Ocurrió el 12 de abril, en la carretera que conduce de México a Acapulco, muy cerca de Chilpancingo, en un paraje llamado Agua de Obispo; ahí fueron encontradas las víctimas del triple asesinato, acto bestial que ofende en lo más sensible a cualquier ser racional, y contradice toda conducta que merezca llamarse humana. Fueron privados de la vida dos integrantes del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Guerrero: Conrado Hernández Domínguez y su esposa Mercedes Martínez Martínez; también fue asesinado junto con ellos su hijo, de seis años de edad. A los adultos se les dio muerte con golpes en la cabeza; el niño fue estrangulado. Así consta en las autopsias correspondientes. Los criminales pretendieron hacer aparecer los hechos como un accidente carretero y echaron a rodar el automóvil en que viajaban los dirigentes. Pero aparte de las autopsias, las evidencias periciales exhiben que fue un crimen: el vehículo nunca se volcó, quedó sobre sus ruedas, y la carrocería sufrió solo daños insignificantes, no los esperables en una volcadura; los tres cuerpos fueron encontrados en el asiento trasero del automóvil.

Estoy consciente de que estas muertes no son, ni de lejos, un caso aislado. El crimen y la inseguridad acongojan noche y día a las familias mexicanas. Aparte del bienestar material les ha sido robada la tranquilidad, la vida en familia y la paz del espíritu. Viven en constante zozobra de perder a sus seres queridos, de salir de casa y no saber con certeza si regresarán. Frente a este cuadro, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha resultado incapaz de ofrecer tranquilidad a los mexicanos, un verdadero fiasco, y en materia de seguridad, un fiasco sangriento. Pero busca ocultar su incompetencia mediante marrullerías, excusas para atarantar inocentes, arguyendo que “esto ya venía de antes”, y que, hoy las cosas no difieren mucho. Y sí, antes hubo también numerosos homicidios, y otros delitos, y es que, ciertamente, la raíz social y económica es la misma; pero ahora las cosas han empeorado, y este sexenio será recordado como el más sangriento de nuestra historia moderna, más incluso que algunos países oficialmente en guerra.

La inseguridad ha alcanzado niveles sin precedente. Recojo datos publicados esta semana por el prestigioso periodista Pascal Beltrán del Río, en su columna del diario Excelsior, Bitácora del director, encabezada así: 150 mil asesinatos, y que dice: “… en el periodo de Carlos Salinas de Gortari hubo 78 mil asesinatos, en números redondos; en el de Ernesto Zedillo, 80 mil; en el de Vicente Fox, 60 mil; en el de Felipe Calderón, 121 mil, y en el de Enrique Peña Nieto, 156 mil” (suprimo los años de cada sexenio, por conocidos).

Y ahora, en tiempos de la “Cuarta Transformación”, tan prolija en promesas, ¿acaso han mejorado las cosas? Al respecto, refiere Beltrán del Río: “El pasado 17 de abril, México alcanzó –de acuerdo con cifras oficiales– un centenar y medio de miles de homicidios dolosos en lo que va del sexenio. Esos datos –del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Inegi– indican que hubo 2 mil 440 asesinatos en diciembre de 2018, mes en el que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador; 36 mil 479 en 2019; 36 mil 773 en 2020; 35 mil 625 en 2021; 30 mil 968 en 2022, y siete mil 724 entre el 1° de enero y el 17 de abril de este año. En total, 150 mil 9 ejecuciones”.

Y continúa: “Eso convierte a esos mil 599 días –más los que se agreguen– en los más sangrientos de la historia de México desde la Guerra Cristera (…) hace casi un siglo. (…) De continuar la tendencia que lleva este delito en lo que va del año –73 en promedio al día–, se estaría alcanzando el récord de 156 mil 437 homicidios, establecido el sexenio pasado, en alrededor de 80 días, a mediados de julio próximo, con 14 meses y medio por transcurrir en el periodo de gobierno. Esto es, este sexenio podría terminar, el 30 de septiembre de 2024, con cerca de 188 mil homicidios”. De acuerdo con estimaciones de la encuestadora TResearch, con base en las tendencias del fenómeno, este sexenio terminará con un saldo acumulado de 210 mil 898 asesinatos. Un escenario verdaderamente pavoroso.

La criminalidad crece, ciertamente, porque subsisten sus raíces sociales y económicas, agravadas ahora por un pésimo gobierno, y asociadas a la crisis educativa; en ambos aspectos por responsabilidad directa del actual gobierno y por su incuria ante las verdaderas necesidades sociales. También por el masivo trasiego de armas desde Estados Unidos para engordar las ganancias de esa industria y desahogar el exceso de producción al norte de la frontera. Pero a las causas ya existentes, López Obrador vino a agregar sus dislates e incapacidad para gobernar. Si aceptamos que la práctica es el criterio último de verdad, es indudable que la militarización de la seguridad es un fracaso. Beltrán del Río apunta: “… los homicidios no bajaron en los siete meses que la Guardia Nacional ha estado encuadrada en la Sedena, e incluso subieron ligeramente”. El esquema “abrazos no balazos” no funciona; es una pifia, pésima estrategia que genera impunidad y daño social, principalmente a los sectores de menos ingresos, a los que pertenece la inmensa mayoría de las víctimas. Asimismo, es inoperante la militarización de la seguridad pública, pues los militares no están formados para tareas policiacas; su cometido es otro. La impunidad empeora, y es un estímulo a la delincuencia. No investigar ni sancionar es alentar el crimen.

Pero aún hay más. En el caso específico de los asesinatos en Guerrero, con sus ataques constantes, como política de Estado, con sus discursos de odio incriminatorios, el Presidente de la República ha propiciado un ambiente de linchamiento contra los integrantes del Movimiento Antorchista. Ha aprovechado su investidura y los recursos públicos a su disposición para perseguir al antorchismo, en una guerra mediática cargada de violencia verbal que, como bien se sabe, es seguida siempre, como consecuencia, por la violencia física y homicida. Así, tantos insultos y calumnias no pueden desvanecerse en la nada sin surtir algún efecto. Mas no solo pone en peligro vidas de líderes sociales, sino que cancela, de facto, el derecho constitucional de organización, que es obligación suya garantizar, sentando así las bases para una dictadura que padecen todos los mexicanos.

Por todo esto, por todos los que sufren día a día la criminalidad sin fin; por quienes pierden a sus seres queridos; por las madres que buscan a sus hijos o esposos desaparecidos, y hoy, por la justicia que merecen nuestros compañeros de Guerrero, y que aquí reclamamos, el gobierno de Guerrero debe investigar a fondo y garantizar el debido castigo a los criminales. Los derechos humanos –el derecho a la vida–, y el derecho constitucional de organización, deben preservarse, en Guerrero, y en todo México. Y debe cesar de inmediato la campaña mediática presidencial persecutoria, cuyas consecuencias hoy lamentamos.