Mérida, Yucatán. Un fallo emitido por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) coloca de nueva cuenta en la incertidumbre a decenas de familias asentadas en la colonia Nicte-Ha.

Es así que integrantes del Movimiento Antorchista encabezados por sus dirigentes estatal y municipal, Aleida Ramírez Huerta y Eva Bautista, respectivamente se manifestaron ante el organismo y anunciaron una manifestación para el miércoles 22 de marzo en Palacio de Gobierno.

Esto debido a que la ex magistrada Lilia Ochoa del TUA No. 34 con sede en Mérida, acreditó a dos particulares como propietarios de las tierras donde está asentada la colonia Nicté-Ha, despojando de un patrimonio nueve años a varias familias de escasos recursos. Esto después de haber pagado, primero, al ejido de Kanasín y posteriormente, al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), representante del fideicomiso formado en 2014 por los tres niveles de gobierno (SEDATU, GOBIERNO DEL ESTADO Y GOBIERNO MUNICIPAL) para proporcionar certeza jurídica.

Por ello el 22 de marzo solicitarán a Asuntos Agrarios, que “tiene la obligación de litigar y defender, lo hagan con el documento que nos dieron en propiedad, se respete la propiedad de las familias, dándole certeza jurídica y sobre todo que se les regularice, porque se les excluye y no se les dota de servicios públicos”, denunció la dirigente estatal.

Calificó también de una injusticia en contra de los legítimos posesionarios, quienes compraron sus predios de manera legal, además de contar con una escritura o un contrato de compraventa expedidos por el IVEY, pero que ahora pretenden desconocer.

“Ahora resulta que después de tener en mano un documento que garantizaba la certeza jurídica, se desconocen y se invalidan las escrituras y contratos de compraventa realizados con los colonos previamente, dejándolos nuevamente en la incertidumbre y desamparo. Acudimos al Tribunal porque fue justamente éste quien echó abajo una asamblea ejidal, y pareciera que va a resolver el problema, pero a las familias asentadas en la colonia los está perjudicando”, señaló Ramírez Huerta.

La comisión fue atendida por con el magistrado José Lenin Rivera Uribe, que, a decir de los inconformes, les corroboró que sí se dictó el veredicto del desconocimiento de la asamblea ejidal, teniendo como propósito el conocer la propiedad a una persona y no a las decenas de familias que ya habitaban esos predios desde hace años.

Al respecto, Ramírez Huerta señaló que “algunas personas y/o organismos ya se ampararon, así como Sofimex, que es el que concluye la regularidad de los predios. Ante esto, dado que los colonos ya no pueden hacer ningún trámite o pagar su predial, acudiremos al Gobierno del Estado porque el IVEY es quien al final validó la escrituración y expidió escrituras para la certeza jurídica, sin embargo, ésta no se está respetando”.