Los hechos recientes ocurridos en Culiacán llaman poderosamente la atención. En primer lugar, porque el narcotráfico sitió a la población durante más de 12 horas con total impunidad, y ostentando un armamento que ni el ejército mexicano posee, y nunca antes se había visto en el país. En segundo lugar, porque el Presidente de la República se vio exhibido, rebasado y aun postrado ante la delincuencia organizada. Las cosas pudieron haberse contado de otra manera si el Presidente hubiera considerado las cifras de muertos causadas por la delincuencia a lo largo y ancho del territorio nacional.

Pero él tiene otros datos, y en lugar de asumir su error, se salió por la tangente con el argumento de que para evitar una masacre aprobó la liberación del hijo de El Chapo quien estaba detenido. Pero los baños de sangre que tanto quiere evitar son una triste realidad cotidiana en México. En los 10 primeros meses de 2019 ha habido por lo menos diez masacres y la suma actualizada de muertes por violencia, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), llega ya a 25 mil 955 sin contar los asesinatos habidos este mes en Michoacán y Culiacán.

El país es un polvorín, y la violencia se ceba sobre los grupos más vulnerables. El Presidente salió en defensa de su gobierno con las consignas de que “no se reprimirá al pueblo”, y no dará gusto a los conservadores que quieren ver fracasada su “política de amor al prójimo”. Pero ya es hora de aclararle que, según la Constitución mexicana, todos los que transgreden la ley y se conducen en la ilegalidad no son ciudadanos; que éstos, por tanto, no son parte del pueblo y que es tarea del Estado salvaguardar la vida y los derechos de quienes sí son ciudadanos. Por ello resulta incomprensible que actúe como lo está haciendo, a menos de que el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” (4T) no tenga la intención de restablecer la seguridad pública y que los grandes capos sean los prójimos del Presidente, ya sea por apoyos prestados en el pasado o por compromisos contraídos para un futuro cercano.

Desde esta perspectiva, el Estado ha fallado a los ciudadanos de Culiacán y del país en el rubro de seguridad pública. Sin embargo, mediante un ejercicio de análisis muy sencillo, el lector puede advertir que no solo en este aspecto el grupo gobernante le queda a deber, sino que hay otros asuntos complicados: por ejemplo, prometió bajar el precio de los energéticos y éstos suben cada vez más, arrastrando irremediablemente al alza otras mercancías y servicios. Con respecto al crecimiento de la economía, se previó un cuatro por ciento, y lo único que se ha logrado es el descenso. El desempleo aumenta porque los pocos empleos formales se hallan en la burocracia, y con la aplicación de la “austeridad” muchos se han perdido. Y, curiosamente, en el combate a la corrupción –¡su carta fuerte!– varios altos funcionarios del gobierno y el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha sido involucrados en nuevas y viejas formas de corrupción pero, a diferencia de sus opositores, son perdonados con la promesa de que “no volverán a hacerlo”. 

Andrés Manuel López Obrador ha mantenido en jaque a la oposición, y persegue encarnizadamente a las organizaciones sociales que él y su partido perciben como críticos y competidores. También se ha lucido en el uso de gases lacrimógenos contra alcaldes que protestan contra recortes presupuestales a los municipios. Es evidente que el gobierno de Morena recurre a la represión y a la aplicación de las leyes a su conveniencia, porque no ha sido capaz de incrementar el desarrollo económico y generar empleos, con lo que pone en predicamento al Estado y en vilo al país entero, defraudando la confianza de los millones de electores que confiaron en el Presidente. ¿Qué le queda hoy al ciudadano que vivía esperanzado en mejorar su suerte? ¿A los miles de deudos que lloran con impotencia a sus muertos, a sabiendas de que no se les hará justicia? ¿Qué queda a los campesinos que esperan apoyos a la producción y a los obreros que deben de estar agradecidos porque ahora su salario ya es de 100 pesos? ¿Qué le queda al pueblo que, según el Presidente se encuentra feliz, feliz y al “pueblo uniformado” de la Guardia Nacional, cuyos integrantes son enviados al matadero de la luchar en total desventaja contra un poderoso enemigo? Y, por último, ¿qué le queda al ciudadano común para evitar que la violencia no lo alcance en las calles, en su trabajo o su hogar? Sí, al final es el mismo Estado el que está fallando.

El único camino posible y urgente es la organización de las masas populares. Esta patria se hace pedazos y solo puede ser levantada por un pueblo más educado y más organizado. La tarea es titánica pero el pueblo consciente debe asumirla.