudarse por ninguna circunstancia en todo el sexenio. Esta posición implicaría, a modo de solución alternativa, la practica de una reforma fiscal urgente y suficiente para que el gobierno federal disponga de los recursos financieros necesarios para solventar los gastos de la contingencia sanitaria y la crisis socioeconómica que está en marcha. Pero el gobierno de la 4T no ha anunciada nada en ese sentido.
Esta crisis, como la mayoría, está cebándose con la población empobrecida de México. Ante la incertidumbre y la inminencia del hambre, la única posibilidad de auxilio para estos mexicanos se halla en los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- cuyos responsables están obligados a responder con oportunidad y suficiencia a sus demandas.
La respuesta a esta gente no puede ser un decálogo de principios. El gobierno federal tiene que echar mano de todos los recursos posibles para garantizarle alimentos y servicios sanitarios, haciendo a un lado su fundamentalismo económico y los prejuicios de orden doctrinario de su principal responsable, pues las acciones del Estado no pueden equipararse a las de los individuos. En México necesitamos un liderazgo que sepa reconocer y responder a tiempo a las coyunturas; un liderazgo que no se deje avasallar por “principios económicos” antes que por el bienestar de su pueblo. Y este no es el de la 4T. Al tiempo.
La inversión extranjera en México se ve afectada por las tensiones comerciales internacionales, lo que restringe los beneficios de los estímulos fiscales en el país.
Si la contrarreforma eléctrica se aprueba, ya no habría competencia económica, escribió en su columna de hoy, Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda.
Una de las disparidades está relacionada con el desarrollo económico que generó el expresidente de México Porfirio Díaz.
El petróleo es hoy por hoy el producto geopolítico clave en las relaciones mundiales. Por tanto, hundir su valor mercantil a un nivel que no se veía desde hace 30 años es una estrategia de guerra.
Este ajuste se debe en parte a los efectos de las reformas propuestas en el "Plan C" del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador.
En México, los estudiosos de la economía y los que han seguido de cerca la política mexicana coinciden en que es necesario un incremento de los ingresos del gobierno.
La inflación en México ha llegado al 7.29 por ciento, un nivel que no se había observado en décadas. Las causas son varias; pero las principales son el alto precio de los combustibles, que eleva los costos de producción y transportación de las mercancías,
Las filtraciones muestran que más de una decena de estados de EE.UU., incluidos Dakota del Sur y Nevada, se han convertido en "líderes en el negocio de vender confidencialidad financiera".
2020 cierra al alza en el precio de los productos de consumo y el próximo año será de mayor incertidumbre ya que muchos mexicanos no han recuperado su empleo.
¿Quién manda en México? ¿La Presidenta electa o el sistema neoliberal? Pues el capital financiero que doblegó al gobierno y lo obligó a darle “certezas”.
Banxico escartó que la economía mexicana crezca más del 3 por ciento al cierre del año.
Mientras en México se pagan 10.27 pesos en impuestos por cada litro de gasolina, ya sea regular o Magna; en EE. UU. se pagan sólo 2.06 pesos.
En enero México se alejó aún más de la meta de Banxico relacionada con la inflación, cuyo objetivo es que se registre en 3 por ciento +/- un punto porcentual.
En la sociedad en que vivimos, la existencia de la mayoría de las personas se encuentra fragmentada en dos esferas: la vida personal y el trabajo.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó sin ninguna modificación el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2019
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Escrito por Vania Sánchez
Licenciada en Economía por la UNAM, maestra en Economía por El Colegio de México y doctora en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (España).