El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hace malabares políticos utilizando peligrosos problemas económicos y sociales como la inflación y la verificación sanitaria de alimentos importados por empresarios para su consumo en México.

Sin embargo, en el lanzamiento oficial de la segunda versión de su plan “antiinflacionario” el pasado tres de octubre, el mandatario incluyó un anuncio y una crítica personalizada contra un funcionario federal que servirán como “pretexto” para obstaculizar su compromiso de reducir el precio de algunos alimentos.

En el primer caso, AMLO informó que su gobierno entregaría a 15 compañías comerciales licencias especiales para que verifiquen el buen estado de los alimentos importados y así evitar la certificación sanitaria oficial, la crítica fue dirigida a Francisco Trujillo Arriaga, el funcionario responsable de estas certificaciones como director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), cargo en el que fue ratificado en diciembre de 2018 por su Secretario de Agricultura y Desarrollo Alimentario (Sader) Víctor Manuel Villalobos.

El Presidente descalificó a Trujillo porque lleva 30 años en esa instancia, lapso en que, según él, quizás se ha mantenido debido a su posible contubernio con empresas del ramo alimenticio. Este funcionario es ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) y especialista en sanidad con doctorado en Entomología Agrícola por la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos (EE. UU.).

Senasica es una dependencia de la Sader encargada de certificar técnicamente la sanidad de los productos alimenticios que vienen del exterior, en tanto que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de la Secretaría de Salud (SS), lo hace con los alimentos producidos en el país.

Senasica opera como un “Monitor de Inocuidad Agroalimentaria” que está a cargo de especialistas que estudian la información generada internacionalmente sobre alertas sanitarias emitidas en otros países contra productos alimenticios reportados como contaminados.

En el segundo plan contra la inflación impulsado por su gobierno, AMLO no solo repite las medidas fallidas del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), anunciado en mayo y que en los primeros días de octubre sustituyó con el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (Apecic), ambos destinados a contener el aumento de los precios de los 24 productos de la canasta básica integrada, según criterios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“Lo que estamos planteando es que si conseguimos la carne más barata para que la gente pueda tener acceso a carne buena y barata, ¿por qué vamos a cerrar la frontera?”, declaró AMLO sobre el Apecic.

Rogelio Ramírez de la O., Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue quien anunció que se dará una “licencia única universal” a las 15 compañías firmantes del Apecic, en su mayoría importadoras de artículos como huevo, carnes y maíz, para que decidan si los productos alimenticios que importan, cumplen con la sanidad adecuada para el consumo humano, los cuales se expenden en las cadenas de supermercados como la trasnacional Walmart.

Alertas de la iniciativa privada

Después del anuncio oficial del Apecic, el propio Consejo Coordinador Empresarial (CEE) alertó, el tres de octubre, que “La apertura a la importación sin controles sanitarios ni regulatorios podría abrir la puerta a riesgos innecesarios a los productos alimenticios en México.

“Al mismo tiempo que se podría poner en riesgo la salud de los consumidores mexicanos, afectaríamos las exportaciones que están inscritas en tratados internacionales suscritos por el Gobierno de México”.

Los analistas especializados también alertaron contra la suspensión de las medidas oficiales de control sanitario de los alimentos y destacaron que el gobierno estaría violando tratados internacionales como el de libre comercio con EE. UU. y Canadá (T-MEC), ya que México importa el 50 por ciento de sus alimentos de ambos países.

Además, las licencias a las 15 empresas para evitar el control sanitario de productos alimentarios impulsa una “competencia desleal” entre las empresas del sector.

Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAC), asociación civil promotora de la protección a cultivos, el control de plagas y la salud pública declaró, el cuatro de octubre, que la suspensión de la verificación sanitaria abre el riesgo de importar enfermedades humanas y plagas agrícolas y ganaderas.

“El gobierno está corriendo graves riesgos sanitarios al delegar a las empresas una labor especializada realizada por Senasica y la Cofepris, que son las dependencias que garantizan que la importación de alimentos se encuentre libre de contingencias sanitarias”, aseveró González.

Además anotó: “Actualmente, el país está libre de mil plagas de las mil 100 que están reglamentadas, por lo que nuestro país cuenta con certificaciones internacionales de calidad y seguridad que no pueden ponerse en riesgo”.

Santiago Torres Ruíz, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), de la Universidad de Guadalajara (UdeG), cuestionó la medida antisanitaria del Apecic porque la búsqueda de mejores precios en la canasta básica puede atraer enfermedades, cuyo tratamiento tendría un costo económico superior.

El especialista de la UdeG, quien participa en la certificación de la sanidad de productos alimenticios importados al país, afirmó: “Es un acuerdo que se ha tomado muy a la ligera, ya que el costo-beneficio para México no es positivo. Primordialmente, la salud pública se verá más afectada. No creo que esos 90 pesos de reducción a la canasta básica nos puedan solventar una enfermedad derivada de estos alimentos”.

El 13 de octubre de 2022, en otros análisis sobre la medida antisanitaria integrada al Apecic, el académico del Departamento de Desarrollo Sustentable del CUCBA en la UdeG, advirtió que el acceso al mercado nacional de productos alimentarios del exterior “sin ningún certificado, permiso o licencia que sustente que dichos productos han sido tratados bajo un esquema en inocuidad y sanidad” plantea el riesgo de introducir plagas que ahora hay en el país; por lo que no basta que el gobierno tenga confianza en los empresarios que obtendrán las licencias para verificar.

La doctora Refugio Torres Vitela, profesora e investigadora del Departamento de Farmacobiología del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la UdeG, reveló que el gobierno ubica como “juez y parte” a las empresas importadoras de alimentos al convertirlas en supervisoras de su calidad sanitaria.

“Eso no es seguridad para nadie. Aún tenemos un rezago grande en el cumplimiento de las normas oficiales existentes. Esto es un retroceso, un problema que resulta un verdadero insulto para Senasica, Cofepris e instituciones que participan en procesos de certificación (como la UdeG)”, aseguró.

“Esto no es una competencia leal; y ojalá no tengamos consecuencias qué lamentar. De por sí que no hay seguimiento de las causas-efectos de la salud pública; pues cuando nos enfermamos, no sabemos qué nos enfermó. No hay una trazabilidad y ahora también tendremos que confiar que todo va a estar bien. Lo que vemos son riesgos contra la salud pública”, advirtió Torres Vitela.

El doctor Edgar Pulido Chávez, director de la División de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías del Centro Universitario de los Altos (CUAltos) afirmó que, con la supervisión sanitaria de los productos alimenticios internados en México, se ha evitado hasta ahora la introducción de alimentos contaminados procedentes de otras partes del mundo.

Pulido puso como ejemplos la brucelosis, la tuberculosis y la fiebre aftosa en ganado; y plagas en plantas como la mosca del Mediterráneo. Explicó que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) define normas y recomendaciones para mantener la sanidad en el comercio mundial de alimentos, las cuales están diseñadas con base en evidencias científicas.

Más caro el caldo que las albóndigas

El Secretario de Hacienda, Ramírez de la O., aseguró que, con el Apecic, se conseguirá bajar en ocho por ciento el costo de la canasta básica integrada por Profeco con 24 productos, cuyo costo se reduciría de mil 129 a mil 39 pesos y se mantendría hasta el 28 de febrero de 2023.

En el Punto 3° del Apecic se informa que con la licencia única universal “las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyan, sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, tanto sanitarias como de cualquier otra índole”.

El 15 por ciento de las empresas firmantes del Apecic está formado por Grupo Gruma-Maseca y Minsa –harina de maíz–; Tuny –atún–; Grupo Pinsa-Dolores –Sardinas–; Bachoco –huevo y pollo–; Huevo San Juan; Huevo Calvario; SuKarne; Opormex –carne de cerdo–.

También Grupo Gusi –carne, sobre todo cortes especiales–; Sigma-Alimentos –carnes frías, quesos, yogurt y otros artículos refrigerados–; Verde Valle –granos como arroz, frijol y semillas– y las cadenas de supermercados Walmart; Soriana y Chedraui.

Los críticos de la medida antisanitaria plantean que la más perjudicada por una falla en este plan sería directamente la salud del consumidor, específicamente la población de escasos recursos económicos, que está urgida de encontrar productos alimentarios básicos al menor precio posible.

El Pacic, el primer plan para contener la inflación, fue anunciado el cuatro de mayo de 2022, cuando la inflación era de 7.68 puntos y fue sustituido cuatro meses después, en septiembre pasado, cuando la tasa inflacionaria era de 8.76 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la más alta desde hace 22 años, de acuerdo con organizaciones especializadas.

En este año, los incrementos en los precios de alimentos han registrado aumentos entre 13 y 15 por ciento, particularmente en los productos de mayor consumo como tortilla de maíz, jitomate, cebolla, huevo, carnes de pollo, res y cerdo.

Las medidas del fallido plan de mayo, que repite el segundo, son mantener el costo de los combustibles, gasolina y diésel, las tarifas de electricidad y las casetas de cuota en las carreteras; la suspensión del Impuesto General de Importación al Comercio Exterior (IGICE) para las empresas firmantes del acuerdo que traen alimentos al país; aunque derivado de los compromisos del país con el T-MEC, la importación de productos alimenticios se hace principalmente desde EE. UU., cuyos productos de cualquier modo están exentos de tales pagos.

También brindar apoyo a la producción de alimentos en México, una misión encomendada a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que se ha hundido en el lodo de la corrupción, mientras el país sigue comprando en EE. UU., al menos la mitad de los productos básicos como leche en polvo y maíz amarillo de dudosa calidad.

“No aumenta el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz y no aumentan los precios de alimentos básicos, ésa es la esencia de todo. Vamos a seguir impulsando la producción de básicos, porque entre más producción, entre más oferta, menos inflación, eso está demostrado”, afirmó el Presidente sobre la segunda versión de su segundo plan antiinflacionario.

Pero en la realidad…

María de Lourdes Cruz Martínez, orientadora en una escuela secundaria de Ixtapaluca, Estado de México, quien tiene una familia integrada por su esposo y cinco hijos, comentó a buzos: “sí, han aumentado los precios, en algunos casos se han duplicado, el dinero alcanza menos y dejamos de comprar algunas cosas, porque lo principal son los alimentos…

“Ha subido todo. En fruta y verdura; el jitomate para hacer una sopa, por ejemplo, que compraba un kilo a lo mejor en 18 pesos, de repente veo que está en 40, se duplica el precio; en verduras, un kilo de papa, que estaba en 10, 12 pesos, ahora está en 20; la cebolla de 12 o 14 pesos, está en 32. Por eso digo que el aumento es del doble”.

Sobre el precio de las carnes informó: “por ejemplo en la carne de res, el kilo de bistec costaba antes 120 pesos; pero ahora ya está hasta en 170; en el pollo, una pechuga que costaba 70 pesos, ahora está en 110; y en el caso de festividades, como ahora el 15 de septiembre, estuvo hasta en 140”.

En cuanto a otros gastos cotidianos, la señora Cruz denunció que el servicio de electricidad ha registrado aumentos muy altos; y como ejemplo reveló que, en el primer bimestre de este año, el recibo le llegó de 400 pesos y que, a partir del segundo semestre, le llegó uno por cuatro mil pesos.

Comentó que sus vecinos también se han quejado del incremento del servicio eléctrico; y algunos que pagaban entre 200 y 300 pesos el bimestre, ahora están cubriendo recibos de 800 pesos en promedio.

En su municipio, el gas de uso doméstico también se ha elevado al menos 50 por ciento, tanto el que se vende en tanques de 20 kilos, como en los estacionarios de 300 litros.

En la Encuesta Citibanamex de Expectativas, publicada el pasado cinco de octubre, 33 firmas especializadas calculan que la inflación seguirá alta y con niveles por encima del ocho por ciento; por lo que Citibanamex prevé que, al finalizar el año, el índice subirá del actual 8.37 al 8.50 por ciento. Finamex calculó una inflación del 9.05 por ciento, nivel similar al previsto por Grupo Banorte, con nueve por ciento; y a la Bursamétrica, con 8.84 por ciento.

La estimación de la SHCP es de 7.7 por ciento al finalizar el año; y contrasta con la del Banco de México (Banxico), que aumentó su cálculo previo de 8.1 a 8.6 por ciento. Para 2023, la SHCP anticipa una inflación de 3.2 por ciento; pero los especialistas consideran que será de por lo menos 4.7 por ciento.

La SHCP bajó su cálculo anterior sobre el crecimiento de la economía de 3.4 a 2.4 por ciento al fin de este año; mientras el esperado para 2023 lo redujo de un previo de 3.5 a tres por ciento.

En cuanto al crecimiento económico, los analistas consultados por Citibanamex calculan que sería del dos por ciento al terminar 2022 y del 1.2 por ciento en 2023, muy por debajo del cálculo gubernamental “demasiado optimista” del tres por ciento, como lo calificaron analistas de Citibanamex en un informe anterior.