Decía Milton Friedman que la inflación es un impuesto sin legislación, sí, pero quienes lo pagan son los pobres. La inflación es un incremento generalizado y sostenido en el nivel de precios de los bienes y servicios; para la población, una pérdida en la capacidad adquisitiva. Ocurre por un desfase entre oferta y demanda. Sin entrar a detalles, digamos en general que fundamentalmente por dos vías: aumenta la cantidad de dinero circulante con respecto a las mercancías disponibles, cae el valor del dinero y pueden comprarse menos mercancías; o bien, como hoy, caen producción y oferta y suben los precios; asimismo, también por aumento en los costos de producción, destacadamente en energéticos o insumos altamente inflacionarios; los empresarios trasladan esos costos al consumidor subiendo los precios. Hablamos hoy aquí, más que de causas, sobre todo de cómo el fenómeno no afecta igual a todos, sino principalmente a los sectores de bajos ingresos, a los que empobrece aún más.

Durante ocho meses la inflación superó ya el siete por ciento. En junio vimos la tasa anual más alta en 21 años, 7.99 por ciento. Pero las cosas se agravan porque, específicamente en la canasta básica el aumento fue casi el doble que la inflación general: la inflación total en alimentos alcanzó 14.3 por ciento (INPC). En aguacate 83.4 por ciento, cebolla 50.5; pan, tortillas y cereales 14.3 por ciento (Reforma, 27 de junio). En frutas y verduras en general, 14.39; en productos pecuarios, 15.51 (Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, siete de julio).

La inflación afecta particularmente a los más pobres. En primer lugar, porque los asalariados perciben un ingreso fijo que no pueden ajustar a la inflación, mientras los empresarios, cuyo ingreso es variable, se resarcen elevando los precios y trasladando el aumento a los consumidores. Veamos. El salario mínimo aumentó en 15 por ciento (de 123 a 141 pesos), incremento nulificado ya por la inflación en alimentos. Por otra parte, esta avalancha de precios deja muy mermados, por igual razón, los “apoyos directos” de López Obrador como la pensión para adultos mayores.

Segundo, los sectores de más bajos ingresos gastan una proporción muy grande en alimentos respecto a los ricos, a veces casi todo su ingreso. “… un hogar representativo del decil 1 (10 por ciento de la población con menores ingresos, APZ) debe destinar 50 por ciento de su gasto al rubro de alimentos, bebidas y tabaco (…) en el decil 10 (el 10 por ciento de más altos ingresos) es de solo 28 por ciento” (IMCO). Baste solo imaginar el porcentaje, infinitamente pequeño en proporción con todos sus ingresos, que los multimillonarios destinan a sus alimentos.

Tercero, los artículos que componen la canasta básica varían entre sectores de ingresos, y sufren en diferente medida la inflación. “En junio de 2022, los cinco rubros del gasto con mayor aumento de precios fueron productos alimenticios, entre ellos: tubérculos (49.30 por ciento), aceites y grasas (32.18 por ciento), huevo (23.96 por ciento), frutas (20.52 por ciento) y cereales (15.07 por ciento)” (IMCO). Pero los hogares más pobres gastan en cereales un peso de cada diez, y los más ricos, 30 centavos; al consumo de huevo, el decil más pobre destina 2.6 pesos de cada 10, y el más rico 50 centavos (80 por ciento menos) (Ibid.). A transporte público, que aumentó tres por ciento anual, los pobres dedican 4.6 por ciento del gasto; los ricos, 1.2 por ciento. En contraparte, en rubros de baja inflación, como artículos y servicios de educación, los pobres gastan menos y los ricos, más, los primeros gastan 2.4 por ciento y los ricos, 9.8 por ciento; igual ocurre en comunicaciones, donde los precios bajaron. En resumen, desde agosto los precios subieron 9.78 por ciento en la canasta básica del 10 por ciento más pobre (que gana tres mil pesos al mes), y aumentó 7.92 por ciento en la canasta del decil 10, con ingresos de más de 50 mil pesos mensuales (IMCO).

Cuarto, la inflación reduce el gasto público en términos reales, y con ello los recursos que el gobierno pretendidamente gastaría en la población. La inflación oficialmente esperada para el presupuesto de este año era tres por ciento, pero ya es más del doble. Así, hospitales, universidades y otras instituciones que reciben un presupuesto fijo anual, de cada cien pesos que iban a gastar, en términos reales solo gastarán 92; cae su capacidad real de compra en casi ocho por ciento, aunque nominalmente reciban la misma cantidad asignada.

Con la inflación crece la pobreza. Hay 19.4 millones de personas que ganan hasta un salario mínimo, y gastan 41 por iento del ingreso en alimentos. El 67.8 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) (38.6 millones) perciben de uno a dos salarios mínimos (LACEN, UNAM, El Financiero, 28 de junio). “De acuerdo con Brenda Flores, investigadora de análisis económico (…) ‘el 38.8 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza laboral, es decir, que su ingreso laboral es insuficiente para comprar la canasta básica alimentaria (…) Este nivel es aún mayor que antes de la pandemia, cuando era de 36.6 por ciento. Hasta ahora, la política social implementada por el Gobierno Federal ha sido insuficiente (cursivas mías, APZ)’. De acuerdo con la Cepal, debido a los efectos de la inflación en el poder adquisitivo, este año la pobreza en México crecerá 2.3 por ciento, lo que representa a 2.5 millones de personas” (Ibid.).

El Presidente propuso un supuesto plan contra la inflación, en realidad solo una lista de buenas intenciones que no atacan las causas internas del fenómeno (en las que podemos influir, como la improductividad o la creciente dependencia alimentaria, que ha aumentado en esta administración), u otros factores como el poder de los monopolios. Entre otras, propuso fomentar la agricultura de subsistencia: ¡que cada quién produzca sus alimentos! Pero no funciona; entre mayo y junio el problema sigue: frutas y verduras aumentaron en dos por ciento, y alimentos, bebidas y tabaco, en 1.28 por ciento (INPC). El Banco de México aplica políticas monetarias de efecto inmediato, aunque provocan daños colaterales. En conclusión, vemos que aquí “los pobres son primero”, sí, pero los primeros en sacrificarse.

Si no para eliminar la inflación (pues intervienen circunstancias externas), sí al menos para mitigarla, deben aplicarse acciones efectivas, ciertamente algunas de efecto a mediano plazo. Por ejemplo, controlar la acción de monopolios y especuladores, que sangran los bolsillos de los consumidores; reorientar los apoyos sociales y el gasto social en su conjunto, preferentemente hacia sectores particularmente vulnerables, y no por criterio de edad, ni para compra de votos y conciencias, como hace el gobierno morenista. Reactivar la banca de desarrollo para incentivar de inmediato la producción de alimentos. Restituir el presupuesto recortado a la Secretaría de Agricultura y reorientarlo con un criterio productivo. Se requiere una visión productiva de la economía, para aumentar la oferta de productos, de bajo costo, y abatir así los precios, ello en lugar de repartir dinero sin saber cómo generar riqueza. Incentivar la inversión: el gobierno hace lo contrario. Desarrollar infraestructura: caminos sacacosechas, bodegas, infraestructura de riego. Fomentar la productividad agrícola, principalmente en alimentos básicos. Exentar de cobro de peaje en carreteras al transporte de insumos agrícolas y cosechas. En una perspectiva más estratégica, reducir la dependencia alimentaria: somos de los países más dependientes en importación de cereales. Y si el gobierno no actúa, políticamente los campesinos deben organizarse para exigir los apoyos a la producción que se les escamotean (como el fertilizante). Por su parte, los consumidores en pobreza deben exigir organizadamente apoyo real del Estado frente al aumento de precios y control efectivo contra la acción depredadora de intermediarios, especuladores y monopolios.