En la aprobación de varios impuestos para la Ciudad de México avalado por la mayoría de los legisladores de Morena, destaca el cobro del 2 por ciento al comercio digital. Los repartidores se verán afectados al disminuir los pedidos, pero serán los compradores quienes terminen pagando dicho impuesto.

Saúl Gómez, vocero del colectivo Ni Un repartidor Menos habla con buzos sobre la repercusión que tendrá este nuevo gravamen. De antemano, advierte que toda la cadena se verá afectada, es decir, desde ellos como repartidores; choferes, comercios, hasta el objetivo final, los usuarios, quienes a partir de enero del próximo año tendrán que pagar más por pedido vía Apps.

“Vamos a tener menos trabajo, porque como es un ‘impuesto cascada’, le va a caer al negocio, el negocio va a tener que aumentar sus precios, los comensales o clientes van a decir ‘por qué lo voy a pagar más caro, mejor voy y lo compro directo a la tienda’, y entonces eso nos deja menos trabajo a nosotros”.

El también fundador del organismo, dijo que, con la aprobación de este nuevo impuesto del 2 por ciento a los repartidores, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum está contradiciendo lo que había prometido a nivel federal, en cuanto a que no se crearían más nuevos impuestos, y menos en el peor momento de la economía mexicana.

“Es un retroceso en la que las autoridades de la CDMX contradicen al presidente, ya que dijeron no habría creación de nuevos impuestos. El un nuevo impuesto es inadmisible, es el peor momento de la inflación, no lo decimos nosotros, lo dice el INEGI”, acusó.

“Lo que se afecta en este dos por ciento es la economía digital en general. A final de cuentas, incluso si tú pides en Amazon y vas a recoger tu pedido, te va tocar pagar ese dos por ciento de tu impuesto. Si tienes que pedir en una farmacia tu mercancía, te va tocar pagar tu dos por ciento. Es decir, no solamente nos afecta a nosotros como trabajadores de la aplicación, sino afecta a todo lo que sea comercio digital. Se va agravar”

En cuanto a la reforma al Artículo 307 TER del Código Fiscal Capitalino, Saúl Gómez aseguró que esta reforma es preocupante, ya que habla de personas físicas o morales que administran una aplicación; “nosotros como repartidores somos una persona física. Sabemos cómo va a funcionar esto. A nivel federal, las aplicaciones son las que deberían estar pagando el IVA, el ISR que nosotros como socios, colaboradores o usuarios asalariados, pagamos. Entonces, por ejemplo, el IVA al ISR supuestamente está destinado a que lo paguen las aplicaciones, y lo trasladaron a toda la cascada (repartidores, choferes, comercios, y usuarios), de la misma manera va a pasar con este 2 por ciento del 307 TER que es un nuevo impuesto en el cual se nos cobra por el uso de la infraestructura pública, algo que no puede haber manera de construir”.

Como trabajadores que no están reconocidos ante ninguna ley, siendo sólo prestadores de servicios independientes, no cuentan con nadie que los proteja. Por ello, hay de parte de las aplicaciones distintos tipos de abuso, entre los que destacan “el acoso que viven nuestras compañeras, que también es preocupante, ya que 8 de cada 10 compañeras repartidoras han sido acosadas por algún cliente o integrante de un restaurante, un guardia de seguridad…”

Debido a que las leyes de la Ciudad de México y del país están prácticamente de quienes pueden pagar su libertad, de quienes tienen dinero y a que ellos no cuentan con ninguna protección de la misma Ley, son víctimas de la inseguridad y la violencia. “La violencia vial a nosotros nos ha dejado 57 compañeros fallecidos, 53 son muertos por hechos viales (atropellados, aventados, o por la infraestructura de la ciudad) y 4 fueron asesinados muertos por algún hecho violento, que ha arrojado este número tan severo y no ha permitido la impartición de justicia correcta, porque resulta que la víctima termina siendo victimario. Ha habido casos en los que compañeros terminan siendo culpados por las autoridades o los asesinos terminan siendo liberados por nepotismo, dinero o influencias, que es lo que más actúa en la Fiscalía de la CDMX”.

En ese sentido, criticó el actuar de las autoridades al no cumplir otro de los compromisos de su partido sobre ‘Primero los pobres’ y velar, en cambio, los intereses de sus ‘amigos’, algunos de los cuales lo han amenazado de muerte. “Primero los pobres, los que son sus amigos, primero el trabajador, pero el que es aliado de ellos. Por ejemplo, la reunión que hubo ayer en Palacio de Gobierno y la reunión que se lleva a cabo ahorita en la Ciudad de México son con grupos que son violentos, que amenazan; uno es un sindicato de repartidores creado por el Gobierno de la CDMX, uno relleno de transportistas, ni siquiera de repartidores; otro sindicato que no tiene siquiera registro; va un grupo, supuestamente de compañeras, que permite el acoso y otro grupo que a mí me amenazó de muerte (me llamó un matón para amenazarme que según me iban a matar)”, confesó a buzos.

Entonces, el gobierno sabe con quién reunirse y a final de cuentas van a decir que todo va a estar bien, van a salir en una foto y van a decir que todo se ha resuelto, pero la realidad es que no se tiene nada resuelto, planeado ni pactado, solamente es una vil piltrafa. Por ejemplo, el sindicato charro incluso tiene las llaves del grupo parlamentario de Morena (Marcela Fuentes). Ahí se ve su transparencia.

El activista advirtió la existencia de un fondo de ahorro surgido en administraciones pasadas, mismo que no ha sido tocado por el gobierno capitalino actual:

En CDMX existe un fondo, antes conocido como Fondo Uber. En las épocas de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, este fondo se utilizaba para dar mantenimiento a la infraestructura pública. En este fondo las aplicaciones depositan el 1.5% de sus ganancias mensuales, una ‘lanota’, pero al llegar el gobierno de Claudia Sheinbaum, Andrés Lajous, Secretario de movilidad, dijo “a mí se me hace que el nombre no está agradable, le voy a poner Fondo Monetario de Transporte”, ahí se debería suponer en este fondo la mejora al transporte público, pero solamente se ha enfocado en hacer el cambio de taxis, lo cual es paradójico porque así como hay taxistas concesionados que son muy rejegos a la entrada del Uber, así hay taxistas que ahora están disfrutando de un nuevo taxi gracias a esos choferes de Uber, Didi, etc.

Además, mencionar que en la CDMX cada viaje que se hace en esas aplicaciones tiene el cobro de impuesto, el cual está perdido, nadie sabe qué se hace con ese impuesto, por lo que las autoridades tienen que regresar ese fondo, transparentarlo. Si quieren dar mantenimiento a la infraestructura, ya tienen ese fondo, que dejen de utilizarlo de manera clientelar para dar a sus amigos taxistas. Sólo que con estos pensamientos de avanzada europea como los de Andrés Lajous, que han cambiado este fondo para lo que era su objetivo primero, sustituir taxis, simplemente no hay transparencia en el mismo.